El fiscal acusa a De Sousa de engañar a los inversores para mantener el control

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Fernando Villar

Las acusaciones piden la condena de los 26 imputados por el fraude de Pescanova

10 jun 2020 . Actualizado a las 16:49 h.

El inevitable colapso de Pescanova, que la antigua cúpula de la empresa trató de eludir con una intrincada trama delictiva para ocultar la deuda real de la compañía, volvió a diseccionarse con todo detalle este martes ante la sala de la Audiencia Nacional que juzga a sus responsables, con el expresidente, Manuel Fernández de Sousa, a la cabeza. El fiscal anticorrupción, Juan Pavía, remachó los clavos de la culpabilidad que les imputa a los 26 acusados del caso, 19 personas físicas y siete jurídicas, entre ellas, Pescanova S.A., la auditora BDO o las sociedades patrimoniales tanto de consejeros acusados como Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas, como del propio De Sousa, su esposa y sus hijos.

Relató el rosario de delitos cuya comisión, por parte del expresidente y su círculo de confianza en la pesquera, considera sobradamente probada durante el juicio. Se centró especialmente en la insolvencia punible, de la que acusa a la decena de miembros de la excúpula y a Pescanova como empresa. Recordó que aunque declararse en insolvencia no era un delito, sí lo era que tal situación derivase de las «prácticas fraudulentas» de los gestores para ocultarla. «Hay presunción de dolo», sostuvo, enfatizando que las irregularidades contables realizadas desde el 2007 en Pescanova habían «agravado» su insolvencia, al provocar un crecimiento incontrolable del pasivo «hasta hacerse insostenible».

Como ya hiciera la víspera, aunque situó a De Sousa en la cúspide de la trama, extendió la responsabilidad entre los exdirectivos y los exconsejeros de la pesquera: «Da igual si ustedes deseaban o no la declaración de concurso, si querían o no perjudicar a sus acreedores, todos ustedes sabían perfectamente que no cobrarían sus deudas».

Una gran estafa

Pavía se mostró muy duro al argumentar ante el tribunal la comisión de un delito continuado de estafa por parte de los acusados. «Estafaron a los inversores y a la banca», aseguró. Respecto a los primeros, además de referirse a los pequeños accionistas que vieron esfumarse sus ahorros, se detuvo en los inversores de referencia que, como los fondos Luxempart o Silicon Metals Holding (ambos acusación particular en la causa), entraron en la pesquera de la mano de De Sousa.

Desmontó la defensa del expresidente que se amparó en que él no les había vendido sus títulos sino que habían comprado paquetes procedentes de la desinversión que Novacaixagalicia hizo en el 2011. El fiscal recordó que el delito de estafa no exige el enriquecimiento del autor, sino lograr cualquier ventaja. «Su lucro -dijo- fue el de atomizar el paquete de la caja entre varios accionistas para mantener el control de la compañía».

Igualmente echó por tierra el agumento del expresidente para negar la estafa a los bancos con facturas falsas, alegando que siempre les había pagado. «Yo cumplí hasta que ya no pude hacerlo. Eso dijo el señor Fernández de Sousa. Claro. Es que ese es el mecanismo piramidal, transmitir la confianza de que es un negocio próspero. Cumplir es parte del mecanismo de la estafa», dijo, citando sentencias del Supremo.

También detalló la comisión de otros delitos, como el continuado de falsedad de las cuentas anuales (que ocultaban más de 2.000 millones de deuda adicional) o el de obstrucción a la labor de control del regulador.

Todas las acusaciones particulares (Luxempart, Silicon, Damm o Bankia) pidieron condenas y se adhirieron a las conclusiones del fiscal, que alabaron.

Señalan al auditor externo como la pieza clave que «ayudó a delinquir»

Tomando el testigo del fiscal, las acusaciones particulares -especialmente los letrados de los accionistas de referencia: Luxempart, Silicon Metals y la corporación Damm, que perdieron sus millonarias inversiones- pusieron el foco en la responsabilidad del auditor externo de Pescanova durante una década. Tanto BDO, como persona jurídica, como Santiago Sañé están acusados por el falseamiento de información económica y financiera, que en el caso de Sañé se suma el delito continuado de falseamiento de cuentas anuales. Las acusaciones consideran que la connivencia del auditor «ayudó a delinquir» al «núcleo duro» de De Sousa.