Los sindicatos frustran el nuevo intento de resolver el conflicto en la Justicia
GALICIA
Proponen ahora a la Xunta un plan para recuperar el dinero perdido por la huelga
27 mar 2018 . Actualizado a las 21:16 h.La Xunta dejó claro que no quería una «subasta infinita» y en poco más de una hora se dio cuenta de que ese era exactamente el punto en el que se encontraba la negociación. Los sindicatos de Justicia se plantaron en San Caetano con ánimo negociador y con el permiso de los trabajadores para rebajar las aspiraciones económicas, apuntaladas hasta el miércoles en los 190 euros al mes; y los responsables de Xustiza y de Función Pública accedieron al encuentro con la condición de que no se hablase de dinero, porque la oferta de la Administración es inamovible: 135 euros más al mes para los forenses, 133 para el personal gestor, 108 para los tramitadores y 105 para los auxiliares.
Con los condicionantes conocidos, la reunión avanzó como en otras ocasiones sobre cuestiones laborales que, aunque no están atadas al cien por cien, ya no serían un problema para desconvocar la huelga, pero los representantes de los trabajadores tardaron poco en presentar tres reivindicaciones. Dos de ellas tienen que ver con las cláusulas ofertadas por la Xunta para cerrar el conflicto, que consisten, por un lado, en elaborar un plan para recuperar tareas retrasadas, que se abonarían como horas extras, suavizando los recortes en la nómina por la huelga; y también la garantía de hacer los ajustes necesarios para que los empleados públicos gallegos estén siempre en la media salarial con respecto al resto de comunidades autónomas. Pero los sindicatos tienen su propia versión de estas cláusulas. Quieren un plan de actuación para recuperar el 100 % del trabajo, esto es, ingresar el dinero perdido, unos 70 euros de media por cada jornada en paro; y piden una fórmula que no solo mantenga el puesto salarial en el ránking, sino que la cifra sea siempre equidistante con los puestos anterior y posterior; y además, que el aumento salarial se aplique con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con un 70 % de subida en este ejercicio y el 30 % restante para el 2019.
Estas exigencias «no las entendió nadie», según el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, pero lo que realmente actuó como detonante de la ruptura fue la petición de una subida lineal para todos los cuerpos de 180 euros. Para los sindicatos es una cifra asumible, pero la Xunta ni la valora. Las centrales esperan ahora una invitación administrativa para seguir negociando una contraoferta al alza. El Gobierno insiste en que esto no va a suceder.
Unos 10.000 juicios afectados, a falta del recuento oficial
En previsión de que se rompiesen las negociaciones sin avances, la Xunta promovió este lunes un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, para poner al día la instrucción que decreta los servicios mínimos en la huelga, porque a juicio del Gobierno gallego se están produciendo incumplimientos. El vicepresidente, Alfonso Rueda, también participó en la reunión, en la que se trató de hacer un análisis «global» de las incidencias. Pero ni el Gobierno ni el alto tribunal gallego han ofrecido una cifra aproximada de los juicios que se están viendo afectados. Han hecho una «estimación en abstracto» que pronto podrán concretar más, ya que Cadenas ha reclamado esa información a los diferentes órganos judiciales para ir conformándose una idea de las implicaciones que tendrán los retrasos.
Los sindicatos hablaron a principios de febrero de que la huelga iba a afectar a unos 600 juicios diarios, lo que supondría haber superado los 21.000 en este tiempo de paro. La Xunta admite que la incidencia está siendo alta, pero entienden en la Consellería de Xustiza que hay juicios que sí se están celebrando (causas con detenido o preso) y que esa cifra es sensiblemente inferior.
Lo cierto es que en Galicia entran en los juzgados unos 300.000 asuntos al año y se celebran unos 80.000 juicios -ninguno en agosto-, de ahí que sea más razonable hablar de unos 1.700 semanales, más de 10.000 desde el 7 de febrero, cálculo que tratará de ajustar cuanto antes el TSXG.
Trámites ciudadanos
Lo que resulta imposible de saber a estas alturas es cómo está afectando la huelga a los trámites de los registros civiles, como son las certificaciones, inscripciones y otras acciones procesales «fundamentais» para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, recordó Rueda. Para el número dos del Ejecutivo gallego, este es el mayor de los problemas que está generando esta situación, toda vez que los juicios se irán celebrando con retraso cuando les toque el turno. En cambio, en los juzgados se siguen dando situaciones de verdadera indefensión de personas que están pendientes de tramitar cuestiones relativas a fallecimientos y nacimientos de familiares, retrasos en el cobro de indemnizaciones o papeleos paralizados que incluso están afectando a los presos de las cárceles gallegas, que han denunciado que la huelga dejó sin permisos y terceros grados a reclusos que los tenían concedidos.