Asaga, de acuerdo con la Comisión Europea en revisar la protección del lobo
GANADERÍA
La organización agraria recuerda que ya solicitó varias veces que se rebajase su estatus ante las graves consecuencias que podría sufrir el medio rural
08 sep 2023 . Actualizado a las 10:24 h.La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) ha valorado muy positivamente la decisión de la Comisión Europea de revisar el estatus de protección del lobo. Sostiene que la institución comunitaria ha afirmado que «tendo en conta o peligro real que a conentración deste animal supón para algunhas rexións do continente, estudiarase a posibilidade de flexibilizar as condicións baixo as cales poden ser abatidos». La entidad no solo estña de acuerdo con estas declaraciones sino que recuerda que lleva años denunciando los problemas que el lobo ocasiona al ganado en Galicia.
Fue la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la que dijo que la conjcentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas supone una gran amenazada para el ganado. Por eso Bruselas ha decidido ampliar una consulta que hiciera el pasado mes de abril e invitar a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a enviar datos actualizados sobre la población de lobos y su impacto en cada zona.
El presidente de Asaga, Francisco Bello, quiso destacar que «a nosa organización leva varios anos denunciando que os ataques destes animais cada vez están provocando máis danos nas comunidaeds agrícolas e gandeiras da Unión Europea». Es más, considera que, «de non dar marcha atrás coa especial protección que se lle deu ao lobo, as consecuencias pooderían ser catastróficas para rexións coma Galicia».
Asaga recuerda que la defensa de la fauna y de la flora autóctonas de cada zona son objetivos por los que siempre luchó, pero también considera que la politica debe ser compatible con la ganadería, con la agricultura y con la vida en las comarcas rurales. «Con esta nova consulta que anunciou agora a Comisión esperamos que se poida flexibilizar o actual marco legal para protexer tamén os intereses socioeconómicos dos habitantes e produtores do rural, coma as comunidades locais que levan anos reclamando», concluyó Bello.