La Agencia Tributaria investiga a ocho empresas gallegas por fraude fiscal en la venta de materiales de construcción

LA VOZ MADRID

ECONOMÍA

La operación se extiende a 74 sociedades ubicadas en 14 comunidades autónomas y a 25 personas, tras detectar signos externos de riqueza no justificados

28 abr 2023 . Actualizado a las 16:18 h.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto en marcha una operación contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción que se extiende a 74 empresas (ocho de ellas, en Galicia) ubicadas en catorce comunidades autónomas y a 25 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar). Bautizada como operación Argamasa, más de 300 funcionarios se movilizaron el miércoles en inspecciones presenciales en 71 locales, tras detectar signos externos de riqueza no justificados que, como el alquiler de cajas de seguridad o el uso de tarjetas personales de alto importe, podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, llamativos al asociarse a ratios económicas anormalmente bajas en dichas sociedades, según ha informado hoy Hacienda en un comunicado.

La operación -explica el fisco- forma parte del plan integral de control del del sector de la construcción, que también incluye el envío a otras empresas de cartas aviso y la realización de visitas del área de inspección.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (8), Aragón (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (6), Cataluña (11), Extremadura (2), las ya citadas ocho de Galicia, Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).

Indicios de economía sumergida

 Según detalla Hacienda, una serie de indicios de existencia de economía sumergida, sumados a la propia evolución experimentada en los últimos años en el ámbito de la construcción y las reformas, han llevado a fijar este sector como objetivo de esta operación, que abarca a empresas con resultados llamativamente inferiores a las de su sector. 

Las empresas afectadas por la operación Argamasa son, fundamentalmente, sociedades dedicadas a la venta de materiales de construcción. La facturación de estas empresas se ha incrementado en los últimos años, alcanzando en el 2021 un importe cercano a los 280 millones de euros, si bien muestran unos márgenes netos sensiblemente inferiores a los del conjunto de su sector. El fisco destaca que el pequeño comercio no es objeto de la operación, pero que el sector de la venta de materiales de construcción presenta unas especiales características en cuanto a su funcionamiento económico.

En concreto, se trata de un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas (el pago con tarjeta representa menos de un 8 % de la facturación). Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas (menos de un 6 % de la facturación) merece especial atención y un examen más exhaustivo sobre la correcta declaración de los ingresos.

Para seleccionar a las empresas inspeccionadas, Hacienda también ha considerado clave que en las personas físicas asociadas con estas sociedades se han encontrado diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe.

Con personaciones como las realizadas en los locales seleccionados, la Agencia Tributaria logra acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, con el objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas, explica la nota oficial.

En alguna de las personaciones realizadas este miércoles ya se ha detectado la existencia y utilización de software de ocultación de ventas o ‘doble uso'. Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán toda la documentación obtenida.

 Con la operación Argamasa son ya 22 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia Tributaria en la última década.