El Novo Chuac, la intermodal y los pisos de Pontejos avanzan por unanimidad en el pleno de A Coruña

El gobierno local hará un registro de contratos, y la Marea va a los juzgados


A Coruña

Los tres trámites urbanísticos elevados este jueves al pleno por el gobierno local salieron adelante por unanimidad. No se trata de proyectos menores. Uno de ellos es el cambio de uso de una parcela de Eirís que será destinada al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), que forma parte del proyecto de la Xunta para ampliar el Novo Chuac.

También se aprobó de forma inicial una modificación del plan general para la reforma de la avenida de la Sardiñeira. El objetivo de ese cambio es facilitar la obra para humanizar la vía y adecuarla a la futura estación intermodal.

Finalmente, el pleno dio el visto bueno al estudio de detalle de la parcela situada en el cruce entre Marqués de Pontejos y San Nicolás, donde el Ayuntamiento construirá cinco pisos sociales. Ese proyecto fue puesto en marcha por el anterior gobierno local, que no llegó a ejecutar los trámites previos necesarios.

La votación sobre el Chuac fue unánime a pesar de que forma parte de la ampliación del hospital por parte de la Xunta, cuyo proyecto fue criticado en un pleno anterior por Marea, BNG y Podemos, aunque solo la formación morada votó en contra, mientras que los dos primeros se abstuvieron. Ayer las críticas de esos partidos al plan de ampliación, que en su día el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, tachó de «erro histórico» fueron más suaves, y sus tres representantes insistieron en que no están en contra de la mejora de las infraestructuras sanitarias, sino de cómo la ha concebido la Xunta, ya que será preciso expropiar viviendas. El Gobierno gallego prevé invertir más de 400 millones en la ampliación.

Pese a la unanimidad, el debate fue tenso. La crispación venía de la votación de la cuenta general del 2019, que salió adelante sin votos en contra, con la abstención de PP, BNG y Podemos. Según denunció la portavoz del PP, Rosa Gallego, durante ese ejercicio, el último de la Marea Atlántica antes de perder las elecciones y la llegada al gobierno del PSOE en verano, el Ayuntamiento dejó sin ejecutar 34,5 millones de los 44,2 disponibles para obras y otras inversiones.

El portavoz socialista, José Manuel Lage, por su parte, señaló que tras el cambio de gobierno la situación empezó a reconducirse con una mejora de la situación de la deuda, del pago a proveedores y del reequilibrio financiero. 

Recursos y pisos

Lage anunció, además, que este año el Ayuntamiento contará con un registro municipal de contratos, con el fin de afianzar las mejoras en la gestión. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, no negó las mejoras señaladas por Lage, pero advirtió de la baja ejecución de las inversiones, entre otras sombras como la merma de los activos corrientes.

La portavoz de la Marea Atlántica, María García, no entró a debatir las bajas cifras de ejecución de las inversiones -que marcaron la práctica totalidad del mandato anterior-, pero sí anunció que recurrirán en los juzgados la decisión de la alcaldesa de no admitir a trámite unas enmiendas de la oposición en un pleno anterior. El anuncio abrió los rifirrafes entre los concejales de ese partido, que acusaron al gobierno local de actuar de forma «ilegal» y los del Partido Socialista.

En medio de la discusión, el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, destacó el valor simbólico de construir los cinco pisos de Pontejos. Una situación que contrastó con el affaire de la compra de pisos ilegal del anterior gobierno de la Marea. Villoslada insistió además en el plan de su departamento para facilitar, con nuevas construcciones y rehabilitación de viviendas, la creación de 900 pisos de protección durante los próximos años.

Crónica La brecha de la izquierda se agranda

 La carga de la Marea contra el PSOE centra al PP

No es un pinza, es un carga con bayoneta calada; y todo lo que hace cuatro años no valía, ahora es ley. La Marea, que en el mandato pasado criticaba la judicialización de la política, ayer presentó su segundo recurso contencioso contra el gobierno local. Sus concejales, que en el mandato pasado calificaban de «histórico» el arreglo de unas aceras o el pintado de un paso de peatones, ahora critican que se califique de histórica la cumbre sobre el puerto, la primera celebrada en 18 años. La Marea, que acusa al actual gobierno de cometer ilegalidades, exige a los demás grupos que se disculpen con ellos por denunciar el caso de la compra ilegal de pisos a uno de sus firmantes.

En la guerra vale todo, y la Marea tiene una con el gobierno «absolutista», «autoritario», «ilegal» del PSOE, aunque nunca habría existido sin su voto favorable a la investidura de Inés Rey.

El tono es tan duro que el PP pisó ayer el freno, como ya hizo en la sesión sobre el puerto. Rosa Gallego, que ve al gobierno «débil» e «inexperto» hizo un discurso crítico, pero no crispado, acorde a sus últimas declaraciones, en las que ofreció el apoyo de su grupo a todos los proyectos que sean positivos para la ciudad.

El cambio de estilo lo detectó el portavoz socialista, José Manuel Lage, que agradeció la actitud dialogante de la popular.

La propia Marea reconoció las buenas expectativas del PP cuando su viceportavoz advirtió que el próximo gobierno de la ciudad será de los populares o estará participado por su partido.

Sus palabras causaron estupor en el ala izquierda del pleno, porque obliga a los coruñeses a elegir entre un PP sosegado o un bipartito —o tripartito— con un miembro que llama «absolutista» y lleva a los tribunales a otro.

No solo a los populares le hacen el trabajo de desgaste, en la misma situación está el BNG, que durante todo el mandato ha evitado sumarse a las melés de la Marea con el PSOE y ayer, otra vez, logró la aprobación de sus mociones con un amplio respaldo.

La pinza, si hubo una, fue contra Podemos. La moción que presentó su concejala no adscrita, Isabel Faraldo, en respaldo a las marchas del 8M fue enmendada por completo por el PP, que contó para ello con el respaldo de la Marea Atlántica.

La Marea acusa a Rey de vulnerar la ley y dinamita el pacto con el PSOE

Xosé Gago

Tras la prórroga de las cuentas, recurre el fichaje de Mónica Martínez por el gobierno

María García, portavoz de la Marea Atlántica, calificó ayer a Mónica Martínez, concejala de Deportes y portavoz del grupo mixto, de «tránsfuga conservadora» que «defende intereses inmobiliarios». Añadió que su nombramiento, firmado por la alcaldesa, Inés Rey, sin que los altos funcionarios planteasen objeción alguna, es un acto «ilegal» que conculca la Ley de Bases de Régimen Local. Como consecuencia, anunció además que su partido presentó el jueves un recurso contra el decreto de la regidora.

El ataque personal a Martínez, que nunca ha entrado en descalificaciones con otros miembros de la corporación, y las acusaciones contra Rey causaron estupor entre los socialistas, que evitaron entrar en un intercambio público. Están convencidos de que el recurso carece de base jurídica y será rechazado, y consideran que la Marea solo está tratando de «llamar la atención» para evitar que se evidencie su «irrelevancia», acentuada tras perder su representación autonómica.

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