Rueda pide a los sindicatos que dejen a los funcionarios votar su oferta

Teme una huelga larga y exige un cumplimiento «recto» de los servicios mínimos


santiago / la voz

La solución del conflicto laboral y salarial de la Justicia en Galicia está uno o dos pasos más lejos que hace una semana. La decisión de los sindicatos de consultar el miércoles pasado a los trabajadores para rebajar las pretensiones económicas parecía que abría una puerta a un arreglo satisfactorio para ambas partes, pero nada de eso ha ocurrido. De hecho, los representantes de las siete centrales que están en el comité de huelga han interpretado que el mensaje de los empleados públicos al liberarlos del mínimo pretendido de 190 euros fue apretar más las tuercas, y eso han hecho al reclamar esta misma semana una «garantía de equidistancia salarial», de forma que siempre se mantengan en la media de las comunidades autónomas; retroactividad en el pago en este mismo año; recuperar el dinero perdido por las jornadas de huelga a través de un plan que les permitiese incluso cobrar la parte de la paga extra detraída durante los paros; y, además, los 180 euros mensuales de subida lineal para todas las categorías, que es lo que han accedido a rebajar.

La Xunta está manteniendo el tono oficial que le corresponde en las declaraciones o comunicados, pero internamente admiten su hartazgo y estupefacción ante las propuestas sindicales, que ven más irrealizables hoy que hace solo unos días, cuando presentaron la que anunciaron como su «última oferta». En la Consellería de Xustiza entienden que los funcionarios fueron a votar el miércoles pasado conociendo con detalle las condiciones definitivas que proponía la Xunta, y creen que entonces se perdió una buena oportunidad para votar la aceptación o no de una mejora sobre términos concretos, y no sobre una puja con el dinero de todos los gallegos que el Gobierno quiere evitar.

Para Alfonso Rueda «non é entendible» que se les haya hurtado a los empleados la posibilidad de dar por buenas unas cifras que la Administración está dispuesta a aceptar. Y lo propone como opción para salvar una huelga indefinida que hoy cumple los 50 días naturales. Para el número dos del Gobierno la única explicación es que «non todos» los sindicatos están interesados en el acuerdo, sino en hacer méritos para las elecciones del próximo año o para deteriorar la imagen política de la Xunta, según ha ido deslizando en las últimas semanas.

Manifestación el 7 de abril

Los sindicatos tienen una visión distinta de la situación, y todos a una señalan el «cinismo» del vicepresidente Rueda como clave de la situación de parálisis en las negociaciones. De hecho, prevén un conflicto largo y ya han anunciado otra «gran manifestación» para el sábado 7 de abril, cuando se cumplan dos meses del inicio de la huelga indefinida.

En una y otra parte hay pocas dudas de que el conflicto se irá a la octava semana, ya que nadie ha movido un dedo para intentar al menos un acercamiento que los sindicatos esperaron ayer sin éxito. Y ante el temor de que la brecha de entendimiento se siga agrandando, la Xunta ha optado por hacer un recordatorio oficial sobre los servicios mínimos que deben prestarse, ante las «reiteradas queixas» recibidas en las últimas semanas, en especial en lo referido a prestaciones esenciales que ofrecen los registros. La expedición de licencias de enterramiento, los servicios de guardia, las actuaciones relativas a violencia machista o las causas con presos estarían dentro de esa categoría de intocables.

Mientras, el seguimiento del paro sigue siendo notable, aunque con cifras dispares. Los sindicatos hablaron ayer de un 80 %, que la Xunta rebaja al 35 %.

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