«¿Qué teme?, ¿le obligan a tener relaciones sexuales contra su voluntad?»: las preguntas que harán en el centro de salud para identificar víctimas de violencia sexual
SOCIEDAD
El Ministerio de Sanidad y las comunidades aprueban un protocolo de actuación único
21 dic 2023 . Actualizado a las 17:44 h.«Parece cómo si se encontrara alerta, asustada, ¿qué teme?». Esta es una de las preguntas que recibirán las personas atendidas en los centros de salud ante la mínima sospecha de síntomas o problemas psíquicos derivados de un posible episodio de violencia sexual, tanto en mujeres como en niños y adolescentes. La pregunta forma parte del cuestionario incluido en el nuevo protocolo común para una actuación sanitaria homogénea en toda España ante la violencia sexual, que acaban de acordar el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas. El marco general establece criterios respecto a la detección, valoración e intervención en estos casos. Los profesionales de los centros de atención primaria serán la primera criba para detectar casos sospechosos, que seguirá luego en los hospitales.
En la valoración de los riesgos también se pasa a preguntas más directas. Estos son algunos ejemplos: «¿Su pareja o alguna de sus parejas anteriores le ha obligado a tener relaciones sexuales contra su voluntad?, ¿y alguna persona de su entorno habitual?, ¿y otras personas?» o «¿Se niega a utilizar preservativo o le impide o controla el método anticonceptivo que usted desea utilizar?»
Uno de los objetivos incide en la necesidad de prestar atención al relato de la víctima, que debe ser atendida «en un ambiente que garantice la seguridad, la intimidad y confidencialidad de la persona agredida» y, si es posible, «el apoyo psicológico debe comenzar en el primer punto de atención sanitaria de la víctima». El texto acordado también advierte de que «la evaluación sanitaria y forense se ha de realizar en un acto único, con el propósito de reducir el impacto psicológico tras la agresión y procurar que no se repitan anamnesis y exploraciones innecesarias». De esta forma se evita su revictimización.
Entre otros supuestos, el protocolo incide en evaluar las sospechas de sumisión química, ya que la persona agredida no siempre es consciente de lo que ha pasado. Esta suele expresar que se encontraba en un ambiente carente de peligro, como un restaurante, una discoteca o la casa de alguien conocido, y, tras consumir una bebida, en un corto período de tiempo, pierde la conciencia, según apunta el documento.
El objetivo general es establecer criterios comunes de actuación profesional, normalizada y homogénea, para el conjunto del país, respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual pasada o reciente en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de menores a cargo de mujeres que sufren o han sufrido violencia en el ámbito de la pareja.
En materia de violencia sexual es necesario tener presente contextos de mayor vulnerabilidad como: discapacidad, embarazo, problemas de salud mental, migración, identidad sexual y otros, que puedan suponer un riesgo añadido de que sus derechos no sean respetados.
En el caso del embarazo, el texto reconoce que en el contexto de una relación de violencia de género «es una etapa de especial vulnerabilidad y de especial riesgo, ya que «un porcentaje importante de malos tratos por parte de la pareja se inician en este período, incluida la violencia física y sexual».
Los profesionales de la salud también tendrán que prestar especial atención a las personas con discapacidad, ya que «el 14,8 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual de alguna pareja, actual o pasada, a lo largo de la vida, frente al 8,9 % de las mujeres sin discapacidad».
Cabe destacar dos ámbitos desde los que, en opinión del Ministerio de Sanidad y las consejerías, es especialmente relevante la difusión y aplicación de este protocolo: en primer lugar, desde Atención Primaria, por su proximidad y contacto cercano y continuado.
Y, en segundo lugar, desde Atención Hospitalaria, donde sus profesionales pueden mantener una actitud activa y de alerta, sobre todo en servicios de urgencias y en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Salud Mental), pudiendo realizar preguntas exploratorias ante una sospecha para mejorar la detección y la calidad de la atención que se ofrece.
La guía dedica un apartado a la actuación sanitaria en caso de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, que requiere una atención «urgente y preferente». Se trata de víctimas especialmente vulnerables a la revictimización y también a sufrir daños en su salud física y psicológica y en su desarrollo evolutivo, por lo que se les deberá tratar con especial cuidado y utilizando un lenguaje claro y comprensible.
Aparte de elaborar el informe médico, se notificará a los servicios sociales municipales o de protección a la infancia, se dará parte al juzgado de guardia cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito y se harán consultas de seguimiento, con énfasis en el apoyo psicológico y las actuaciones orientadas a la «recuperación del proyecto vital».
En términos generales, previo consentimiento de la persona agredida, se procederá a su exploración, durante la que será informada en todo momento de las pruebas que se le van a realizar y se le invitará a preguntar cuando lo necesite y a determinar el ritmo del examen médico.
Todos los pasos deberán encaminarse a crear un ambiente adecuado de respeto a la dignidad y de garantía de la intimidad y la confidencialidad de la persona. Además, es aconsejable que la acompañe alguien de su confianza, si la víctima así lo desea.