La UE cierra un acuerdo sobre las cuotas pesqueras del Atlántico para el 2018

España denuncia el trato desigual que se da a su flota con respecto a la del norte


bruselas / corresponsal

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) acordaron a primera hora de esta mañana el reparto anual de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras en aguas de Atlántico y el mar del Norte para el 2018, informaron fuentes europeas.

Los Veintiocho llegaron a un acuerdo a las 7:38 hora local tras una negociación especialmente larga en relación a años anteriores, de casi veintidós horas.

En este acuerdo, España logró suavizar el recorte de la cuota de merluza en el caladero sur propuesto inicialmente por la Comisión Europea para el año que viene, que planteaba un recorte general del 30 %, a un 12 %, según avanzó la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina.

«Mejor navega el que tiene buen viento que quien rema con mucho aliento», dice el dicho marinero. España, Portugal, Francia y Alemania intentaron ayer bogar con todas sus fuerzas en la misma dirección: más cuotas para sus profesionales y mayor flexibilidad. Pero la batalla por la pesca en el Atlántico arrancó ayer con una clara desventaja para la flota meridional europea. «A negociación segue a estar moi dura», reconocía la conselleira de Pesca, Rosa Quintana, tras conocer los detalles de la primera propuesta de la presidencia europea. «Non é aceptable (...) É totalmente insuficiente», zanjaba. La flota se llevó las manos a la cabeza. La gallega, pero también la francesa y la lusa: «A proposta é mala», aseguró con decepción una fuente diplomática portuguesa. Ni el recorte del 30 % para la merluza ibérica ni el del 24 % al jurel del sur de Fisterra se movieron un ápice de la propuesta sugerida por Bruselas hasta bien entrada la noche, cuando el regateo llegó a su punto álgido. Las primeras mejoras llegaron, pero para la flota de los países del norte. España pidió explicaciones. «As poboacións de peixes onde traballa a frota española están en mellor situación que nos lugares onde traballan outras frotas, así que ese argumento vello de que faciamos unha pesca non sostible non é certo, queda acreditado», defendió Quintana. Y no solo eso. La UE ignoró los esfuerzos de la flota española para reducir la presión sobre los recursos. Un ahínco que el año pasado se tradujo en el desguace de 24 barcos. «Son postos de traballo que se perden e non se recuperan», protestó la conselleira.

Estudios de impacto, en vano

Ni los argumentos ni los estudios de impacto socioeconómico surtieron efecto para la presidencia estonia, que premió con mejoras a la flota del norte y cedió a primera hora de la mañana a las presiones de sus socios del Báltico, quienes lograron extender los cierres a la pesca de la anguila al 90 % de las aguas del Atlántico en la propuesta inicial. «Solo es el principio, tengamos paciencia», pedía una fuente presente en las negociaciones. Nada parecía moverse con el paso de las horas y los pescadores se empezaron a impacientar. «Para España no tendría ningún sentido que lo prohibieran porque es un problema del Báltico (...) Nuestra anguila tiene un plan que está funcionando», aseguró el secretario general de Cepesca, Javier Garat, incidiendo en el daño que podría provocar el cierre a las más de 100 familias gallegas que viven de esta pesca artesanal. «El tono de la negociación por parte del comisario está siendo muy duro y negativo. Tiene una obsesión tremenda por conseguir el RMS en el 2018», se quejó el andaluz. Ese exceso de celo por lograr a toda costa la explotación sostenible de todas las poblaciones, junto a la introducción de la prohibición de los descartes para todas las especies en el 2019, amenazan a la flota con el amarre. La UE admite el problema, pero sigue sin aportar soluciones. Ni siquiera como la que salvó a la flota del norte al retirar la platija del total admisible de capturas (TAC).

Para la flota española, cero guiños. Sigue bregando con el bacalao, el ochavo y el eglefino que cae en sus redes accidentalmente y tendrá que volver a ajustarse porque la UE no tiene pensado compensar el 20 % de recorte de la xarda con el aumento de cuota para otras especies. El acuerdo final sí dejará espacio para amortiguar el recorte de la merluza norte, el boquerón del sur de Fisterra y el rape del golfo de Vizcaya y Gran Sol.

El sector gallego hace «lobby» a medio kilómetro del Consejo

A escasos 500 metros del epicentro de la batalla, el sector pesquero gallego contenía el aliento. También lo hacían Quintana y Mercedes Rodríguez, que este año acude como directora xeral de Pesca en vez de como gerente de la OPP Lugo. La línea que separa al sector y las autoridades se estrecha cuando llega la cita más importante del año. La complejidad de la política común de pesca (PCP) y la actividad requiere cintura, pero también experiencia, conocimiento y, sobre todo, diálogo con quienes al fin y al cabo, acabarán sufriendo las consecuencias. El termómetro en Bruselas lo marca el sector, que da pistas sobre lo bien o mal que cae cada propuesta puesta sobre la mesa. A ellos recurre la ministra de Pesca, Isabel Tejerina, para tomar el pulso. Ayer lo hizo trasladándose hasta el hotel donde se hospedaban.

Hasta seis de ellos volaron desde Galicia para presionar y pedir a España que no se arrugue. El portavoz de Porto de Celeiro, Jesús Lourido; el secretario de Pescagalicia, Torcuato Teixeira; el presidente de las cofradías de España y de la federación lucense, Basilio Otero; el gerente de la OPP Lugo, Sergio López; el representante de Arvi, Hugo González y el de los bacaladeros, Iván López, completaron la armada gallega. Tuvieron más suerte que algún socio andaluz o vasco que se quedó en tierra por el temporal.

Ninguno asomó la nariz en el Consejo, «para evitar que digan que influimos», aseguró Garat. Todos los años se produce la misma guerra entre medioambientalistas y representantes pesqueros, a los que se acusa de hacer lobby y de coartar a sus Gobiernos y adoptar posturas favorables a la industria.

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