Ordena ejecutar la sentencia sobre el bloque de Jacinto Benavente, arrastrada desde hace años El gobierno local hereda otra difícil situación tras el fallo de los apartoteles de Samil
25 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.La Justicia estrecha el cerco sobre el Concello de Vigo y le ordena una nueva demolición. Tras los apartoteles de Samil, amenazados con la piqueta, ahora le toca el turno a un edificio de nada menos que 180 viviendas situado en la calle de Jacinto Benavente. Una providencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) insta al Ayuntamiento a ejecutar la demolición en el plazo de un mes. Se trata de una actuación urbanística que se gestó y aprobó durante el gobierno tripartito encabezado por Carlos Príncipe (1991-1995). Posteriormente fue anulada tanto por el Tribunal Superior como por el Supremo, a instancias de un recurso presentado por un particular llamado Eduardo Canabal, quien probó que hubo un exceso de edificabilidad de 14.000 metros cuadrados y un aumento indebido de alturas. Hace dos años se dictó una orden de derribo que no se llevó a cabo. Ahora, tres jueces vienen a decirle al Ayuntamiento vigués que no consta dicha demolición, por lo que requieren nuevamente a la gerencia municipal de urbanismo a cumplimentar la ejecución. Abren la puerta, eso sí, a un posible recurso de súplica dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Centro comercial Los fallos judiciales anularon hace años todo el plan especial de Jacinto Benavente, que, además del citado edificio residencial que mira al astillero Barreras, incluye un centro comercial anexo de la juguetera Toys R'us, también en situación ilegal. La licencia otorgada a la promotora Coproint en 1996 quedó sin efecto dos años después, por lo que los 180 propietarios de los pisos viven en vilo desde entonces y sobre todo a raíz de la amenaza real de derribo. El actual gobierno de Vigo considera que se trata de compradores de buena fe e intenta legalizar su situación con el nuevo Plan General de Urbanismo. No es la primera vez que los inquilinos acuden al Concello en busca de amparo. El requerimiento dictado por el TSXG corresponde a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Tiene fecha del pasado 17 de octubre, pero acaba de ser notificado a las partes.