El presidente del Gobierno confía en que la subida del IPC no se contagie a los salarios
10 ene 2022 . Actualizado a las 16:40 h.Recién estrenado el 2022, los ojos del Gobierno y de Bruselas están puestos en la incipiente reforma fiscal en la que deberá adentrarse España en los próximos años. En el horizonte ya se atisban algunos giros más o menos esperados, como el de un aumento de la presión fiscal medioambiental, pero también sobre las grandes rentas y fortunas del país. Eso es lo que ha dejado entrever este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a la Ser: «España es un país muy desigual», deslizó para defender lo que se viene: una subida de impuestos.
En efecto, según Eurostat, somos el sexto país de la Unión Europea (UE) con más desigualdades en función de la renta disponible, por detrás de Bulgaria, Lituania, Letonia, Alemania y Rumanía. También el cuarto país con más población en riesgo de pobreza (26,4 %), solo superada por Bulgaria (32,1 %), Rumanía (30,4 %) y Grecia (28,9 %). Sánchez lo atribuye a un marco fiscal obsoleto a la hora de sostener un Estado del bienestar que debería ser «mucho más fuerte y más redistributivo» para combatir la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Para lograr una mayor redistribución y cerrar esas brechas, el jefe del Ejecutivo no ha dudado en apoyar la subida de impuestos a las grandes fortunas y rentas del país: «Es una pieza más de un entramado que tiene que obedecer a la principal máxima de que si se quiere justicia social, tiene que haber justicia fiscal y eso significa que aquellos que más tienen, tienen que contribuir más al erario público. Una de las grandes lecciones que hemos extraído de la pandemia es que no habrá progreso individual si no hay progreso colectivo y, por tanto, tenemos que crecer para repartir y repartir para crecer», deslizó.
No obstante, el Gobierno se mantiene a la espera de las recomendaciones del comité de expertos fiscales independientes, que deberán publicar su propuesta antes de que finalice el mes de febrero. Sobre esa base, el equipo económico de Sánchez trazará la hoja de ruta definitiva que deberá alinearse con las demandas de la Comisión Europea para poder seguir desembolsando las ayudas del Next Generation EU. Bruselas ha señalado en numerosas ocasiones que la presión fiscal en España es más baja que la media europea y ha apuntado con el dedo también al abuso del IVA reducido y superreducido en servicios y productos que deberían estar gravados al 21 %.
Lo que sigue siendo una incógnita es a qué ritmo tiene pensado el Gobierno aplicar la subida de impuestos, así como la reforma laboral. Sánchez ha precisado que «habrá que hacerla conforme se vaya consolidando el crecimiento económico», consciente del temor que alberga la gran patronal, la CEOE, de que un aumento repentino de la presión fiscal cercene las expectativas de crecimiento. «Ahora mismo el principal objetivo que tiene nuestra política económica es el de consolidar el crecimiento económico y la senda de creación de empleo», ha subrayado.
Inflación
Los hogares españoles tienen un ojo puesto en los impuestos y otro en la cesta de la compra. El índice de precios al consumo (IPC) en España se ha disparado un 6,7 % en el último año. Eso significa que la inflación ya se ha comido 1.858 euros anuales de cada familia gallega, como mínimo, porque los precios se han encarecido más de media en la comunidad.
La energía y los carburantes son los dos grandes protagonistas de la subida que no se ha trasladado de igual modo ni a la revalorización de las pensiones ni los salarios. Pensionistas y trabajadores ya están perdiendo poder adquisitivo. A pesar de ello, Sánchez ha confiado este lunes en que la economía española sea capaz de contener la presión inflacionaria para evitar los denominados efectos de segunda vuelta, en otras palabras, que la subida del IPC «impregne al resto de la economía», incluidos los salarios o los alimentos, propulsando todavía más la inflación.
No ha anunciado nuevas medidas de contención o alivio, más allá de la reducción de los impuestos en la factura de la luz hasta el mes de abril, a pesar de admitir que los costes de la energía seguirán por las nubes hasta mediados de año, al menos. Solo entonces, esperan ver la «reducción significativa» que prevén analistas y organizaciones internacionales. Hacienda sí abrió la puerta a esa posibilidad.
Aún con eso, el presidente ha afirmado que seguirá impulsando el debate en Europa para que se revise «a fondo» la formación de los precios de la energía, una vía a la que Bruselas ya dio un portazo a finales del año pasado.