Infraestructuras: hacia un nuevo modelo de financiación más justo

Pedro Saura García FIRMA INVITADA

OPINIÓN

M. Moralejo

10 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 26 de octubre, la adenda al convenio con Audasa que materializaba el incremento extraordinario de tarifas acordado previamente para financiar la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago y otras actuaciones ampliamente demandadas en Redondela. La decisión ha generado una reacción adversa en la opinión pública. Esa actitud es comprensible pese a que, una vez aplicado este incremento, la tarifa media en la AP-9 (0,1243 euros por kilómetro) sigue siendo inferior a la del conjunto de las autopistas estatales (0,1272 euros por kilómetro), y a que varios tramos están exentos y existen bonificaciones. Y lo es porque, entre otras carencias, el modelo de autopistas y autovías español es incoherente y perjudica a los usuarios de algunos territorios. Los usuarios gallegos tienen razón cuando alegan sentirse perjudicados: un 30 % de la red de alta capacidad del Estado en Galicia es de pago (frente a un 21 % de media en España) y el 33 % del tráfico que circula por vías de alta capacidad está tarificado (frente a un 18 % en España). Esto no es una característica exclusiva de la red estatal, sino que también se observa en las redes autonómicas. Por ejemplo, en la misma red de Galicia, hay disparidades injustificables. Es necesario reflexionar sobre qué nos ha conducido a esta situación para avanzar en una solución socialmente legitimada y no atascarnos en la dialéctica permanente del agravio. 

En mi opinión, el modelo de gestión y financiación de las autovías y autopistas españolas no responde a una visión del papel de las infraestructuras en la cohesión territorial y social ni está basado en una gestión eficiente de las infraestructuras, sino que es consecuencia de decisiones tomadas en función de la coyuntura fiscal y financiera de cada momento y de diferentes actitudes negociadoras frente a las empresas concesionarias.

Este desorden se enreda aún más con abundantes modificaciones de los términos concesionales. En la AP-9, la más importante fue el incremento del plazo en 25 años ¡hasta 2048!, decretado en el año 2000, y los acuerdos de 2011 y 2013, que son la causa del reciente incremento extraordinario.