Las firmas acumulan retrasos de más de un mes para poder acometer los trabajos
17 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Algo parece haber cambiado en Galicia este año. Y para bien. La decisión de la Consellería de Medio Rural de adelantar un mes -al 31 de mayo- el plazo máximo para que los dueños de fincas de monte próximas a núcleos habitados cumplan con la ley y las limpien ha empezado a calar tras años de incumplimientos generalizados. Los concellos, que son los que tienen la competencia de vigilar que las franjas de seguridad de 50 metros entorno a viviendas están libres de maleza, eucaliptos y pinos, han enviado miles de cartas a sus vecinos advirtiéndoles de sus obligaciones y de que este año serán mucho más duros con las sanciones, lo que ha desencadenado que una oleada de particulares hayan llamado con urgencia a las empresas de servicios forestales para contratar las limpiezas, lo que ha provocado que estas firmas literalmente no den abasto.
La avalancha de encargos hace que estas firmas especializadas en trabajos de silvicultura estén absolutamente desbordadas. Tanto, que son incapaces de atender de forma inmediata los pedidos y la lista de espera es de más de un mes. «Eso, como poco», apostilla Óscar Onim, gerente de Naturgalia, una de las empresas del sector más importantes en Galicia.
Los que más han tomado nota de los serios avisos de mayor dureza en el cumplimiento de la ley han sido los particulares. «Los concellos han enviado cartas de advertencia y la gente anda bastante asustada y la verdad es que nos traen locos», explica José Baquero, que dirige Garugal, otra de las empresas de servicios forestales que están entre las de mayor peso en la comunidad. No en vano, en su cartera de clientes hay un centenar de comunidades de montes de la provincia de Pontevedra.
El temor que muchos propietarios de fincas de monte que colindan con núcleos de población tienen a ser multados si no las limpian lleva a muchos de estos particulares a exigir en muchos casos que las empresas silvícolas les hagan un presupuesto por escrito para contar con un documento que acredite que están en trámites de cumplir con la ley. Intentan así evitar la sanción demostrando ante su ayuntamiento y la Xunta que están a la espera de que la firma a la que han contratado el trabajo pueda atender su petición ante la enorme acumulación de encargos que tienen. «Nos están pidiendo justificantes porque tienen miedo a las sanciones, que yo creo que no las va a haber, porque la intención es que la gente cumpla, no multarla», señala el gerente de Garugal, que tiene su sede en el concello de Barro.
Optimismo moderado
En la Xunta afrontan con optimismo el evidente cambio de tendencia que se ha producido este año en lo que se refiere a la concienciación ciudadana de la necesidad de mantener limpias las franjas de protección de los montes entorno a las zonas habitadas. Un entusiasmo moderado, ya que nadie en Medio Rural quiere cantar victoria conscientes de la complejidad del problema de los incendios forestales.
El departamento que dirige Ángeles Vázquez aún no tiene datos oficiales sobre el número de apercibimientos por incumplir la norma ni de las hectáreas de monte ya limpias. La conselleira de Medio Rural tan solo puede avanzar sus impresiones, que son que hay «un bo número» tanto de posibles sanciones como de particulares que están afrontando sus obligaciones. «Nos distritos [forestais] non paran», añaden desde el Gobierno gallego.
El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha garantizado que no habrá afán recaudatorio -las multas van de cien a mil euros en función de si son leves o muy graves-, y que ante un incumplimiento primero enviarán un aviso al infractor. Si en el plazo de quince días no ha limpiado su finca, será entonces cuando se ponga en marcha el expediente. De ahí que muchos particulares pidan a las empresas silvícolas que les den justificantes que acrediten que están en proceso de cumplir con la ley.
«Conseguir tractores en este momento es difícil, porque están todos trabajando»
La acumulación de peticiones de trabajo a las empresas de silvicultura es una buena noticia para ellas, desde el punto de vista económico, pero está provocándoles grandes desajustes que son difíciles de solventar. «Conseguir tractores en este momento es difícil, porque están todos a tope trabajando», explica Óscar Onim, de Naturgalia. Esta empresa cuenta con dos propios, pero subcontrata a firmas más pequeñas tantos como necesite para poder hacer frente a los encargos. «Y en este momento es imposible, están todos ocupados», añade.
Las primeras limpiezas son las más complicadas y, por tanto, también las que llevan más tiempo y cuestan más dinero. «En un 90 % la limpieza es manual, con árboles difíciles de talar porque, al estar junto a las casas, siempre hay tendidos de la luz o del teléfono. Ahora mismo tenemos seis equipos de trabajo de cuatro personas y no damos hecho», explica el gerente de Garugal, José Baquero.
Una vez acometida la primera limpieza, la de los años siguientes serán más sencillas y también mucho más económicas. El objetivo es que los propietarios se acostumbren a contratar estos servicios anualmente. Si esa filosofía cala, los mayores resultados en la prevención de incendios podrán comenzar a verse a partir del año que viene.
Al personal de los concellos se suman los 450 agentes forestales que tiene Medio Rural
No es sencillo controlar miles y miles de hectáreas de montes que están alrededor de núcleos de población. En no pocas ocasiones, el primer problema es que se desconoce hasta el dueño de los terrenos. El presidente de la Fegamp, Alfredo García, que es también alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense), calcula que, solo en su municipio, cerca de la mitad de las fincas tiene propietario desconocido, lo que dificulta la tramitación de los expedientes que se deben seguir para que sea la Administración quien acometa las rozas y talas para después repercutir su coste al particular.
Además, son los ayuntamientos los que tienen la competencia de controlar que se cumpla la ley en lo que a las franjas de seguridad se refiere. A su personal se le suman, eso sí, los 450 agentes forestales con que cuenta la Consellería de Medio Rural y que están actualmente dedicados en buena medida a estas tareas de vigilancia del territorio. De ellos, 123 están desplegados en la provincia de Lugo, 122 en la de Ourense, 113 en la de A Coruña y los 92 restantes en la de Pontevedra.
En lo que a las zonas habitadas se refiere, la ley establece una franja de seguridad de 50 metros entorno a ellas. El objetivo es que, en caso de incendio, las llamas no se acerquen a las viviendas, lo que multiplica el riesgo para las personas y sus bienes y obliga a elevar el nivel de alerta a la hora de acometer las labores de extinción.
A menos de quince metros de las casas no pueden existir ni plantaciones de árboles ni maleza. Entre esos quince metros y el limite de los 50 que marca la franja de protección solo pueden existir árboles caducifolios y separados al menos siete metros entre sí. Están, por tanto, prohibidas especies de combustión rápida y que generan el temido fuego de copas como los eucaliptos, pinos y acacias, que tan solo pueden estar presentes a más de esos 50 metros de distancia de las zonas habitadas.
La ley también establece franjas de seguridad de distintas distancias -entre cinco y quince metros en su mayoría- entorno a otras infraestructuras, como carreteras, autopistas, pistas forestales, tendidos eléctricos, vías de tren o cauces fluviales. El objetivo es crear discontinuidades de masa vegetal que actúen como cortafuegos naturales y que hagan más sencillas las tareas de control y extinción de las llamas en caso de incendio.
