La Fiscalía pide 15 meses de cárcel para García Seoane por el derribo de casa Carnicero
A CORUÑA
Reclama una inhabilitación de 13 años para el alcalde de Oleiros por un delito contra el patrimonio al ordenar demoler un inmueble modernista de 1916 que había sufrido un incendio
03 feb 2023 . Actualizado a las 18:01 h.Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, desveló este viernes, durante la presentación del candidato a las municipales en Sada, que la Fiscalía solicita para él 15 meses de cárcel y 13 años de inhabilitación por el derribo de la casa Carnicero, en diciembre del 2020, además de 27.000 euros de multa, y abonar el edificio y las obras de demolición al Concello, ya que considera que se cometió un delito contra el patrimonio histórico. «Piden como se fose un delincuente ou un acosador de mulleres, unha cousa tremenda», consideró. Precisó que queda ahora en manos de la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 si la acusación, a la que también se enfrenta el arquitecto municipal José Luis Jares Vázquez, para el que piden una condena similar, deriva en un juicio en la Audiencia Provincial.
Cargó de nuevo contra el BNG por llevar esta demolición al Parlamento gallego, que insistió que se hizo por cuestiones de seguridad contra lo que califica de «ruina» de la vivienda tras un incendio, un hecho que permitió al PP pedir a la Fiscalía que investigase. «O fiscal xefe non é amigo meu, ordena que se indague e hai un estudo. Todos os informes son favorables», puntualizó.
«Tiña que arquivarse», consideró. García Seoane remarcó que más allá de lo que derive este proceso, «comigo non van a acabar, impediranme como me impediron outra vez (en alusión a su inhabilitación por el derribo de una caseta en la playa de Santa Cristina) seguir facendo política nas institucións, pero non me van poder prohibir facer política nin asesorar aos compañeiros nos distintos concellos».
García Seoane dijo que lo que se tiró no fue una vivienda, «senón as ruínas desa casa por perigo para os cidadáns, catro paredes que existían porque ese edificio ardera na súa totalidade porque todo o interior era de madeira e non había peza que preservar». «Cando hai un temporal e cae unha parede pola parte de atrás —que se cae para adiante e mata a alguén eu estaría no cárcere por non tomar medidas— o que fago é tomalas cando a compañeira me chama o día 28 porque caeu unha parede e me di que se cae a do N-VI tería problemas», relata sobre los días previos a esa demolición.
El regidor oleirense, que se ve como un «ave fénix» con capacidad de resiliencia, cree que el PP esperaba a anunciar esta acusación más cerca de las elecciones municipales para causar daño, a su imagen y a su partido. García Seoane conoció hace dos semanas que la Fiscalía propone enjuiciarlo y lo ha hecho público para adelantarse a lo que considera una estrategia mediática. «Todos queren o mesmo, acabar comigo», estimó y cuestionó que «a Fiscalía se preste a iso».
El Concello estaba en conversaciones para adquirir el inmueble cuando sufrió un incendio, el 18 de julio del 2020, que provocó graves daños a la edificación, un inmueble modernista de 1916. El Concello había aceptado la donación del inmueble el 2 de diciembre, 29 días de que optara por demolerlo sin contar con autorización a Cultura y cuando ya existía controversia sobre si su estado permitía recuperar la construcción obra del arquitecto Rafael González Villar, realizada por encargo del industrial Enrique Carnicero Ríos y que estaba catalogada.
El arquitecto municipal había realizado, tras el incendio un informe en el que concluía que se debían apuntalar las fachadas y colocar una red para evitar desprendimientos, y también la declaración de ruina económica y técnica de la edificación, en donde hacía constar que para demoler un bien catalogado era necesaria una autorización de la Consellería de Cultura, que informó favorablemente en agosto sobre las medidas cautelares ordenadas por el Concello y solicitó un proyecto de rehabilitación. Sin embargo, el ministerio público dice que el Concello no informó más a la consellería hasta diciembre, cuando el regidor pidió más informes en los que se constataron más derrumbes, que no se habían tomado medidas de protección, y el día 30, «víspera de un día inhábil administrativamente», decretó iniciar el expediente de demolición y declarar la emergencia. La Fiscalía cree que el regidor era «plenamente consciente de que el plazo de 24 horas que fijaba era arbitrario y convertía en papel mojado las facultades que la ley atribuía a la Dirección xeral de Patrimonio sobre el bien catalogado». Precisa que fue también el arquitecto técnico el que elaboró el informe de la caída de cascotes del 31 de diciembre, que precedió a la demolición.
El escrito de acusación señala que «el Servicio de Patrimonio Cultural considera que, al no haber sido desmontado sino derrumbado el edificio, se causó un daño irreversible, haciendo irrecuperable el edificio con los valores que tenía y que motivaron su catalogación».
Inicialmente el ministerio público había formulado denuncia contra García Seoane; la delegada de urbanismo de Oleiros, María José Varela Neira; la asesora urbanística municipal, Gloria de la Montaña García Alcántara, y José Luis Jares Vázquez, arquitecto municipal, como supuestos autores de un delito contra el patrimonio histórico, aunque en las últimas diligencias solo pide pena para el regidor y el arquitecto.