La venta de Itínere deja la autopista en manos de fondos extranjeros, que con los peajes tienen 30 años de beneficio asegurado. Los partidos reclaman a Fomento la cesión de la titularidad a la Xunta
29 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La compra de Itínere por parte de los tres fondos de pensiones extranjeros propietarios de Globalvia ha encendido a los partidos de la oposición en Galicia, que en mayor o menor medida responsabilizan al PP de la situación actual de la autopista a la última ampliación de la concesión a Audasa de la gestión de la AP-9 hasta el año 2048. En todo caso, en lo que sí coinciden las tres fuerzas (PSdeG, BNG y En Marea) es en la necesidad de exigir el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia, una propuesta también avalada por el PP. De hecho, a finales del pasado junio, y por tercera vez, el Parlamento aprobó una iniciativa por unanimidad de los cuatro grupos para exigir que el Ministerio de Fomento transfiera la titularidad y las competencias de la AP-9 a la Xunta. Con el PP en la Moncloa, Feijoo no logró arrancar el compromiso de Fomento, entonces con Íñigo de la Serna al frente. Y con el socialista Pedro Sánchez en la presidencia, las perspectivas también son inciertas, aunque sí se comprometió a estudiar la propuesta, como así le trasladó a Feijoo cuando se reunió con él en la Moncloa a mediados de este mes.
«Reclamamos la titularidad». Sí hay diferencias a la hora de analizar la realidad actual y plantear cuál debe ser el camino. Miguel Tellado, secretario xeral de los populares en Galicia, advierte que mantendrán la coherencia. «Independientemente de quien sea la concesionaria, nosotros vamos a seguir reclamando la titularidad a este Gobierno, igual que se la reclamamos al anterior; lo que sí esperamos es que los socialistas no cambien la intensidad de su discurso», advierte Tellado. La herencia del PP es la que cita el PSdeG como la culpable de la situación que vive Galicia con la autopista. Gonzalo Caballero, secretario xeral, considera que en este asunto lo más grave, lo que más impacto ha tenido, fue la ampliación de la concesión hasta el año 2048 realizada en tiempos de Aznar. «Isto impediu o remate das obras», señala el socialista, «e foi unha bofetada aos galegos e o inicio dun pelotazo». Caballero insiste en que los movimientos de compra de los fondos se basan precisamente en el jugoso beneficio de la autopista, que está garantizado durante 30 años. «Daqueles barros, estes lodos», dice.
Para el PSdeG, en este escenario lo relevante es que es precisamente la concesión hasta el 2048 lo que impide «a redución das peaxes» que es, a su entender, lo más relevante para los usuarios.
¿Qué hacer con la concesión? La AP-9 abre para Galicia un debate en el que, por un lado, se plantea la transferencia, y por otro, qué hacer con la concesión. Luis Bará, diputado del BNG, considera indispensable el rescate de la concesión, lo que abriría la puerta a indemnizar a Audasa por el lucro cesante hasta el año 2048. Ahora la AP-9 es de titularidad del Estado, es decir, que serían las arcas estatales las que tendrían que hacer frente al pago en caso de rescate, un escenario que cambiaría en el supuesto de que la autopista estuviese en manos de la Xunta. «Se hai cartos para rescatar as radiais madrileñas quebradas, debería habelos para a AP-9, ou non?», se pregunta Bará, quien sostiene que los gallegos soportan una situación extremadamente injusta y discriminatoria: «Os fondos de pensións especulan co que os traballadores e traballadoras e as pequenas e medianas empresas pagamos todos os días unhas peaxes que son un roubo a man armada».
Por una gestión pública. El precio de venta del 55,6 % de Itínere es, para En Marea, la confirmación de que la AP-9 debería pasar a manos públicas, una operación que, según esta formación, estaría por debajo de los mil millones de euros. «Estas cifras están moi lonxe das estimacións económicas feitas polos Gobernos do PP, falando dun custe de 4.500 millóns, e que servían para rexeitar a nosa proposta», aseguraron ayer desde En Marea.
En línea con lo defendido por el BNG, desde En Marea se plantea la necesidad de reclamar al Estado el traspaso de la autopista y, una vez consumado, pedirle a la Xunta que la nacionalice y que la gestión sea pública. El grupo liderado por Villares lamenta que, mientras las demás autopistas de primera generación están regresando al sector público, la AP-9 no lo hará hasta el año 2048. «Isto supón unha discriminación inaceptable para os galegos e as galegas», concluye.
La Delegación del Gobierno asegura que trabaja «en el proceso de transferencia»
La situación heredada por la decisión de ampliar la concesión de la autopista AP-9 hasta el año 2048 es también el argumento principal que se transmite desde la Delegación del Gobierno en Galicia. Fuentes de la institución que dirige el socialista Javier Losada sostienen que «estamos ante una situación que viene motivada por la decisión del Gobierno del PP de autorizar la ampliación de la concesión de la autopista, a lo que se suman una serie de estrategias empresariales, que han llevado a esta situación».
Las mismas fuentes destacan, de todas formas, que el Gobierno de Pedro Sánchez «sigue trabajando en el proceso de transferencia» de la titularidad de la autopista a la Xunta. Ese fue uno de los asuntos abordados en la reunión entre Sánchez y Feijoo en la Moncloa, y el primero se comprometió a estudiar qué posibilidades hay de realizar ese traspaso.
Mientras, la AP-9 y las demás autopistas que gestiona Audasa han pasado a manos de los tres fondos de pensiones extranjeros (USS, de Canadá; OPTrust, de Holanda, y PGGM., del Reino Unido) que forman Globalvia, un gigante de las infraestructuras que tiene a su cargo la gestión de 19 autopistas y de 7 ferrocarriles en España, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Andorra, México, Costa Rica y Chile.
Según el acuerdo alcanzado en las últimas horas, Globalvia adquiere por 723 millones el 55,6 % de Itínere, propietaria de más de 600 kilómetros de autopistas en el norte de España, entre ellas las gallegas que gestiona Audasa.
