Algún trabajador inició trámites para exigir a Pascual la indemnización
18 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El concurso de acreedores de Alimentos Lácteos culminó ayer una nueva fase, la de la comunicación de los créditos por parte de los acreedores. Fuentes consultadas señalaron que no existen demasiadas variaciones de la relación aportada por la propia sociedad anónima, que recoge un pasivo que ronda los 18 millones y un centenar de acreedores en la relación.
La siguiente fase será la de la presentación del informe por parte de la administración concursal, que determinará si la industria láctea de Outeiro de Rei, que funciona en las instalaciones de Pascual, en Outeiro de Rei, va a liquidación. Lo hará si antes la empresa encuentra una alternativa, vía socio industrial y llega a un convenio con los acreedores. Fuentes consultadas admitieron que están abiertas algunas vías de negociación, alternativas a la liquidación y aunque definieron la situación como «complicadísima» no descartan que pueda darse una solución.
A partir de ayer, que finalizó la fase de comunicación de los créditos, el administrador concursal -para este caso fue nombrado por el Juzgado Mercantil Javier Reigosa- dispone de un plazo de un mes para presentar el informe. No es obligatorio que lo agote, pero es el margen que queda ahora para la liquidación es de un mes. En este supuesto el administrador tendrá que pronunciarse si Alimentos Lácteos llegó a la situación de quiebra de forma fortuita o culpable y en este último caso determinar las responsabilidades.
Diversas fuentes señalaron que la administración concursal está dispuesta a colaborar para que Alimentos Lácteos recupere la actividad, pese a que la situación no es la mejor en estos momentos para conseguirlo.
Las esperanzas están puestas en un acuerdo con un posible socio industrial, que trata por todos los medios de mantener en secreto su nombre para no crear falsas expectativas entre los trabajadores y los socios de las diferentes cooperativas y para evitar presiones.
Reclamaciones judiciales
Los trabajadores tenían previsto celebrar ayer una asamblea en la factoría para analizar la situación actual y el oscuro panorama que se aproxima. En caso de que finalmente aparezca el socio industrial dispuesto a retomar la actividad, no está claro el número de personas que necesitaría para mantenerla.
Una parte de los trabajadores solicitaron ya los servicios del abogado laboralista Alberte Xullo Rodríguez Feijoo para formular la reclamación ante Pascual y hacer valer la cláusula que recoge que en caso de que la empresa cierre en el plazo de tres años de la indemnización de 45 de salario por año trabajado. El letrado fue el que participó activamente junto al comité de empresa de aquella época en la negociación del ERE de extinción de contratos con el grupo burgalés, que contemplaba esta cláusula.