El colapso de un juzgado de Vigo retrasó más de un decenio una denuncia por estafa. El caso pasó por la mesa de cinco jueces distintos y el perjudicado ya falleció
21 nov 2007 . Actualizado a las 02:00 h.La Justicia es lenta pero perseverante. Doce años han pasado desde que un vigués y su novia pontevedresa fueron denunciados en 1995 por estafar, supuestamente, a un amigo. El juicio se celebró ayer y el abogado del principal acusado protestó ante el tribunal por la lentitud de respuesta y la dilación indebida en resolver un asunto «sencillo y que no es comparable a los macroprocesos de Mario Conde o las torres Kio».
Los dos acusados comparecieron ayer en la Audiencia porque un amigo pensionista, ya fallecido, los había denunciado en 1995 por abusar de su confianza y usar una fotocopia de su carné para copiar su firma y contratar un crédito a su nombre para comprar dos coches por valor de 36.000 euros, así como una tarjeta de crédito y un teléfono móvil. La víctima, que carecía de carné de conducir, se enteró del engaño el 8 de agosto de 1995 cuando recibió en su casa varias multas de tráfico a su nombre y facturas de teléfono móvil por 600 euros, así como la baja de la operadora por impago. Las financieras del concesionario le reclamaron la devolución de un Citroën Xantia y un Hyundai por no abonar las cuotas del crédito. Lograron recuperar uno de ellos, pero los acreedores lo demandaron y estuvieron a punto de embargar la mitad del piso de la víctima. La operación fue inviable porque la propiedad estaba dividida con sus dos hijos.
La víctima incluso tuvo problemas para demostrar su propia inocencia porque el primer perito que examinó el contrato aseguró que la firma del comprador de los coches era auténtica. Pero la investigación se prolongó doce años y los sucesivos jueces tuvieron tiempo de encargar tres nuevos informes a la Policía Científica, que consideraron falsa la firma y algunos culparon al amigo sospechoso.
La fiscala considera probado que la estafa de «más de 6 millones de pesetas de las de 1995» dejó al perjudicado en un «estado de necesidad».
El acusado negó los hechos y alegó que su amigo le dejó una fotocopia de su DNI para que le gestionase un crédito hipotecario sin la firma conjunta de sus hijos y que ningún banco le concedía.
Dilación indebida
La fiscala también recriminó la «dilación indebida» y, junto al abogado, achacó la demora al colapso que sufrió el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, que llegó a acumular más de 2.000 asuntos pendientes. La sala, actualmente, está normalizada.
El asunto pasó por las manos de cuatro jueces instructores de la misma sala y de un quinto de otro juzgado. Cuando la investigación concluyó, el denunciante no pudo comparecer en el juicio porque ya había fallecido. Además, el castigo contemplado por el Código Penal cambió dos veces en doce años, e incluso el delito ha variado de falsedad documental a estafa agravada. Por este motivo, el abogado pidió tiempo al tribunal para aclarar si a su defendido le beneficia más la aplicación de la ley antigua o de la nueva.
El letrado cree que el principal acusado, Sixto F., de 60 años, debería beneficiarse de una sustancial rebaja respecto a los seis años de cárcel que pide la fiscala porque el castigo sería extemporáneo a causa de una dilación indebida de la Justicia. Añade que la vida de su defendido «cambió radicalmente y está rehabilitado» tras superar una grave enfermedad y protestó por «la vulneración de su derecho a recibir Justicia en un caso fácil de instruir y que no suele tardar más de dos años».
El juicio quedó visto para sentencia ayer en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. La fiscala recomendó la absolución de Carmen B.B., compañera sentimental del principal acusado en 1995, porque «no hay pruebas».