Patrocinado porPatrocinado por

La flota gallega clama por ayudas al desguace, su «prioridad número uno»

S. Serantes REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Pesqueros del litoral y el Gran Sol amarrados en un puerto gallego (foto de archivo)
Pesqueros del litoral y el Gran Sol amarrados en un puerto gallego (foto de archivo) ANGEL MANSO

Pesca reconoce que sobran 226 barcos, pero no aclara si apoyará su retirada

24 nov 2022 . Actualizado a las 04:45 h.

Cuando el menor de los males es renunciar porque no hay forma de seguir ni de cuadrar las cuentas, la suerte está echada. Y cuando abandonar contribuye a mejorar la rentabilidad de los que continúen y a evitar la sobreexplotación de los recursos, las normas comunitarias prevén compensaciones por dejar de pescar. En todas las flotas claman desde hace tiempo por ayudas a la paralización definitiva, mayoritariamente vía desguace. Agobiados por la falta de relevo generacional y de tripulantes, por controles tan exhaustivos que los obligan a contar casi cada pez que capturan y porque no pueden pescar o no les pagan lo suficiente por sus productos, sobrevivieron a la pandemia del covid-19, pero la escalada de costes agudizada por la guerra de Ucrania y la imposibilidad de trasladarlos cuando venden el pescado ha colocado a demasiados en un callejón sin salida. Desde la desembocadura del Miño hasta la ría de Ribadeo, «la prioridad número uno de la flota pesquera son las ayudas al desguace», recalcan.

Dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde antes de que la inflación se desbocase ya admitían que sobraban 226 pesqueros. Es el último dato oficial, del 2020, publicado el pasado junio. En los caladeros del Cantábrico-noroeste apuntaban 19 volanteros, 3 barcos de artes menores, 2 de rasco y 1 arrastrero de fondo. Y en aguas nacionales reconocían que no resultaban rentables 28 palangreros de superficie, más otros 37 en aguas internacionales y 26 en los océanos Pacífico e Índico. A esos les añadían 29 arrastreros congeladores que operan en aguas internacionales y de terceros países. Del Mediterráneo citaban 51 de distintas modalidades y de Canarias, 25. Todos rozan el 3 % de los 7.852 pesqueros españoles en activo.

«Grave perjuicio» al sector

El pasado día 9, en una reunión con el director de Pesca de la Consellería do Mar, representantes de la flota gallega reiteraron la necesidad de que el ministerio articule las ayudas al desguace porque demorarlas «causa un grave perjuicio». Tanto a los que ya no pueden aguantar más como a los que sí tienen opción de resistir, pero solo si el Gobierno adapta el número de barcos en activo a las posibilidades de capturas.

Pesqueros artesanales, cerqueros, arrastreros de litoral, buques de Gran Sol o palangreros de superficie con base en Galicia han reclamado apoyo financiero para abandonar la actividad «dignamente», en palabras de la patronal Cepesca. Por las informaciones que les trasladan desde Mar a dirigentes del sector, saben que Pesca «no tiene intención de convocar ayudas» para quienes abandonar el sector.

Al preguntar al Ministerio de Pesca si prevé ofrecer en el 2023 fondos para desguace y, de ser así, cuál sería la cantidad y qué flotas podrían solicitarlos, el silencio ha sido la respuesta.

«Debe» hacerse, dice Bruselas

Por primera vez desde principios de siglo, la Comisión Europea permite a los Estado miembros destinar dinero del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) a «conceder una compensación financiera a los pescadores» que dejen el sector. «Debe llevarse a cabo una adaptación estructural», subraya, en segmentos con «exceso de capacidad, lo que da lugar a la sobreexplotación de los recursos biológicos» y condiciona la rentabilidad de la flota.

Hasta el 2027, España recibirá 1.120 millones del Fempa. Entre las medidas para «fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos», incluye la promoción del ajuste de la capacidad de la flota a las posibilidades de capturas. Para paralización definitiva destinaba inicialmente 16,77 millones de euros y para el cese temporal, 53,63. A esos 70 millones que aporta la Unión Europea añade otros 30,17 de contribución pública nacional.

Desde el sector comparan al Gobierno español con, por ejemplo, el irlandés, que dedica 60 millones para incentivar el desguace de algunos de sus 2.000 pesqueros. Ofrece un máximo de 12.000 euros por tonelada de arqueo y días atrás ya había recibido más de 50 solicitudes.