Cuota local en la sentencia del «procés»

El conocido magistrado pontevedrés Luciano Varela fue uno de los siete miembros del Tribunal Supremo que juzgó y sentenció a los líderes independentistas


Los tribunales, en concreto, una serie de decisiones judiciales, han sido protagonistas de la semana. Sobre todo, la sentencia del Supremo sobre el procés que ha propiciado tantos acontecimientos desde el lunes 14. Estoy seguro que cuando baje el suflé de las protestas y se atenace a los violentos, con el paso del tiempo se apreciará la trascendencia, histórica, de la sentencia. Una resolución que tuvo una destacada cuota pontevedresa, tal y como analizaré.

Pero también a nivel local hemos tenido en esta semana tres episodios jurídicos, a cada cual más noticiable. Me refiero al acuerdo que evitó otro juicio -y van unos cuantos- a Sinaí Giménez y Los Morones dando la sensación de que continúan regateando condenas mayores. O también a la inesperada tele-comparecencia desde Bolivia de una testigo en la desaparición del supuesto socio de Pelopincho que se vivió el jueves en la Audiencia. Y, finalmente, al caso del crimen de Ponte Caldelas que estuvo marcado de principio a fin por las sombras que sobrevolaron la sala a propósito del triángulo amoroso que se describió. Este último fue juicio con jurado, una modalidad de tribunal que se instauró en España en 1995, al aprobarse la ley de la que fue artífice un pontevedrés. El mismo magistrado que formó parte decisiva del tribunal que acaba de condenar a Oriol Junqueras y demás.

Un juez brillante

Luciano Varela Castro es uno de los mejores jueces que hemos tenido en Pontevedra. Tanto en su etapa más local como juez de instrucción en esta capital; luego como magistrado de la Audiencia Provincial y hasta este último servicio como miembro del Tribunal Supremo, donde ingresó en 2007 y donde acaba de jubilarse con 72 años.

A veces tan polémico como brillante, con un pronto temible, su carrera está jalonada de hitos muy destacables. Éxitos y derrotas. Su primera proyección pública -y mediática- fue en los 80 con los sumarios que le abrió al entonces alcalde de Pontevedra, José Rivas Fontán, por los casos de los edificios Palmeras y Silva. El segundo, fue el del famoso «cohecho impropio» del que acusó y por el que procesó al regidor por la aceptación del supuesto regalo de una cocina a cambio de la licencia de obra concedida. La condena de la Audiencia Provincial que inhabilitó a Pepe Rivas fue después desbaratada en el Supremo, hasta donde tuvo que litigar el ex alcalde para obtener esa y alguna otra sentencia absolutoria.

Sin embargo no sería justo olvidar que en su etapa como juez de instrucción Varela destacó por la agilidad de sus diligencias, la eficiencia de los procedimientos y la calidad de sus sentencias con una prosa que destacaba frente a la plomiza redacción de tantos otros.

Ha sido un profesional comprometido. Fue uno de los fundadores de la asociación Jueces para la democracia, de corte progresista, en 1984. Por otro lado, junto a sus colegas Barreiro Prado y Alfaya Ocampo y el fiscal Benito Montero, los cuatro fueron autores responsables de la primera sentencia redactada en gallego por un tribunal de la Audiencia de Pontevedra hace ya 30 años, como recuerda desde junio una placa en el exterior del palacio judicial del que nunca llegó a ser presidente. Uno de los nubarrones en la biografía de este juez es que desde 1989, por tres veces, intentó y en las tres fracasó en su aspiración de presidir la Audiencia Provincial.

Jurado y Garzón

Luciano Varela ha sentado cátedra como profesor en la Facultad de Derecho de la USC y ha contribuido a formar a jueces y fiscales jóvenes -entre ellos sus hijos Xermán y Pablo-. Pero sin duda lo que merece un renglón destacable de cualquier apunte biográfico sobre él es su contribución al corpus legal de nuestro país como redactor de la ley del jurado popular que dio pie a la instauración de este modelo de juicio desde hace 24 años. Lo hizo por encargo del también juez y ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. Fue precisamente Belloch una de las pocas voces dentro del PSOE que salió en defensa de Varela cuando al magistrado pontevedrés le encargaron «un marrón»: que fuese el instructor del auto de procesamiento contra su colega Baltasar Garzón por la causa de las víctimas del franquismo. La relación, no sencilla entre Varela y Garzón, ha dado mucho que hablar y escribir.

La ensoñación

Luciano Varela ha sido uno de los siete magistrados que ha formado la Sala que ha juzgado el caso del procés independentista. Aunque durante las sesiones de la vista oral, que ha durado cuatro meses, haya aparecido en algunas imágenes como distante, recostado en su asiento, cualquiera que lo conozca sabe que no se ha perdido detalle.

Su contribución a la elaboración y redacción de los fundamentos jurídicos del fallo parece destilarse en muchos de los párrafos de la argumentación de la sentencia que tuvo como ponente a Manuel Marchena, presidente del tribunal. Particularmente se atribuye al magistrado pontevedrés la tesis de la ensoñación que tanto se ha destacado entre los fundamentos del fallo. Es decir la conclusión de que los líderes del procés sabían que todo era un engaño, una ensoñación pues no perseguían realmente declarar la independencia en aquellos días de 2017 sino empujar al gobierno de otro pontevedrés, Mariano Rajoy a negociar un referendo de autodeterminación.

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