Una medida que agrandaría la brecha de los menos pudientes
OPINIÓN
Hace unos días, el Ejecutivo presentó en el Congreso el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que el Gobierno ha diseñado una serie de medidas para aumentar los ingresos, una de las cuales, afecta directamente al transporte y movilidad. En ella se compromete ante la Unión Europea a desarrollar «un sistema de pago» para financiar el mantenimiento de las infraestructuras de alta capacidad, lo que ha generado un debate que promete ser el eje central de las futuras conversaciones pospandémicas en comidas, tertulias y reuniones varias. Este tema no es nuevo, se puso encima de la mesa en muchas ocasiones, pero es ahora cuando sale del despacho presidencial y se recita en los medios escritos y audiovisuales para sondear opiniones y sumar voluntades.
Teniendo en cuenta que las autovías nunca fueron gratuitas, que su construcción y mantenimiento se ha financiado con las ayudas europeas y con el dinero de los contribuyentes, implantar un sistema de peajes en un contexto actual de profunda depresión económica es, cuando menos, controvertido.
Si damos una vuelta a lo largo de la geografía europea, vemos que España está convergiendo al modelo que ya se está aplicando en Europa. En la mayoría de los países se ha adoptado el pago en las infraestructuras de alta capacidad, peajes y autovías, eso sí, en diferentes modalidades: pago por uso en las vecinas Portugal, Francia e Italia, pagos puntuales en el Reino Unido o Irlanda y viñeta en Centroeuropa, donde se paga una cantidad física por el número de meses en el que la viñeta esté vigente.
En España, todavía no se ha explicado el modelo marco a través del cual se articulará el pago por uso de las autovías, pero las primeras aproximaciones penalizan la distancia recorrida y el tipo de vehículo. Y es aquí donde creo que está el verdadero debate.
Si España se decanta finalmente por la modalidad de pago por uso, seguiremos ensanchando las asimetrías entre las familias con menos recursos económicos, además de restar competitividad a los ciudadanos que tengamos que recorrer distancias más largas para realizar nuestro trabajo. No debemos olvidar que actualmente nos movemos en un entorno de pagos desigual en las diferentes autopistas del país -donde se han liberalizado algunas de ellas según van concluyendo las concesiones con las empresas privadas- mientras otras, como la AP-9, se enfrentan a subidas cada año. Parece un contrasentido que el calendario de liberalizaciones siga adelante y se quiera aplicar el pago por uso de las autovías.
Otro punto a tener en cuenta, y que calienta el debate, es la cantidad de usuarios que pivotarán de las autovías a las carreteras nacionales y secundarias, sobrecargando estas infraestructuras y aumentando todavía más su elevada siniestralidad con datos que invitan a la reflexión y a la prudencia. Según datos de RACE, en los últimos años el 76 % de los fallecidos se han producido en carreteras nacionales y secundarias, frente al 24 % en autovías y autopistas.
Reordenar el uso de las infraestructuras para repartir el coste de su mantenimiento entre los usuarios que las utilicen puede ser una opción, pero el verdadero quid de la cuestión va a estar en la modalidad de pago. Una tarifa plana a modo de viñeta parece una opción más atractiva y menos gravosa frente al pago por kilómetro recorrido, pero mucho me temo que esta última opción va a ser la apuesta en la transición hacia la sostenibilidad de las infraestructuras en nuestro país.