Versiones enfrentadas en el banquillo: la excúpula negó las prácticas ilegales con las que ocultó la deuda, responsabilizando primero a la banca y luego al auditor. Este acusó de engaño a la pesquera
02 feb 2020 . Actualizado a las 11:41 h.«La contabilidad es un chicle». La frase, con la que el expresidente del BBVA, Francisco González -hoy en horas bajas, imputado por el caso Villarejo-, explicó el fabuloso agujero oculto en las cuentas de Bankia, resume también la quiebra de Pescanova y cómo fue posible que un gigante pesquero (entonces el cuarto del mundo) y, en apariencia, todo un ejemplo de gestión, colapsara de la noche a la mañana en el 2013. En un insólito golpe de timón, las cuentas de esta cotizada (sometida, por tanto, al control de la CNMV) pasaron de recoger 36 millones de beneficios y registrar poco más de 1.000 millones de pasivo en el 2012, a aflorar unas pérdidas de casi 800 y 3.600 millones de deuda, que provocaron el mayor concurso empresarial (no inmobiliario) de la historia de España.
El mismo tribunal (la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) que juzgó el caso Bankia -todavía a la espera de sentencia-, también enjuicia desde diciembre a la excúpula de Pescanova por la presunta comisión de un rosario de delitos: desde estafa a falseamiento de cuentas e información económica y financiera, pasando por falsedad documental, blanqueo e insolvencia punible. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 164 años de cárcel para la veintena de acusados, con el expresidente Manuel Fernández de Sousa a la cabeza.
Cuatro meses de juicio
La vista oral, que arrancó el pasado 2 de diciembre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (la reservada para las macrocausas), apenas ha cubierto un tercio de las jornadas previstas, ya que hay señalamientos en el calendario hasta el 26 de marzo. Serán cuatro meses de juicio, si el tribunal no amplía el número de sesiones por la extensión de los interrogatorios y el volumen de testigos (medio centenar) y periciales. Sin embargo, la sala -presidida por la magistrada Teresa Palacios- ya ha escuchado la versión de los 18 principales acusados, a falta de que en la próxima sesión (el día 12) el fiscal Juan Pavía acabe con el interrogatorio del último: Santiago Sañé, auditor de Pescanova durante una década y socio de la firma BDO, también imputada en el caso.
Versiones
«Yo era, hasta el último día, el único responsable de todo lo que se hiciera, mal o bien, en Pescanova». El otrora todopoderoso Fernández de Sousa arrancó su declaración -tres días y casi veinte horas de interrogatorios- con una afirmación que sonaba a asunción de responsabilidades, protegiendo de paso a todo su equipo de confianza, también en el banquillo, junto a su esposa, uno de sus hijos y su hermano.Pero poco duró el acto inicial de contrición por los «errores» cometidos, en los que se incluyen las prácticas irregulares que la Fiscalía le imputa y por las que se enfrenta a 28 años de cárcel: emplear un entramado de sociedades instrumentales con las que simulaba ventas y cuyas facturas falsas descontaba de las líneas de crédito de los bancos para conseguir dinero. Es decir, planificar conscientemente una financiación irregular que acabó llevando al gigante a la quiebra.
En un lustro, entre el 2007 y el 2012, las operaciones simuladas rebasaron los 2.500 millones de euros. Tras esa enorme necesidad de liquidez estaba el desarrollo del negocio de acuicultura -Fernández de Sousa lo defendió con fervor ante el tribunal-, que requiere grandes inversiones y un período muy largo para rentabilizarlas. El estallido de la crisis cegó las vías habituales de crédito y provocó que el grupo se embarcara en el citado «mecanismo piramidal insostenible», en palabras de la Fiscalía, para mantenerse a flote.
La banca
El expresidente trató de despejar la patata caliente de la culpa de lo ocurrido. Primero hacia los bancos y después al auditor. Las entidades financieras fueron las grandes perjudicadas del caso: en el concurso asumieron una quita de 2.000 millones de euros y capitalizaron el resto por acciones, quedándose al frente de Nueva Pescanova, la heredera del negocio de la multinacional quebrada. Sin embargo, Fernández de Sousa negó la estafa y acusó a los bancos de haberse «lucrado» a costa de Pescanova. Y es que, sorprendentemente, solo una de las entidades financieras que se habrían visto perjudicadas (Bankia) está personada como acusación particular en la causa. Esto dio munición a la defensa para tratar de darle la vuelta a la tortilla, hasta el punto de solicitar la suspensión del juicio para imputar a los bancos como «partícipes a título lucrativo». El intento, lógicamente, naufragó.
El auditor
La otra diana a la que Fernández de Sousa disparó para descargar la responsabilidad fue el auditor. «Ni una sola vez en diez años me dijo: tiene usted que corregir esto porque lo está haciendo mal», aseguró, erigiéndose en víctima. «Creo que hubo errores en el trabajo de auditoría de BDO y yo soy el principal perjudicado. Lo he perdido todo», sostuvo. Defendió reiteradamente que la empresa no ocultó su elefantiásica deuda (el informe forensic de KPMG afloró casi 2.000 millones no contabilizados). Su argumento fue que el pasivo era el mismo, pero «el modo de reflejarlo era incorrecto y BDO no nos avisó».
En su turno ante el tribunal, Santiago Sañé le devolvió el bofetón, acusando a la empresa de engañarle. Auditor externo de Pescanova en la última década, nunca puso salvedades a las cuentas, incluyendo las del 2012, que el consejo no llegó a aprobar, lo que supuso el estallido del fraude. Aseguró que se enteró de la «doble contabilidad» cuando la empresa estaba ya en preconcurso y defendió la corrección del trabajo de BDO. Sin embargo, el fiscal le acusa, como a la excúpula, de un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, además de otro de falseamiento de información económica y financiera. Se enfrenta a tres años y medio de cárcel.
