Los vecinos de los barrios históricos de la capital lusa se unen para pedir que se ponga coto al crecimiento sin control del turismo, que amenaza con expulsar a los residentes del centro
07 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La mayor parte de los lisboetas que residen en los barrios históricos de la ciudad, los más turísticos, no pueden más ante el aumento desmesurado del número de visitantes que recibe la ciudad y que, en menos de cinco años, se ha disparado por veinte. Les invaden, no les dejan dormir y amenazan su tranquilo día a día de hace un lustro. «El problema no es que vengan turistas, eso le encanta a cualquier portugués, sino que haya tal descontrol y masificación sin ningún tipo de regulación», afirma a La Voz Vasco Morgado, presidente de la junta de freguesia (junta de distrito) de Santo António, la más grande e importante del corazón histórico, que abarca la Baixa, parte del Barrio Alto, Príncipe Real y llega hasta la zona de Rato.
El hartazgo ha llegado hasta tal punto en los barrios afectados, donde residen unas 100.000 personas, que hace tres meses los cuatro presidentes de las freguesias históricas de Lisboa se unieron en sus reivindicaciones y escribieron una carta dirigida tanto al Ayuntamiento de Lisboa como al Gobierno luso. «Los vecinos de los barrios de Santo António, Santa Maria Maior, São Vicente y Misericordia no podemos más» señala el presidente de la junta de Santo António, que añade: «Ya no sabemos qué hacer para que se nos escuche. Nosotros lo que queremos es seguir manteniendo la excelente calidad de vida que hemos tenido hasta ahora, sin dejar de atender y recibir bien a los turistas». «A los lisboetas nos encanta recibir al visitante, pero si este sector no se legisla adecuadamente teniendo en cuenta los intereses de los residentes, las necesidades que surgen y los arreglos y vigilancia necesaria, esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana», sentencia.
Según el último estudio de la Asociación de Establecimientos Hoteleros de Portugal, Lisboa cuenta con 34.000 camas en los hoteles del centro de la ciudad, 29.000 en apartamentos legales y cerca de 20.000 en alojamientos y apartamentos no declarados. «Este es un problema grave porque en los años de crisis se hacía la vista gorda a la legalización de dichos establecimientos, pero ahora ha llegado el momento de fiscalizarlos», insiste Morgado, que es claro: «No nos gustaría que Lisboa se convirtiera en una Venecia del sur». Y es que, como recuerda, la ciudad italiana «tenía 400.000 residentes en la zona de los canales en 1984 y hoy en día tan solo viven 60.000».
En la misma línea se manifiesta Pedro Ferreira, presidente de la Asociación de Buena Vecindad de la freguesia de Santo António. «No podemos permitir que los jóvenes abandonen la ciudad y se vayan a las afueras, como ha ocurrido en los últimos años, por eso hay que apostar por mantener nuestra calidad de vida».
Al igual que Vasco Morgado, Ferreira tiene varios pisos que alquila a familias de Lisboa y a turistas y como él reclama «la fiscalización de los establecimientos ilegales y la reglamentación del número de apartamentos y hoteles por metro cuadrado y habitante». Y añade que «no nos podemos olvidar de las personas de más edad, inquilinos de renta antigua en barrios históricos a los que los especuladores turísticos quieren retirar de sus casas a toda costa». «Hay que blindar la ley y fiscalizar las irregularidades, no se puede permitir que ciertas multinacionales del sector se aprovechen de su desamparo», concluye.
Casi 150 reclamaciones por día
En la junta de freguesia de Santo António reciben casi 150 reclamaciones por día de vecinos «que no pueden más con la invasión turística que ha transformado su vida en un infierno», avanza Vasco Morgado. «Tengo miedo de que un día, no muy lejano, los ánimos estallen entre los residentes de las calles más masificadas y que en una hora punta de jaleo alguno de ellos agreda a algún turista, como ha ocurrido en la Barceloneta». Morgado quiere evitarlo a toda costa y por ello hace un llamamiento al Ayuntamiento de Lisboa, a Turismo de Portugal y al Ejecutivo central «para buscar una solución beneficiosa y duradera para todos más allá de intereses partidarios y económicos».
La mayor parte de las quejas recibidas tienen que ver con el ruido que producen los tuk-tuk, que a partir del próximo año tendrán que ser eléctricos. El resto son por «los restaurantes y alojamientos que proliferan sin control y a los que se tiene que poner freno», indica Vasco Morgado, «porque si no en breve tendremos que salir de la ciudad porque solo habrá restaurantes, bares, apartamentos para turistas y ruido a todas horas».