Los empresarios aducían tres razones para abrir el proceso concursal: la crisis general del sector de la pizarra, que sus yacimientos están en un lugar de acceso difícil y costoso, y el fracaso de las negociaciones para ceder al grupo Cupa el 51% de las acciones.
La construcción en Europa se está recuperando. Los autores de la propuesta de reapertura dicen que hay futuro con una pequeña inversión y reduciendo costes.
Las acciones de Ferlosa se las reparten una docena de personas. Antes del cierre, el presidente del consejo de administración era Víctor Fernández González, el vicepresidente, Santiago López López, y los vocales Ana Fernández González y Lisardo Fernández García. Los que tomarían las riendas son Benito y Daniel Sánchez Rodríguez, Rosalía y Nieves Sánchez Moral y Belarmino Sánchez Rodríguez, que en conjunto suman el 28% de las acciones.
Si aceptan aplazar cinco años el cobro de lo que les debe la empresa.
Los ex trabajadores cobrarán del Fogasa. En indemnizaciones, treinta días de sueldo por cada año trabajado hasta un máximo de doce; y en salarios, 150 días hasta un máximo del triple del mínimo interprofesional, de unos 70 euros diarios. A quien le corresponda más, el resto debe pagarlo la empresa o lo que se recaude por liquidarla, si es que llega.
Eran préstamos a 16 meses. Hasta el verano no tendrán que devolverlos, y para entonces parece seguro que el Fogasa ya habrá pagado.
No. Los promotores no han presentado aún un plan con plazos ni compromisos de empleo. Solo dicen que la nueva Ferlosa funcionaría con 25 o 30 trabajadores, y no 100 como antes.
En la práctica, así es. Para impedir la subasta hace falta el sí de los acreedores que representen el 50% del montante total de la deuda. La Seguridad Social (Ferlosa le debe dos millones de euros) y Hacienda (1,7 millones) son los principales. Lo habitual es que en los dos casos acepten acuerdos avalados por la plantilla. Los demás acreedores no tienen garantía de cobrar nada si hay subasta.
UGT no se fía porque se siente engañada por la empresa, que promovió un ERE que no sirvió de nada y tuvo la fábrica ocho meses sin actividad antes de pedir el concurso de acreedores. La CIG cree que esta es la única oportunidad real de aspirar a que la empresa vuelva a funcionar. CC.OO no orientará el voto.