La Xunta modifica tres leyes para endurecer las multas por pintadas

La protección del patrimonio contra el creciente ataque de las pintadas ha obligado al Gobierno autonómico a relizar un cambio normativo para disuadir a los vándalos. Entre otras cosas, propone sanciones de hasta 150.000 euros por ataques al patrimonio catalogado


santiago

La Xunta puso en marcha una intensa actividad legislativa en los últimos meses del año pasado para darle forma a un catálogo de sanciones con el que pretende frenar la proliferación de actos vandálicos, pintadas y grafitis que afean especialmente los entornos urbanos. Hasta tres leyes se han modificado _una en tramitación y dos consolidadas desde hace tiempo_ para encajar una horquilla de multas que van desde los cien euros hasta los 150.000 en los casos más sangrantes.

La pintada ordinaria que genere daños o deslucimiento en propiedades públicas o privadas sin especial valor patrimonial ya estaba recogida en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana y dejaba a las instituciones con competencias en esta materia (desde el Estado hasta los concellos) aplicar sanciones entre los 100 y los 600 euros. Se hace así si afectan al mobiliario público y los paramentos exteriores de edificios e instalaciones, incluyendo los muros y cerramientos de todo tipo. La Lei do Solo gallega también la considera leve, pero desde este enero aplica otra tramo para los casos graves que va desde los 600 a los 6.000 euros cuando los daños sean irreparables y se den circunstancias de reincidencia en el autor o autores. Para introducir estos cambios, el PP presentó una enmienda que se incorporó al texto de los presupuestos, por lo que ya está activa desde el día 1.

Habrá que esperar un poco más para comprobar si se aplica alguna multa que llegue a los 150.000 euros. Es la cifra máxima que se ha considerado para las «pintadas, incisións e outros actos vandálicos» que causen destrozos importantes en un bien declarado de interés cultural y que esté catalogado. Si es más leve y reparable, el importe se moverá entre los 300 y los 6.000 euros. Estos asuntos llevarán la firma de los principales responsables del departamento autonómico de Cultura, el conselleiro o el director xeral de Patrimonio, que podrán actuar una vez que entre en vigor la nueva Lei de Patrimonio Cultural, cuya aprobación está prevista para este primer trimestre.

Seguridad vial

La extensión de la capacidad sancionadora alcanza también a las señales de tráfico, víctimas habituales de los aerosoles. En este punto no se anda con bromas la Xunta al aplicar la Lei de Estradas, que califica como grave cualquier deterioro intencionado de los elementos que rodean a las carreteras y que están relacionadas con la circulación y la seguridad vial. La multa más baja es de 2.500 euros, y la más alta llega a 10.000. En este caso, la competencia le corresponde al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, que es el encargado de tramitar la denuncia. En la cuantía final será decisivo analizar si la señal ha perdido su efectividad por culpa de la acción vandálica, que supuestamente también afecta a las propias calzadas. Y, por supuesto, se tendrá en cuenta si ha provocado alguna incidencia o daños personales, que podría conllevar la apertura de la vía penal.

Las dificultades para coger «in fraganti» a los vándalos frena las sanciones

Coger «in fraganti» a los autores de una pintada es complicado. Ese es, como reconocieron en su día fuentes de la Dirección Xeral de Patrimonio, uno de los principales obstáculos para poder identificar a los autores, paso fundamental para poder emitir una sanción contra ellos. Ese mismo problema lo tienen las policías locales de los ayuntamientos, que no solo han de vigilar los atentados contra bienes protegidos, también los que se producen en fachadas de edificios de viviendas o en elementos del mobiliario público. Hay concellos como el de Vigo que el año pasado gastaron 8.900 euros en retirar pintadas.

Aunque la Consellería de Cultura no da datos concretos del número de multas por atentados de este tipo contra el patrimonio alegando que, por su escaso número, «non se pode garantir cumprir co fixado nas diversas regulacións vixentes sobre protección de datos», los ayuntamientos han impuesto algunas. Con todo su número es muy inferior al número de pintadas que cubren las paredes de los edificios que forman la ciudad. Un ejemplo es A Coruña: aunque el Gobierno local acabó reconociendo que las pintadas eran un problema público, los expedientes abiertos el año pasado no llegaron a 50. 

Los atentados contra el patrimonio reabren el debate sobre la videovigilancia

María Cedrón
La cámara instalada en Praterías (arriba a la derecha) no logró captar el atentado contra la fachada catedralicia
La cámara instalada en Praterías (arriba a la derecha) no logró captar el atentado contra la fachada catedralicia

Sus detractores dicen que atentan contra la libertad. Sus defensores, que es una buena fórmula para disuadir. Empresas de seguridad recuerdan que la norma solo permite conservar las grabaciones durante treinta días

El debate vuelve a resurgir. Ya antes de que el pasado verano un acto vandálico acabara convirtiendo una de las figuras de la fachada de la catedral de Santiago que da a la plaza de Praterías en el batería del grupo Kiss, la instalación de medios para aumentar la videovigilancia en el entorno del monumento era una demanda urgente. Esa misma petición resuena ahora con fuerza. El objetivo es disuadir a los vándalos, pero también poner cara a los que atenten contra el patrimonio. De hecho, cinco meses después de ese último atentado contra la catedral no ha podido descubrirse al autor porque los que están detrás de la investigación no tienen suficientes datos para dar con su identidad.

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