El «accidente catastrófico» que algunos profetas lúgubres han venido anunciando al fin ha llegado, y en la modalidad que menos esperábamos. No se trata solamente de un tremendo shock sanitario y económico; es algo que afecta al conjunto de la vida en sus aspectos centrales, pues la sociedad de aceleración creciente que hemos conocido en las últimas décadas está experimentando estos días un frenazo brutal. Casi todo se para, pero los procesos de aprendizaje son más rápidos que nunca: todos, empezando por los gobiernos y no pocos expertos, hemos cometido errores, sobre todo de exceso de confianza. Intentamos ahora salir de ellos y afrontar una situación absolutamente inédita acumulando medidas extraordinarias. Centrándonos en la economía, recuérdese que en los últimos doce años hemos vivido en diferentes momentos al borde del abismo; pues bien, ahora caben pocas dudas de que hemos caído en él.
Entre los economistas en los últimos días se va construyendo un rarísimo consenso, del que pocas opiniones se separan: hay que intervenir con todo, usando todos los instrumentos disponibles -que son muy poderosos, aunque a veces lo olvidemos- para evitar una gran caída. Descontada una recesión significativa durante los próximos trimestres -en realidad un período que nadie sabe cuánto podrá durar: he ahí uno de los principales factores de incertidumbre radical que nos acompaña-, pocos dudan de la obligación de actuar en tres grandes ejes: poner ingentes cantidades de dinero en manos de las empresas para mantener sus constantes vitales; construir un poderoso «escudo social» (una afortunada expresión que se populariza estos días); y preparar grandes programas de estímulo para intentar recuperar lo antes posible los niveles de actividad y gasto previos a la crisis.
Para todo eso, los gobiernos han ido despertando, proponiendo programas de intervención que, en general, cabe calificar de colosales. Primero fueron los gobiernos nacionales, pero ahora parece que se suman ya -después de las lamentables actuaciones iniciales tanto del BCE como del Eurogrupo-- los órganos de la Unión Europea, que parecen haber entendido al fin que cuando un enfermo está en situación de extrema gravedad, no es momento de preocuparse de las consecuencias a largo plazo de lo que se haga para intentar salvarlo.
Porque de pronto ha casi desaparecido el debate sobre los efectos secundarios de estas medidas de gasto y liquidez multimillonarias que se inyectarán en la economía, y que tendrán su manifestación primordial en un gran aumento en los déficit y los niveles de deuda pública, que parten ya, al menos en el segundo caso, de unas cotas muy altas (lo que no ocurría en el 2008). Que esos efectos provocarán serios desequilibrios en los próximos años parece bastante obvio. En este punto, la actual crisis recuerda mucho a la del 2008. Por eso es importante evitar los errores que entonces se cometieron, con aquel intento brutal de volver rápidamente a un equilibrio de las cuentas públicas.
Ahora nos acordamos de las frustradas propuestas de reforma de la eurozona: no tenemos política fiscal común ni sistemas de mutualización de la deuda. Pues bien, la opinión casi general entre los economistas que hablan estos días subraya que este es el momento decisivo para dar entrada a los eurobonos o incluso ir más allá, para avanzar en respuestas coordinadas y solidarias a este desastre. Quien quizá es ahora mismo el máximo experto en economía europea, Paul de Grauwe, acaba de proponer que el BCE financie directamente toda la deuda extraordinaria que los estados nacionales se vean obligados a emitir para llevar a cabo sus programas extraordinarios. Lo que hace un mes parecería disparado ahora no lo es tanto. Porque el futuro de la UE, su ser o no ser, se juega en esta batalla.