La mayoría de los ayuntamientos gallegos no cumplen el plazo legal vigente, de dos meses, para abonar sus facturas
25 mar 2010 . Actualizado a las 02:23 h.Las Administraciones públicas, pero especialmente los ayuntamientos, que son los mayores morosos, tendrán que reducir en los próximos tres años a la mitad el plazo máximo del que disponen para pagar a sus proveedores. Es decir, que con la modificación de la ley de morosidad que el martes aprobó el Congreso, los actuales 60 días pasarán a ser 30, y -de no modificarse la financiación de la Administración local- cumplir el nuevo plazo legal será tan difícil, cuando no imposible, como lo es ahora.
Aunque hay casos extremos, como el del Concello de Mondoñedo (Lugo), acuciado por las deudas (se estiman en un millón de euros para un censo de 4.600 habitantes) y con varias sentencias que le obligan a pagar a las empresas acreedoras, lo cierto es que la mayoría de los ayuntamientos incumplen el plazo legal de pago, lo que sumado a la crisis ha supuesto la puntilla para muchas empresas, especialmente de obras.
El argumento común desde los consistorios es el de que están «muy subsidiados»; es decir, dependen de las otras Administraciones para poder pagar, de modo que el problema lo tienen transferido. «Iniciamos as obras co compromiso de subvención da Administración correspondente, pero os cartos non chegan ata bastante despois de que certificas a finalización dos traballos. Isto afoga os concellos», señala Dores Torrado, edila de Facenda en Boiro .
Idéntica explicación da desde Cerceda José García Liñares, cuando afirma que el Concello aún no ha recibido el 50% de la subvención correspondiente al obradoiro de empleo desarrollado hace dos años y nada del celebrado el ejercicio pasado.
La Xunta, por su parte, en un intento de paliar el malestar que provocan los retrasos, acaba de poner en marcha la factura electrónica, con el compromiso de abono en 45 días. Pero a la espera de ver el resultado, los concellos siguen con el cartel de morosos colgado. En Pontevedra la situación llegó a ser especialmente grave cuando en mayo del 2008 el gobierno local dio un ultimátum a los servicios municipales para poner al día expedientes atrasados. El resultado fue un reconocimiento extrajudicial de deuda por valor de 8 millones de euros en facturas impagadas. Algunas databan de diez años atrás y el 80% correspondían a obras. Aunque el concejal de Facenda afirma que ahora están «al día», la oposición lo niega e insiste en que hay facturas pendientes.
Ourense, por su parte, decidió hace algo más de un año acelerar sus pagos y cumplir los 60 días máximos que marca la ley. A su concejal de Economía y Hacienda, Agustín Fernández, no le parece mal rebajarlo a 30, pero duda de que pueda cumplirse. «Lo razonable es que se pague entre los 45 y los 60 días», afirma, entre otras cosas porque «la tramitación de una factura en la Administración tiene que pasar por varios procesos burocráticos que será difícil modificar».
Ejemplo de lo enraizadas y extendidas que están las demoras, en Ames, cuyo alcalde es el presidente de la Federación Galega de Municipios, están negociando con la oposición cumplir el plazo máximo de dos meses.
Pero aunque la mayoría de los ayuntamientos tienen problemas para pagar, hay otros que no. En A Laracha el alcalde cifra la demora en torno a diez días, mientras que en Dumbría se abonan «ao momento», según explica José Manuel Pequeño. Son de los pocos que parecen estar en disposición de cumplir con la nueva legislación.