Si siguen las noticias pueden asombrarse, o no, de las páginas u horas de emisión que ocupa el tema Cataluña, lo vean como un problema político o como el arquetipo de la traición a la nación española. Por más que la realidad sea compleja y se sitúe en un punto donde el problema político no debe obviar el incumplimiento de la legalidad. El Tribunal Supremo sentenció como sedición los actos cometidos por los gobernantes catalanes en los días de otoño del 2017. Actualmente, otros gobernantes y policías están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por rebelión. Entiéndase o no este juicio, lo cierto es que se ha convertido en el enjuiciamiento del mayor Trapero. Un policía singular, al que su interrogatorio como testigo en el Supremo, y ahora como acusado de rebelión en la Audiencia Nacional, consagran como un actor y proporciona un testimonio excepcional de aquellos días de otoño del 2017.
Sostengo que el error del Estado, los días 6 y 7 de septiembre, estuvo en dejar pasar el quebrantamiento de la legalidad constitucional, por las leyes de la transitoriedad y desconexión, apenas con un recurso y sentencia del Tribunal Constitucional declarándolas obviamente ilegales, sin acudir entonces al 155. Trapero ilustró en su interrogatorio lo que tales leyes secesionistas consagraban: la dependencia del poder judicial del Gobierno de la Generalitat. Tal y como propugnan Orban y Kaczynski en Hungría y Polonia, frente a ellos el Parlamento europeo ha aprobado una resolución para evitar la deriva autoritaria y garantizar la independencia del sistema judicial polaco. Y todo ello con el voto en contra del PP de Pablo Casado, que ha preferido alinearse con la posición contraria a esa condena defendida por los eurodiputados del ultraconservador ECR, donde se encuentra Vox, frente a los 446 votos del PP Europeo, de los socialistas y de los grupos de liberales y verdes.
Historias políticas cuyos principios se alteran para dar cobertura a otros intereses. Recuerden el wasap de Cosidó que abortó la renovación del poder judicial o la denuncia del nombramiento de la fiscala general por cuanto atentaba a la independencia judicial. En tales enredos el Gobierno anuncia su voluntad de aprobar una reforma del Código Penal con una actualización, entre otras, de las penas por delitos de sedición y rebelión, criticada inmediatamente por la oposición, que lo acusa de pretender «un indulto» para los presos del procés «por la puerta de atrás». La judicialización se convierte así en una guerra jurídica cuyo propósito es la persecución del rival. Por más que sea posible siempre encontrar a personas como Borja Semper, un político y demócrata recio en aquel País Vasco de ETA, harto de clamar frente a la deriva tomada por Casado hacia la derecha extrema, se ha ido reclamando el «ejercicio libre de la política». O como Trapero: «Lo hicimos lo mejor que pudimos...».