El primer trimestre del año ha conllevado el desalojo de decenas de empresas víctimas de la crisis financiera
06 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Un electricista muy trabajador y dos socios montaron una sociedad civil en el 2006, en pleno bum del ladrillo. Querían ser sus propios jefes. La construcción iba viento en popa y solo los agoreros alertaban de que algún día estallaría la burbuja inmobiliaria. Eran tiempos de bonanza y, cuando constituyeron su sociedad, el asesor financiero bromeó con la esposa del electricista: «Su matrimonio es de bienes gananciales, así que usted también tiene parte de la empresa. Se va a hacer rica».
Dos años después, el electricista y sus socios deben 100.000 euros a sus proveedores porque sus clientes no pagan. Dudan si cerrar el negocio, pese a que aún tienen pedidos, y abrir un concurso de acreedores en el juzgado de lo Mercantil. Si siguen esa vía, el juez puede embargar al matrimonio su piso, coche, cuentas, acciones y nóminas porque responden con todos sus bienes. Los recibos son cargados incluso en la cuenta de la esposa porque no hizo la separación de bienes.
Casos como este ocurren a diario en Vigo. Por ello, los juzgados son el termómetro de la crisis. Y la temperatura del mercurio se calienta cada vez más. El mejor indicador está en la oficina del Servicio Común de Notificaciones de Vigo. La cifra de desahucios del primer trimestre del 2009 duplica la del año anterior. Los embargos, suponen un 50% más que entre enero y marzo del 2008. Y las notificaciones que envían los jueces a las partes crecieron un 18,6%.
Más impagos
El juzgado desahucia a un deudor mediante el desalojo de su empresa o del piso que ocupa, ya porque el banco quiere ejecutar la hipoteca y enajenar la propiedad del piso o negocio hipotecado por falta del pago de las cuotas. Otras veces, se trata de un embargo, sistema por el cual el juzgado interviene las cuentas bancarias o el salario del deudor para pagar al acreedor.
En el primer trimestre del 2008, hubo 52 lanzamientos o desahucios, 402 embargos y 7.059 notificaciones en Vigo. Oficialmente, aún no había empezado la crisis financiera. Un año después, las estadísticas se han disparado: 111 lanzamientos (más del doble que hace un año), 612 embargos (una de las cifras más elevadas de la década) y 8.357 notificaciones.
Las libros de registro de la oficina confirman esta tendencia al alza, que tiene una fácil explicación: la irrupción de la crisis económica con toda su virulencia a partir de agosto del 2008. Con la crisis, se producen más impagos y los acreedores presentan más demandas. El juez embarga todo lo que tiene el deudor de valor: cuentas, propiedades de fincas y pisos, motos o coches.
Atasco y ralentización
La morosidad que más ha crecido ha sido las de las empresas. Los funcionarios judiciales trasladan las notificaciones de los procesos judiciales abiertos contra las firmas y, a veces, llegan con el cerrajero para precintar las naves. Los acreedores son generalmente bancos que presentan reclamaciones por préstamos personales y de crédito. Los bancos reclaman el pago de cuotas o talones y cheques sin fondos. Esto conlleva los desahucios o desalojos de los morosos de sus inmuebles.
La actividad del servicio común ha crecido tanto que los efectos ya son visibles. Una de las consecuencias es que la resolución de los asuntos «se ha ralentizado». Los trámites para echar a un inquilino moroso de un piso raramente cumplía los plazos exigidos por ley, que superaban los dos meses, pero ahora aún se han demorado más. «Algunos deudores están en paradero desconocido y ni siquiera somos capaces de localizarlos para notificarles el embargo», señala una jurista.
El aumento del volumen de trabajo está a punto de atascar el servicio común, que cuenta con una veintena de funcionarios dedicados a precintar y notificar embargos. «No para de bajar papel de los juzgados. A este ritmo, quedaremos atascados», indica una experta.