Ayer por la mañana tomé un café con un hombre que perdió a su hijo de 20 años en las vías de Angrois. Le dije que tenía que darle una mala noticia, una más para alguien que ya ha tenido que escuchar lo que nadie quiere oír. Le dije que la Audiencia había levantado la imputación a los doce cargos del ADIF. Impasible, como si le hubiera leído un titular cualquiera, me dijo: «Ya me lo esperaba».
Después del 24 de julio del 2013, día fatídico en la historia del ferrocarril, distintos altos cargos insinuaban que el despiste del maquinista, su exceso de velocidad por una llamada inoportuna, era el único delito que había que investigar en la curva de Angrois. A media voz, casi todos en el entorno del poder daban por hecho que las distintas tandas de imputaciones iban a terminar en nada. Ellos también se lo esperaban.
Pese a todo, y frente a aquellos que han perdido la fe en la independencia y la solvencia de nuestro sistema judicial, mantengo una confianza a prueba de bomba en nuestra Justicia. No puedo creer que los intereses de Estado -el jugoso negocio internacional de la alta velocidad- puedan haber interferido en la posición de la Fiscalía, opuesta a las imputaciones. Tampoco me seducen las teorías conspiratorias para explicar esta última decisión de los magistrados de la Audiencia. Me inclino más por pensar que quienes somos legos en Derecho Penal siempre nos enfrentamos a un cierto desconcierto. Esas circunstancias que a veces vemos claras con el prisma del sentido común no siempre encuentran una etiqueta penal, y viceversa. Así, los que decidieron desproteger el punto más peligroso de la línea Santiago-Ourense, dejando en manos del maquinista lo que en otras zonas más afortunadas controlan complejos sistemas tecnológicos, optaron por una «merma de seguridad» y aumentaron el riesgo en Angrois, reconoce la propia Audiencia en su auto. Pero lo hicieron sin saltarse ninguna norma, las reglas técnicas que el propio ADIF se autoimpone. Llevaron ese riesgo a lo que toleraba su propio catecismo técnico.
Todo esto suscita un problema de método de primer orden: si no se quebrantó ninguna norma fue porque la normativa no incluía nuevas realidades de riesgo, como las transiciones bruscas de velocidad en trazados AVE aislados en redes convencionales, donde un simple maquinista -y su humana propensión al error- asumía en solitario el peligro de reducir de 200 a 80 por hora en una curva con un radio infame. Y quizás quienes redactaron esas normas no fueron todo lo ágiles que deberían para cumplir con su deber, que no es más que adelantarse a los riesgos potenciales, cambiar las rutinas reglamentarias cuando ya no sirven para responder a lo que nos rodea. Lo que vio un maquinista jefe no lo vieron los sesudos ingenieros que trabajan en la seguridad, ni tampoco los altos funcionarios de la UE que redactan complejísimas directivas. Este es el asunto que me preocupaba antes del auto y que me seguirá preocupando después. ¿Hay ahora mismo un peligro latente que no intuimos porque nos ciega el reglamento?