Condenan a una abogada de Vigo por urdir una trama para echar de casa a una maltratada

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO

M.Moralejo

La implicada y su padre estaban compinchados con el exmarido de la perjudicada para simular un préstamo de 50.000 euros y luego forzar al juez a vender en pública subasta la casa familiar que fue adjudicada en la separación a la víctima. El Tribunal Supremo califica la trama de «superchería»

01 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo confirmó el 14 de enero la condena a una abogada de Vigo por urdir una trama para forzar la subasta y venta de la antigua casa familiar donde residía la exmujer y un hijo de un amigo, el cual tenía una orden de alejamiento y no podía residir en su propiedad. La abogada, su padre y el exmarido de la perjudicada fueron condenados por falsificar un documento e intentar una estafa procesal. El Supremo tilda de «superchería» toda la trama.

Los hechos se remontan al 2006. Ese año, un juez de instrucción de Vigo ordenó el alejamiento del marido y, al año siguiente, el tribunal de familia separó a los cónyuges y asignó a la exesposa el inmueble como residencia de ella y un hijo menor. Un amigo del maltratador y su hija se confabularon para ayudar al divorciado a forzar la venta de la vivienda y echar de allí a la exmujer.

Para ello, dos allegados, entre ellos la abogada y su padre, urdieron un plan para simular un préstamo de 50.000 euros al exmarido, que era el propietario de la vivienda pero no podía residir en ella por orden judicial. El dinero del préstamo no existía y la abogada actuó como falsa testigo de la entrega de la cantidad, que se devolvería en tres años.

En el 2014, se inventaron una demanda por impago para forzar la subasta de la casa y recuperarla. El exmarido no devolvería ni un euro y, siguiendo el plan trazado, la abogada del falso prestamista lo demandó en el 2014 por impago en los juzgados de lo civil. Forzarían así que el juez ordenase la subasta del inmueble y desalojase a la exmujer y al hijo del amigo. Todo salía según lo planeado: en el juicio de ejecución civil, el exmarido admitió que no podía pagar la deuda y solo tenía su antiguo piso familiar para responder. El juez ordenó el embargo.

Sin embargo, la exmujer se enteró, paralizó en el 2015 la subasta y evitó la venta de la vivienda en la que moraba. Los tres implicados fueron denunciados por la perjudicada y condenados en el 2022 a siete meses de cárcel y multa de 2.160 euros cada uno por un delito de falsificación de documento privado y otro de estafa procesal.

La condena fue dictada por la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, y confirmada por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia del 14 de enero.

La sala cree que la ayuda de la abogada fue clave en la trama porque aconsejó a su padre y al amigo de formalizar por escrito el falso préstamo y ella misma se encargó de redactar el documento privado, haciendo figurar una fecha del 2006. Como no tenían el original, le quisieron dar autenticidad a una copia con una apostilla del Concello de Vigo, que era falsa.

El Supremo concluye que en este caso, aunque el principal beneficiario es el exmarido, los tres implicados son autores, ya que si alguno de ellos se hubiese echado atrás, el plan no habría salido adelante. No se trata de cómplices ni cooperadores, sino de coautores. Deliberaron entre ellos y se repartieron los papeles.