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España abre la vía a la figura del mediador para negociar contratos en la cadena alimentaria

María Cedrón REDACCIÓN

SOMOS AGRO

Miembros de Unións Agrarias reparten lechugas gratis para protestar por su bajo precio
Miembros de Unións Agrarias reparten lechugas gratis para protestar por su bajo precio PACO RODRÍGUEZ

El pasado día 1 acabó el plazo dado por Bruselas a los países para adaptar a su legislación la norma  sobre prácticas comerciales desleales

17 may 2021 . Actualizado a las 17:05 h.

Al inicio de una pandemia que cogió a todos los estados de la UE por sorpresa ya quedó sobradamente confirmada la urgencia de blindar la soberanía alimentaria para garantizar el suministro a la población. Para ello es fundamental extremar la protección de un sector primario que, cuando se decretó el estado de alarma en España, llevaba meses reclamando en las calles unos precios justos para sus productos. La rápida colonización del «bicho» hizo que agricultores y ganaderos dieran una tregua a esa guerra para partirse el cobre en el campo, trabajando como antes para que los lineales de los supermercados no quedaran desabastecidos.

Como consecuencia de aquellas protestas, el Ministerio de Agricultura apuró la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en el 2013 durante el Gobierno del PP y con Miguel Arias Cañete al frente de Agricultura. La norma, pese a que prohíbe que se cobre por un producto menos de lo que ha costado producirlo, carece de mecanismos que controlen que esa premisa se cumpla. Esa es la gran denuncia de las organizaciones agrarias.

Una prueba es que los precios que cobran (4,76 euros kilo canal por los terneros de menos de 180 kilos en categoría E), por ejemplo, los productores de Ternera Gallega Suprema son los mismos o, a veces, menores que los que los llevaron a salir a la calle durante las protestas de principios del 2020.

La intención del Gobierno ahora parece ser darle un mayor respaldo al sector al trasponer la directiva 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de abril del 2019 sobre prácticas comerciales desleales e incorporar medidas de mayor calado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En julio comenzó la tramitación del proyecto de ley que adaptará la directiva en España y el pasado 1 de mayor terminó el plazo dado por Bruselas a los estados miembros para hacerlo. A España no le ha dado tiempo porque la norma aún está en debate.

Pero lo que ha hecho el Ejecutivo es presentar esa adaptación entre las medidas que ha enviado a Bruselas dentro de su Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. En el argumentario presentado incide también en que elaborará un «proyecto de ley más ambicioso que la propia directiva».

Pero aunque no concreta la letra pequeña de su nuevo proyecto de ley, avanza que ampliará el contenido mínimo de los contratos alimentarios. ¿Cómo? El texto remitido a la Comisión habla de que «se incorporan las penalizaciones contractuales, las excepciones por causas de fuerza mayor» y se incluye una referencia a «la solicitud de mediación por las partes como fórmula para abordar los casos de ausencia de acuerdo». Eso parece abrir la puerta a la figura de un mediador que arbitre los acuerdos comerciales, una de las demandas que le han hecho al Ministerio de Agricultura las organizaciones agrarias —Unións Agrarias-Upa, Asaja y COAG—, un planteamiento que también han trasladado a los distintos grupos presentes en el Congreso. «As tres organizacións presentamos unha serie de alegacións de forma conxunta. O tema do mediador foi unha, pero tamén pedimos unhas referencias como no caso do leite, reforzar o papel das organizacións de productores porque van ter máis forza que os particulares sós e no caso do último eslabón da cadea que quede prohibida a comercialización en pérdas», apunta Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA y secretaria general de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).

El documento remitido a Bruselas también habla de ampliar el catálogo de prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española como la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere al volumen o devolución de productos no comercializados, a menos que haya un acuerdo expreso al respecto. Además pretende incorporar nuevas infracciones para asegurar el cumplimiento de la norma.

Más allá de la propuesta, España tiene ahora que apurar el paso para caminar a la par que Bruselas, sobre todo porque avanza fuera de plazo en la adaptación de la norma y probablemente ahora la Comisión Europea no escatimará en hacer comparaciones. Basta mirar las medidas que pretende implementar Francia con la modificación de su popular Ley Egalim. basta un pequeño avance de las modificaciones francesas: contratos plurianuales de tres años o la incorporación en los contratos el precio de toda la materia prima.