¿Quién va a pagar el coste millonario del fraude de Pescanova?

Los viejos accionistas y la banca se enfrentan sobre quién debe asumir las consecuencias económicas de la mala gestión de la anterior cúpula


Hay una nueva Pescanova, libre de toda sospecha judicial, que emplea a 11.000 personas, invierte y crece. No es esta la compañía que tendrá que ir a juicio en un plazo de, al menos, seis meses. Irá a la Audiencia Nacional la vieja sociedad, Pescanova SA (hoy reducida a un 1,6 % dentro del capital del nuevo grupo), y junto a ella, toda la antigua cúpula de la multinacional gallega.

Junto a la vieja sociedad están encausadas en este proceso -que arrancó hace casi cinco años- 19 personas físicas y 11 jurídicas, para quienes el Ministerio Fiscal pide penas de prisión que suman 164 años y medio. Se las acusa de maquillar los estados financieros entre los años 2009 y 2012 para ocultar las pérdidas millonarias de la pesquera, lo que llevó a que tuviera que acogerse a concurso de acreedores.

Así lo dice el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que fija además 262 millones de multa, además de 348,2 millones de fianza para la vieja sociedad, por si la sentencia es condenatoria; y otros 602,9 millones conjuntamente o subsidiariamente con los 18 investigados que irán a juicio por la quiebra del grupo pesquero.

El auto del 11 de junio convierte al expresidente de la vieja Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, en el principal procesado por la quiebra de Pescanova, al ser el único que acumula nueve delitos por los que será juzgado: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa para captar inversores, estafa a entidades financieras, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor. Por todo ello, el expresidente de Pescanova se expone a penas que suman 31 años de prisión, y algo más de 22 millones de euros de multa.

Junto a él, 18 personas, la mayoría vinculadas a los órganos de dirección de la empresa que presidía De Sousa se enfrentan también a peticiones de cárcel que juntas suman 133 años. Destacan los 12 años y medio solicitados para el exconsejero Alfonso Paz Andrade por los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información relevante.

El proceso podría acabar con hasta cuatro miembros de la familia de Fernández de Sousa en la cárcel. La peor parte se la lleva su hijo mayor, Pablo Fernández Andrade, para quien el escrito fiscal pide 10 años y medio; los mismos que para un hermano del expresidente y consejero en aquel momento, Fernando Fernández de Sousa. Para la esposa, Rosario Andrade Detrell, la condena solicitada es de seis años.

¿Quién pagará la fianza?

La vieja matriz dijo este jueves a través de la CNMV que la nueva sociedad surgida tras el concurso de acreedores, que es la que ahora preside Jacobo González-Robatto «se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria», porque es parte de los acuerdos de fusión y doble segregación que acabó dando lugar a las dos sociedades: Pescanova SA (la procesada); y Nueva Pescanova que de modo inmediato contestó que no hará tal cosa, porque el pago de la deuda concursal asumido «no incluye las consecuencias del procedimiento abierto a Pescanova». La primera ya anunció que si Nueva Pescanova no asume el pago, la denunciará. Otro lío judicial más.

En todo caso, una u otra deberán de depositar en cuestión de días las fianzas que ya está empezando a reclamar el juez. Las sumas están sujetas a una quita del 97,5 % (la aplicada en el convenio de acreedores) con lo que, de entrada, los 384,2 millones quedarían reducidos a 8.

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