El Ministerio de Igualdad propone revisar el sistema de valoración de riesgo en la violencia machista
GALICIA
«No tenemos un sistema perfecto ni infalible», afirma la ministra, que convocará próximamente un nuevo comité de crisis para analizar los últimos crímenes
02 mar 2026 . Actualizado a las 17:14 h.El Ministerio de Igualdad está estudiando con el de Interior cómo perfeccionar el sistema de valoración de riesgo y de protección tras los últimos asesinatos machistas, diez en lo que va de año. De las víctimas mortales, cinco habían presentado una denuncia previa por malos tratos contra su agresor y en cuatro existían medidas vigentes solicitadas por la mujer. «No tenemos un sistema perfecto, ojalá, porque eso nos daría otros resultados. No tenemos un sistema infalible, pero es evidente que nuestro objetivo y nuestra voluntad política es seguir mejorando», afirmó la ministra, Ana Redondo.
La magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell anunció que la última escalada de crímenes machistas obliga a Igualdad a convocar un comité de crisis, algo que la ministra aseguró que se hará próximamente, aunque sin aclarar fecha. En esta reunión se analizará el primer crimen machista del año en Galicia, el de Mos, en el que una mujer de 52 años fue apuñalada por su expareja de 67 el 31 de enero.
«Hay que admitir los fallos y actuar en consecuencia. Con lo difícil que es para las mujeres denunciar la violencia de género en pareja, las instituciones no pueden quedarse en un mensaje de denuncia», señaló Rosell en conversaciones con Efe, donde reivindicó la necesidad de sacar conclusiones acerca de lo que falló caso a caso y tomar medidas para mejorar la protección. Para la magistrada, es indispensable «analizar las costuras del sistema para detectar realmente dónde, por muy bien que esté escrito, fallan los factores humanos, la valoración del riesgo de VioGén, la adopción de medidas, la credibilidad de las mujeres o el ámbito judicial».
La semana pasada, Igualdad reaccionó ante lo que calificó como «un auténtico terrorismo machista» y dio un paso más en la protección de las víctimas de violencia de género, enviando al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado cuatro recomendaciones para mejorar la seguridad de las mujeres. La que podría tener un mayor impacto es la ampliación de las órdenes de alejamiento de los agresores con pulseras antimaltrato inferiores a 350 metros. El perímetro «mínimo», afirman, ante estos casos.
En enero, la ministra dio a conocer las mejoras que incorporarán en el nuevo contrato a los dispositivos de control a maltratadores tras los fallos hasta en dos ocasiones de las pulseras de control de los agresores machistas. La gran novedad es que dejarán de ser pulseras y se colocarán en el tobillo porque «son más fiables y menos manipulables».
La reevaluación del riesgo
El sistema de valoración del riesgo de las víctimas de violencia machista consiste en una serie de preguntas como la existencia de denuncias previas, si han sufrido agresiones, amenazas, vejaciones o insultos, o si han sido forzadas a mantener relaciones sexuales. También se plantean cuestiones relacionadas con el agresor, como si posee armas, ha manifestado celos exagerados, sospecha alguna infidelidad o controla el acceso a redes sociales, el tiempo de desplazamiento al trabajo, las relaciones sociales o la economía familiar.
También se estudia la vulnerabilidad de la víctima, basándose en si tiene hijos menores a cargo, si presenta alguna discapacidad, si ha manifestado ideas suicidas, si tiene alguna adicción o si cuenta con una red de apoyo. «Este sistema no deja de ser un programa informático», explica a Efe Gema Cornejo, abogada especialista en violencia de género. Comparte esa opinión Rosell, en cuyas palabras la evaluación la realiza un sistema «de algoritmos», cuyo diseño «no es muy transparente» y no está sometido a evaluación de expertas con perspectiva de género.
La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género asume que la reevaluación del riesgo «tiene fallos que hay que estudiar» y propone, por ejemplo, considerar un aumento del riesgo cuando en el marco de una orden de alejamiento activa se pacta un régimen de visitas entre el padre y los menores. Otro de los obstáculos, resalta Cornejo, es el hecho de que el sistema judicial «infravalore» la violencia psicológica; en parte porque «no se tiene en cuenta», pero también porque es «muy complejo acreditarla en una primera denuncia». «En un juicio rápido no se va a hacer una valoración psicológica porque materialmente es imposible», afirma, quien señala que este tipo de violencia «se detecta con el tiempo», cuando la víctima se siente más segura o ve la importancia de conductas que había pasado por alto.
Juicios rápidos y falta de medios
Victoria Rosell lamenta que, en ocasiones, los juzgados de guardia de violencia sobre la mujer puedan llegar a tener entre seis y once casos en una mañana, por lo que, en general, priorizan un juicio rápido por el delito menos grave. «Aunque sepan que hay unos malos tratos habituales durante años, se prioriza conseguir una condena rápida por la última agresión ocasional o la última amenaza», explica la magistrada, que critica que en otros delitos no sea así: «No nos conformamos con imponer a un estafador una condena por hurto».
Cornejo también denuncia que en algunas comisarías no se permita a las víctimas presentar toda la información o las pruebas con las que cuentan desde un primer momento. «Hay determinadas comisarías que no admiten algunas de las pruebas que las mujeres tienen cuando presentan la denuncia y las instan a llevarlas directamente al juzgado, pero cuando llegan allí, como no lo han incorporado en la denuncia, se les dice que no existe prueba», afirma.
Ante la medida propuesta por Igualdad de ampliar la distancia en las órdenes de alejamiento para mejorar la protección de las víctimas, la abogada considera que podría ayudar, aunque asegura que lo más importante es acabar con la impunidad que algunos agresores sienten a la hora de quebrantar esta condena. «Muchos quebrantan la orden de alejamiento como método de hostigamiento hacia las víctimas», defiende.