El PP reclama que se recoja por ley que el Gobierno pague la ampliación de Alfonso Molina o la futura de Rande, mientras Vox niega que sea un vial caro
02 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El debate sobre el traspaso de la autopista AP-9 arranca por fin. La Comisión de Transportes del Congreso ya tiene material para conformar una ponencia con las enmiendas presentadas por PSOE, PP y Vox al texto que por unanimidad remitió el Parlamento gallego pidiendo la transferencia del vial. Dichas propuestas fueron publicadas el jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en ellas está la letra pequeña del traspaso de la AP-9, lo que tapó la polémica suscitada por la propuesta de los socialistas de ceder la gestión de la autopista, pero no su titularidad.
El PP ha dirigido sus enmiendas a garantizar que en ningún caso la asunción de la infraestructura supondrá gastos a la Xunta por compromisos o decisiones tomadas antes de su traspaso. En concreto, los parlamentarios populares requieren que el Gobierno central pague compromisos adquiridos sobre la AP-9 en el pasado, como la ampliación de la avenida de Alfonso Molina, prometida en el 2012. También incluyen en la cuenta estatal la futura ampliación a ocho carriles del puente de Rande, posibilidad certificada técnicamente para recrecer el paso elevado si la demanda de tráfico lo aconsejase. La dotación de más carriles entre A Coruña y Guísamo, entre Santiago norte y el enlace orbital en Santiago, y de la entrada a la salida de Pontevedra forman parte también de las exigencias populares. La reforma del enlace de Pontevedra norte (nudo de bomberos), la creación del vial 18 de unión de la tercera ronda con la AP-9 en A Coruña, la aplicación de un plan antirruido en Chapela y Teis, la conversión en vía urbana de la autopista al paso por estas dos parroquias o la finalización de las conexiones en O Sino y Canido (Ferrol) completan la lista con la que el PP quiere condicionar el traspaso de la infraestructura.
Añade que sea el Ministerio de Infraestructuras el que pague en solitario los peajes que no se les cobran a los usuarios en Rande y A Barcala y, claro está, las bonificaciones y rebajas prometidas para este mes por el ministro José Luis Ábalos, que entre otros extremos supondrá la gratuidad en el viaje de vuelta para los que lo hagan antes de 24 horas del recorrido inicial.
Vox y los peajes
El PP basa su petición de transferencia en el excesivo coste que tienen los peajes de la AP-9, que mantiene que generan una pérdida de competitividad a la industria y producción de la comunidad, provoca un trasvase de tráfico a las carreteras convencionales, aumentando, en consecuencia, sus índices de siniestralidad, los tiempos de viaje e incluso emisiones de gases de efecto invernadero.
Vox lo niega. Firmados por su portavoz, Macarena Olona, el partido ultraderechista hace suyos al pie de la letra los argumentos de la concesionaria, Audasa, respecto a sus peajes. La congelación de las tarifas este año en 26 de los 48 tramos de la autopista le vale a Vox para afirmar que es «inexacta» la apreciación del PP, añadiendo que su coste medio por kilómetros es de 11 céntimos, con lo que estaría un 6,6 % por debajo del precio tipo estatal.
Las enmiendas socialistas rechazan, por su parte, con el visto bueno del Gobierno, la comprensión tarifaria de los de Abascal. «A 1 de enero del 2021, la AP-9 presentaba la tercera tarifa media más alta de las autopistas explotadas por empresas privadas en la red estatal de España, por lo que el impacto económico del transporte para los habitantes de la zona es muy importante», escriben sus diputados.
Para Vox, que la AP-9 solo transite por Galicia no le quita trascendencia como infraestructura de interés general. «La valoración que se realice no puede quedar limitada al aspecto territorial», señala Olona, que esgrime varios razonamientos para requerir que «no sea transferida a la región gallega». Deja abierta únicamente la puerta Vox a que la Xunta supervise e inspeccione el correcto funcionamiento. El PP, en cambio, aboga por aumentar las posibilidades de la Xunta, incluso hasta para poder ampliar o reducir el tiempo de la concesión o bajar las tarifas que cobra Audasa.
Los peajes de las autovías de Portugal cuestan desde ayer la mitad y acumulan ya tres rebajas
Llegan los movimientos masivos de tráfico por las vacaciones y Portugal rebaja los peajes de la mayoría de sus autovías. Mientras el Gobierno español propone debatir el cobro por usar todas las carreteras de alta capacidad, en el país vecino las tarifas de las autovías cayeron a la mitad ayer, tal y como decidió la Asamblea de la República por iniciativa del principal grupo de la oposición, el PSD, secundado por las formaciones a la izquierda del gobernante Partido Socialista.
Son ocho las autovías beneficiadas por el recorte, entre ellas las más próximas a Galicia: la A-28, que conduce desde Caminha a Oporto, las que circunvalan dicha ciudad y la A-24, que va desde Chaves-Verín a Viseu. También el Algarve verá rebajadas las tarifas en su A-22.
Los que no se podrán de momento beneficiar de un descuento anunciado del 75 % son los usuarios de los vehículos eléctricos. El Gobierno aduce que dificultades técnicas en el control de paso de dichos coches impiden de momento realizar el descuento a mayores.
Esta es la tercera rebaja que Portugal aplica a los peajes de sus autovías, todas con el Gobierno del socialista António Costa. Se redujeron en el 2016 un 15 % en la mayoría de sus autovías, aunque entonces se quedó fuera la A-28. Y en enero los peajes se minoraron otro 25 % para los usuarios frecuentes, los que las utilizan más de ocho veces al mes.