Feijoo ve imposible un incremento salarial de «entre o 12 e o 16 %: non se pode»
26 ene 2018 . Actualizado a las 17:29 h.Dos meses de negociación no han allanado en absoluto el terreno entre los sindicatos de Xustiza y la Xunta. Es más, las posturas cada vez parecen más distantes y el acuerdo se antoja más lejano ante el horizonte inminente del 7 de febrero, fecha de la próxima huelga que los sindicatos amenazan con hacer esta vez indefinida, lo que supondría la absoluta paralización de los juzgados gallegos.
El presidente de la Xunta se refirió al conflicto tras la reunión de su Gobierno y tras la ruptura de negociaciones, y prácticamente lo restringió a un problema salarial. Feijoo dio a entender que existían cinco puntos de fricción entre la Administración gallega y los trabajadores, y que al menos se han solventado tres de ellos. Sin embargo, ve «unha diferenza non menor» para avanzar en las reivindicaciones salariales, que consisten en reclamar «incrementos de entre o 12 e o 16 %», informa Juan Capeáns. No dio ninguna oportunidad en este sentido: «Nestes momentos non podemos, porque suporía un impacto no conxunto dos empregados públicos de Galicia».
El jefe del Ejecutivo expresó su respeto por la convocatoria de huelga, pero advirtió que ninguna de las discrepancias se va a resolver «sen falar», por eso deseó que se retome cuanto antes el diálogo, al existir «posibilidades» de alcanzar puntos de confluencia. «Nós estamos dispostos», zanjó.
Los trabajadores, sin embargo, no son tan optimistas y llevan semanas quejándose de la falta de voluntad de la Consellería de Xustiza para llegar un acuerdo. Han focalizado sus críticas en Alfonso Rueda, titular de esta cartera, y son conscientes de la fuerza que tienen, que ha quedado patente en la masiva participación en las tres huelgas de una jornada convocadas hasta la fecha (1 y 13 de diciembre y la de ayer) y en la manifestación de ayer en Santiago.
Seguimiento del paro
Tampoco hay acuerdo -ya no lo hubo en las convocatorias anteriores- en los datos de seguimiento de la huelga. Mientras la Xunta habla de un 42,11 % de trabajadores que se sumaron al paro en toda Galicia, los sindicatos sitúan esa cifra en el 95 %. En el cómputo de este dato, advierte el Gobierno gallego, hay que tener en cuenta que hubo 637 funcionarios, un 24 % de la plantilla total, que no estuvieron en sus puestos pero que no computan como huelguistas. De ellos, 207 estaban de vacaciones, 391 de asuntos propios y otros 39 en días de libranza.
Pese a lo alejadas que están las posturas y a que la Xunta acusa a los sindicatos de haberse levantado de la mesa en la última reunión, la Consellería de Xustiza dice mantener «a súa vontade de diálogo e talante negociador», pero consideran imposible alcanzar la reclamación de subida salarial que les han planteado los sindicatos y que sería de 270 euros al mes, lo que representaría 3.240 euros al año por cada funcionario.
Una manifestación recorre Santiago, con cerca de 2.000 personas y autobuses fletados desde toda Galicia
En Galicia hay actualmente 2.601 trabajadores de la Administración de Justicia y cerca de 2.000 de ellos participaron en la manifestación que ayer se celebró en Santiago. Una convocatoria histórica para un colectivo que está en pie de guerra para conseguir acabar con lo que califican como «unha discriminación» con respecto a sus compañeros de otras comunidades autónomas.
Tras una pancarta en la que se leía «Non á discriminación laboral na Xustiza galega», los manifestantes partieron a las 12 horas de la dársena de autobuses de Xoán XXIII en dirección a la plaza del Obradoiro. Fue ante la Catedral compostelana donde mejor exhibieron todo su poder de convocatoria. No en vano fletaron numerosos autobuses desde varias ciudades gallegas para lograr que la protesta fuese, como fue, importante.
Al grito de «mesmo traballo, igual salario» o «aquí está, aquí se ve, a Xustiza galega en pé» continuaron por el Franco y atravesaron el Ensanche hasta situarse frente al Parlamento de Galicia, donde los manifestantes se apostaron cortando por completo la calle Hórreo, una de las más transitadas del centro de Santiago. Tanto allí como durante todo el recorrido, dirigieron sus consignas contra el conselleiro de Xustiza y vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, al que culpan de la falta de un acuerdo que ponga fin a las movilizaciones.
La lucha de los trabajadores de Xustiza se ha organizado desde la unidad sindical, ya que está apoyada por las siete organizaciones que cuentan con representación en el colectivo: SPJ-USO, UGT, CSIF, CIG, CC. OO., AXG-CUT y STAJ. Todos ellos estuvieron ayer en la manifestación y también contaron con el respaldo de los tres grupos de la oposición, que destacaron que en esta reivindicación actuarán «cunha soa voz». Fueron precisamente Luís Villares (En Marea), Patricia Vilán (PSdeG-PSOE) y Luís Bará (BNG) los encargados de leer el manifiesto con el que se puso fin a la movilización. En él, los trabajadores de Xustiza acusan a la Xunta de ser «o Goberno da hipocrisía» por negarles una subida salarial «xusta» mientras tienen que «aguantar ver como Feijoo sube o seu soldo e o dos seus conselleiros un 7 %». En caso de que no haya acuerdo, la escena sin duda se volverá a repetir por las calles de Compostela.
Reclaman una subida salarial, más personal y que las bajas no les penalicen
Cuatro son las reclamaciones por las que el personal de Xustiza se está movilizando y amenaza con convocar una huelga indefinida a partir del 7 de febrero. En primer lugar, exigen un aumento en el complemento autonómico, ya que Galicia, con 435 euros al mes, es la comunidad con la competencia transferida que lo tiene más bajo. Eso hace que los trabajadores de los juzgados gallegos cobren 435 euros menos que los del País Vasco, 165 menos que los de Madrid o 115 menos que los de Cataluña. Además, quieren que la Xunta les devuelva las cantidades que les recortaron de sus salarios entre los años 2013 y 2016 y que son de un total de 10.000 euros en el caso de los forenses, 5.000 en el de los gestores, 3.880 en el de los tramitadores y 3.440 en el de los auxiliares.
En cuanto a las carencias de personal, reclaman que se cubran todas las vacantes y que los sustitutos tengan la misma remuneración que los compañeros a los que cubren. También reivindican que se acabe con las penalizaciones cuando caen de baja por enfermedad. Salvo en operaciones y hospitalizaciones, son del 50 % del salario en los tres primeros días sin asistir al trabajo por enfermedad y del 25 % entre la cuarta y la vigésima jornada, una reducción que no sufren jueces y magistrados (dependen del CGPJ) ni fiscales y letrados de Justicia (dependen del ministerio).
