Pondría fin a la competencia entre autonomías en herencias y patrimonio
20 ene 2022 . Actualizado a las 22:02 h.Empieza la cuenta atrás para tomar el pulso a la reforma fiscal que el Gobierno desplegará en los próximos meses con tres objetivos en mente: aumentar la recaudación, la presión fiscal medioambiental y ajustar cuentas con las grandes fortunas. Aunque esa tarea conlleve cambios a los que algunas comunidades autónomas se resisten.
El Ejecutivo de Sánchez permanece a la espera de las recomendaciones que está deliberando a puerta cerrada el comité de expertos independientes designado para perfilar dicha reforma. Dos de sus miembros han desertado y hay cierto malestar por las continuas manifestaciones en torno a la conveniencia de avanzar en una mayor armonización fiscal entre las autonomías. No todos los expertos comparten esta visión. Sin ir más lejos, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López, aseguraba en diciembre del 2020 a Crónica Global: «No soy partidario de armonizar, sino de que cada palo aguante su vela». Por su parte, el también catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, insistía el pasado año en que «los impuestos patrimoniales no deberían estar en manos autonómicas».
El Ejecutivo gallego reclama «autonomía fiscal» efectiva y más financiación para compensar el coste que tienen la dispersión y el envejecimiento en la prestación de servicios. Una vía que le podría dar aire para no tener que subir la presión fiscal tras la rebaja decretada para este año en el IRPF, el impuesto de patrimonio y el de transmisiones (ITP) —sus efectos se notarán en el 2023—.
El Gobierno central es consciente de que la reforma puede levantar polvareda, sobre todo en las comunidades autónomas que han convertido la bajada de impuestos en bandera. Es el caso de Madrid. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado esta semana el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, un instrumento legal hasta ahora desconocido con el que pretende blindarse ante cualquier eventual subida de impuestos decretada desde la Moncloa.
reforma
Fin a los «agravios comparativos». Fuentes del Gobierno aseguran a este periódico que, a la espera de lo que recomiende el comité de expertos, «se intentará que los agravios comparativos sin base justificada se reduzcan». En el punto de mira están el impuesto de patrimonio y el de sucesiones o herencias. Ambos son gravámenes de titularidad estatal que están cedidos a las autonomías, quienes tienen libertad para fijar tipos, bonificaciones y exenciones. Hasta ahora. Ese esquema tiene los días contados. ¿Sería novedoso que el Estado fijara un tipo mínimo específico? No. Ya lo hace con el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Para evitar que la competencia fiscal erosione la capacidad recaudatoria de las comunidades, el Ejecutivo estudiará varias fórmulas para asegurarse de que la carrera a la baja en los impuestos termina. Eso sí, aseguran que se hará «garantizando la autonomía fiscal de las comunidades autónomas», algo que, aseguran, «nunca se ha cuestionado».
El experto de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, defendió el pasado octubre la armonización de las bases tributarias «para que se calculen de la misma forma en todas partes, dejando la elección de tipos en manos de las comunidades». También sugirió la posibilidad de «un tope mínimo en sucesiones». El economista Antoni Castells opina que la autonomía fiscal es «indispensable», pero aboga por poner límites para evitar una excesiva competencia fiscal: «Habría que hallar una fórmula como establecer un impuesto sobre sucesiones de un tipo impositivo X, y que los impuestos autonómicos fueran deducibles de la cuota de este impuesto en un porcentaje determinado».
plazos
Reforma lista antes de terminar el 2022. Una vez que el comité de expertos publique sus recomendaciones, el Gobierno dispondrá de nueve meses para acomodar los cambios y ponerlos en marcha en el primer trimestre del 2023. Al menos, eso es a lo que se comprometió con Bruselas, además de «modificar o eliminar 15 beneficios fiscales». «Las reformas regulatorias tienen que orientarse hacia un sistema fiscal más eficaz, aumentando los ingresos, apoyando la transición verde y promoviendo la equidad», versa en el plan operativo pactado con la Comisión Europea. Eso se traduce en una mayor presión fiscal, subida o creación de nuevos impuestos medioambientales y un alza de impuestos a las grandes fortunas.
patrimonio
Los gallegos disfrutan de una bonificación del 25 %. El impuesto de patrimonio grava las posesiones de una persona física, desde cuentas corrientes a viviendas, automóviles o embarcaciones cuando superan en valor los dos millones de euros. En Galicia, los primeros 700.000 euros quedan exentos de tributación. A partir de ahí se aplican hasta ocho tramos con tipos que van desde el 0,2 % al 3,5 % a partir de los 10,69 millones de euros. Para limitar el impacto en el bolsillo, el Ejecutivo de Núñez Feijoo aprobó el año pasado la introducción en el 2022 de una bonificación del 25 %, que reducirá la factura con Hacienda a partir del 2023 —cuando se presente la declaración de este año—.
La medida beneficiará a los más de 8.000 contribuyentes gallegos que tienen que declarar su patrimonio cada año, según datos de la Agencia Tributaria. Galicia es la cuarta comunidad que más dinero recaudó por este gravamen en el 2019 (85,5 millones de euros), solo por detrás de Cataluña (554,9 millones), Comunidad Valenciana (152,7 millones) y Andalucía (86,9 millones). Madrid, a pesar de ser la tercera con más declarantes, apenas recaudó dos de los 1.154 millones que se ingresaron en el conjunto de España gracias a ese impuesto. Una suma que se reducirá a cero tras aprobar una bonificación del 100 %, lo que supone la práctica desaparición de este impuesto tan inusual en la Unión Europea.
herencias
El 99,9 %, exentas en Galicia. El impuesto de sucesiones y donaciones se ha convertido en una trinchera. Las comunidades batallan a golpe de rebajas para fijar en el territorio a empresas familiares y grandes fortunas. El Gobierno quiere intervenir para evitar que la riqueza se herede sin contribuir a Hacienda. El catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, defiende la armonización de este impuesto «suprimiendo exenciones y los coeficientes en función del patrimonio preexistente, estableciendo un mínimo exento igual para todos y con tipos impositivos proporcionales y no muy elevados, pudiéndose regular deducciones en cuota para los familiares más cercanos».
¿Cómo afectaría a Galicia? Tendría que bajar el umbral a partir del cual se tributa. Desde el 2020 solo las herencias —vivienda habitual no incluida— por encima del millón de euros tienen que pagar a Hacienda, lo que exime en la práctica a más del 99,9 % de abonar el impuesto, beneficiando a unos 566.000 gallegos. Es uno de los regímenes más favorables de España. Un soltero de 30 años que herede un patrimonio valorado en 800.000 euros deberá abonar en Asturias 103.135 euros, pero en Galicia, Cantabria y Andalucía no paga nada.
En el 2019, de los 2.360 millones de euros que recaudó España por el impuesto, solo 131,3 millones provinieron de los gallegos.
