Juan Carlos Monedero, número dos de Podemos y uno de sus rostros más visibles, tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Puede hacer informes para gobiernos de otros países sobre las materias en que sea competente y es legítimo, faltaría más, que cobre por ese trabajo. Puede marcar las tarifas que entiende que le corresponden por su calidad intelectual. Puede destinar el importe a lo que crea conveniente, desde gastárselo en vicios a donarlo a una organización benéfica o a su propio partido. Lo que quiera: es su dinero. Ahora bien: dado que ya es un hombre público y con aspiraciones de gobierno, también tiene algunas servidumbres. Ya no es el buey suelto que bien se lame. Es un personaje sometido a vigilancia de los medios informativos y más expuesto que otros al control, a la censura, a la crítica y a la exigencia de ejemplaridad. No más que otros hombres de partido, pero tampoco menos. Ser de Podemos no le otorga patente de impunidad.
En consecuencia, si es funcionario de Educación, es natural que se le exija que demuestre la compatibilidad, como a cualquier profesor, catedrático o ujier que cobre un salario de las Administraciones públicas. En su día, cuando tenga un puesto de relieve en el Gobierno o esté en el Parlamento, se le exigirá además una declaración de ingresos y bienes, al margen de sus confesiones al fisco. Conviene que aplicando la transparencia para evitar la sorpresa que produce verle cobrar 425.000 euros por sus aportaciones intelectuales a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Si una de las intenciones de su partido es poner topes salariales para tratar de corregir la desigualdad, seguramente merece una valoración positiva, pero con una contrapartida: el ejemplo propio. No resulta creíble esa propuesta si la limitación se aplica a los demás y, en cambio, los dirigentes de Podemos facturan libremente por sus servicios profesionales.
Si uno de los factores de éxito de Juan Carlos Monedero y sus compañeros es denunciar los manejos económicos de la casta como si la casta tuviera un voto de pobreza, que no se sorprendan de que a ellos se les exija lo mismo. Para ser creíbles, después de toda la dureza de sus descalificaciones, están obligados a mostrar la misma o superior limpieza de comportamientos. Si no, parecerá que actúan con doble moral.
Y si su campo de obtención de ingresos es Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, tienen que permitirnos una cierta inquietud: sus regímenes no son exactamente los ideales para un país miembro de la Unión Europea. Y que esos Gobiernos sigan buscando aportaciones de directivos de Podemos indica una identidad de pensamiento que produce todo menos tranquilidad.