Europa deja a los 60.000 accionistas gallegos del Popular sin compensaciones

Los 60.000 pequeños accionistas gallegos del Banco Popular (heredados del negocio del Pastor) no recibirán ningún tipo de compensación ni indemnización por parte de las autoridades bancarias europeas que decidieron resolver la entidad y venderla de urgencia hace exactamente un año y dos meses, la noche del 6 al 7 de junio del 2017. Así lo anunció ayer la Junta Única de Resolución (JUR), responsable de la polémica decisión del final del banco, amparándose en un informe de Deloitte que sostiene que haber optado por la vía concursal en lugar de por la resolución habría sido aún más gravoso para los afectados.

Esta decisión pone fin a la vía administrativa y aboca a los perjudicados (300.000 en toda España) a pelear la restitución de su dinero, el de sus acciones, en los tribunales, tanto españoles como europeos. Sin embargo, la postura de la JUR aún no es definitiva, ya que los afectados ahora podrán presentar alegaciones que la institución que preside Elke König deberá responder antes de tomar la decisión firme.

En cualquier caso, no parece que haya margen para un cambio de rumbo sobre la primera resolución bancaria según las normas europeas y la tutela del Mecanismo Único de Supervisión, que, además, se vendió -dentro y fuera de nuestras fronteras- como un éxito, ya que no precisó dinero público. Únicamente los accionistas y los bonistas del Popular vieron esfumarse su inversión, no los ahorradores.

«Concluimos que los accionistas y acreedores afectados no habrían recibido un mejor trato en un escenario de insolvencia con respecto a la resolución», explica Deloitte en el documento hecho público ayer por la JUR y en el que basa su decisión de no indemnizarles. La consultora internacional, que subraya su papel de «valorador independiente» -que los afectados cuestionan- añade que «incluso en el escenario de liquidación más optimista, un período de siete años [hace cálculos para un concurso de 18 meses, tres y siete años de duración], las pérdidas serían superiores que con la resolución».

En cada uno de los tres escenarios temporales de liquidación que analiza presenta el mejor y el peor resultado posible, concluyendo que en los seis casos las pérdidas para los acreedores del Popular habrían sido «mucho mayores» que las asumidas en la resolución, de 11.400 millones entre accionistas y titulares de deuda subordinada. En resumen, la opción elegida salvó 22.705 millones.

Deloitte añade que los clientes, incluidos los depositantes, también habrían perdido, de ir a concurso. Destaca que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se habría visto afectado en el caso de que el banco hubiera sido liquidado por vía ordinaria, pues tendría que cubrir a los depositantes con menos de 100.000 euros del Banco Pastor, y cifra ese roto entre los 1.800 y los 2.200 millones de euros.

Y es que aunque el informe afirma que «la filial bancaria más afectada por la liquidación sería el Banco Pastor», pero no explica a qué obedece esa consideración. Con la liquidación, la entidad gallega hubiera tenido «pérdidas en su capital y en los depósitos cubiertos [los inferiores a 100.000 euros, que tenían un valor neto contable de 6.139 millones a 6 de junio del 2017], que sufrirán pérdidas de valor de entre el 29 % y el 35 % (dependiendo del escenario)», lo que exigiría que interviniese el FGD. Por el contrario, Deloitte no contempla estas pérdidas para los depositantes del Popular cubiertos también por el FGD. De haber liquidado el banco, los clientes del Pastor habrían sido los peor parados

Los perjudicados podrán alegar hasta el 14 de septiembre

Aunque la decisión de la Junta Única de Resolución no ha sido una sorpresa para los afectados -cabe recordar que la presidenta, Elke König, ya dijo el pasado junio que era «altamente improbable» que la publicación del tercer (y último) informe de valoración de Deloitte les obligara a compensarles-, estos la acogieron ayer con reacciones que variaron desde la decepción al enfado.

Richard East, socio-director del despacho Quinn Emanuel, representante del grupo de grandes fondos tenedores de bonos del Popular (gigantes como Pimco están entre ellos), se mostró «decepcionado pero no sorprendido» con las conclusiones del informe. Además, sostiene que «no son realistas» y duda de la independencia del análisis y de la credibilidad de un informe «que permite a Deloitte revisar su propio trabajo».

No fue el único en cuestionarlo y en mantener la esperanza en la vía judicial, tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la penal (en ambos casos está ya en manos de la Audiencia Nacional), como en los juzgados de Primera Instancia con demandas civiles. También está vivo el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Alegaciones vía «online»

En cualquier caso, pese a que la JUR parece tener absolutamente claro que no procede indemnizar a los afectados, estos tienen de plazo desde ayer y hasta el 14 de septiembre a las 12 del mediodía para registrarse, a través de la página web de la JUR (https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard), en un paso previo a la presentación de alegaciones en lo que se denomina proceso de «audiencia».

Los perjudicados deben probar que efectivamente lo son para luego, cuando se cierre el plazo de registro, cursar por escrito las alegaciones pertinentes, algo que la JUR explica que podrá hacerse «a través de una plataforma electrónica creada a tal efecto», y de la que se darán más «detalles» antes de la apertura de esa segunda fase.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) no esperan mucho del proceso de alegaciones en la JUR. Creen que solo es un intento de «lavar su imagen», porque devolver el dinero «sería como reconocer que no tomó la decisión correcta».

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