El Popular fue a la ampliación de capital con las cuentas maquilladas

Los peritos del Banco de España concluyen en el informe remitido a la Audiencia Nacional que el banco no respetó la normativa contable y sus previsiones eran «demasiado optimistas»


Madrid / La Voz

 El esperado informe pericial del Banco de España sobre la caída del Banco Popular acaba de llegar a la Audiencia Nacional y los responsables del mismo, Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, concluyen que la que era sexta entidad financiera de España fue a la última ampliación de capital, en junio del 2016 -un año antes de su quiebra-, con las cuentas maquilladas. Los inspectores también explican que el banco, en aquel momento presidido por Ángel Ron, no respetaba la normativa contable del supervisor desde el 2014 y que, además, sus previsiones respecto a la citada captación de recursos eran «demasiado optimistas». «La evolución prevista de los dudosos,unida a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba las estimaciones de cobertura, pérdidas y solvencia» recogidas en el folleto, subrayan. Cabe recordar que a la ampliación de 2.500 millones de euros del 2016 acudieron 60.000 pequeños ahorradores gallegos, de los que, un año después, los 30.000 que aún mantenían acciones lo perdieron todo.

En el informe, al que ha tenido acceso La Voz, apuntan a la sangría de depósitos como causa de la resolución de la entidad. En concreto, la achacan a los «tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre del 2017», siendo de «especial gravedad» el originado el 31 de mayo. Recuerdan, de hecho, que entre en el segundo trimestre y hasta el 5 de junio, el banco perdió 16.347 millones de euros en depósitos, 5.742 millones los primeros tres días de junio, lo que redujo sus activos de 11.324 millones a apenas 971.

Pero más allá de la causa de la quiebra, los peritos ponen sobre la mesa el incumplimiento de la normativa contable por parte del banco desde el 2014, asegurando que las cuentas anuales recogidas en el folleto de la última ampliación de capital no reflejaban realmente la situación de la entidad, «en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso». Así, entienden que algunas de las hipótesis para llegar a las estimaciones contenidas en el folleto eran «demasiado optimistas».

¿Un nuevo caso Bankia?

Lo anterior sitúa el caso Popular, que investiga el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, en una potencial reedición del de Bankia, actualmente en fase de juicio oral la excúpula de la la entidad -con Rodrigo Rato a la cabeza- por la salida a bolsa sobre unas cuentas irregulares. Las conclusiones del informe de los expertos del Banco de España dan oxígeno a las demandas de los pequeños inversores que acudieron a la ampliación y acabaron perdiendo su dinero. El magistrado José Luis Calama Teixeira, titular del citado juzgado de instrucción de la Audiencia, investiga a los expresidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la presunta comisión de varios delitos (administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida, entre otros) en relación con la ampliación de capital.

Los peritos apuntan que una «parte significativa» de las pérdidas que el banco consignó en el 2016 deberían haberse registrado en las cuentas de ejercicios anteriores. «En nuestra opinión, las cuentas de 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable del Banco de España [en especial en la cobertura de adjudicados y en los criterios sobre operaciones refinanciadas], siendo la corrección parcial de algunos de ellos lo que causó las pérdidas a diciembre de 2016», subrayan, añadiendo que no les es posible cuantificar el impacto de los citados incumplimientos, aunque toman los cálculos realizados por el propio banco en el 2017, ya con Emilio Saracho como presidente, que cifraban en 4.180 millones los saneamientos que debían haberse hecho en el ejercicio previo, en el que las provisiones contabilizadas ascendían a 5.254 millones. En enero del 2017, Ron, ya presidente saliente, los estimó en 1.700 millones. «La anterior estimación resultó insuficiente», prosiguen los peritos, recordando que así lo puso de manifiesto la necesidad de reexpresar las cuentas.

El banco no era inviable

Sin embargo, Ruiz-Clavijo y Hernández Romeo consideran que todo lo anterior no implicaba que el banco fuese inviable, y recuerdan que a diciembre del 2016 su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad para generar beneficios antes de provisiones de en torno a 1.150 millones, amén de la posibilidad de lograr plusvalía por venta de negocios. «No obstante -matizan- era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia impuestos por el BCE».

Ampliación insuficiente

Los peritos también concluyen que, «con independencia de otros posibles déficits de provisiones», los 2.500 millones captados en la ampliación del 2016 eran insuficientes para que el Popular alcanzara los objetivos anunciados para diciembre del mismo año.«La ampliación de capital era pequeña en comparación con las necesidades de capital establecidas por el BCE», señalan, para puntualizar que, por ello,«no había mucho margen para desviaciones, como las decisiones que se tomaron de comprar o financiar acciones propias o la evolución de las minusvalías por valoración de la deuda pública o las producidas a consecuencia de las revisiones de auditoría interna o la interpretación de la normativa de solvencia relativa a la financiación para la promoción inmobiliaria que el BCE comunicó durante el primer trimestre de 2017».

La entidad sucumbió por la brutal fuga de depósitos

El informe de Ruiz-Clavijo y Hernández Romeo también es claro sobre los motivos que llevaron a la entidad a la quiebra: el Popular sucumbió por la brutal fuga de depósitos sufrida en el segundo trimestre del 2017, concretamente en «tres episodios» del que el originado el 31 de mayo fue «de especial gravedad». De hecho, recuerdan que desde abril y hasta el 5 de junio, víspera de la resolución acordada por Bruselas, el banco perdió 16.347 millones de euros en depósitos, 5.742 millones los primeros tres días de junio, lo que redujo sus activos líquidos de 11.324 millones a apenas 971.

Así, los peritos subrayan que la puntilla al Popular se produjo a partir del 31 de junio, no solo porque la salida de dinero fue la más abultada, sino también porque el banco dijo adiós al «único rating por encima del grado de inversión [bono basura] y por afectar a los depósitos minoristas».

Se había consumado la pérdida total de confianza de los clientes, un riesgo «inherente a las entidades de depósito, que se deriva de la naturaleza de su actividad y, en especial, de su principal producto: la cuenta corriente», apuntan. En concreto en el caso del Popular, los peritos achacan esa pérdida de confianza «a la mala evolución en Bolsa, por no alcanzar los objetivos anunciados en la ampliación de capital del 2016 y a la incertidumbre sobre la estrategia para constituir el capital necesario para cumplir los requerimientos de solvencia». Añaden también las bajadas del rating y «declaraciones a la prensa no siempre fundadas en la situación real del banco».

En cualquier caso, el documento remitido a la Audiencia Nacional destaca que «las pérdidas de los inversores no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos». Toda una avalancha.

 Más información del tema

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
11 votos
Comentarios

El Popular fue a la ampliación de capital con las cuentas maquilladas