Fomento avanza que apoyará canalizar el transporte en las autonomías que lo pidan
14 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.A partir de este mes no será posible cruzar en camión La Rioja por la carretera nacional N-232 y los transportistas se verán obligados a tomar la autopista AP-68. Desde hace cuatro años está prohibido también para el transporte pesado llegar al paso fronterizo de La Junquera por la N-II, y debe hacerse pagando por la AP-7. Y la misma autopista deberá ser usada a partir de enero al estar vetada la N-340 a los transportistas en dos tramos entre Peñíscola y Vilafranca del Penedés.
Lejos de ser tres excepciones, la retirada de los camiones de las carreteras convencionales donde exista una autopista alternativa lleva camino de extenderse en los próximos meses con el fin de aligerar las arterias más masificadas, rebajar sus índices de siniestralidad e, indirectamente, posibilitar una mayor competitividad al sector del transporte, que, en distinto porcentaje y según cada caso, contará con descuentos en los peajes que serán cubiertos con fondos públicos.
El Ministerio de Fomento ha declarado su predisposición a aumentar el número de autopistas por las que canalizar el transporte pesado de manera obligatoria, pero el mismo ministro, Íñigo de la Serna, ha advertido que tienen que ser los Gobiernos autonómicos los que lo reclamen.
El planteamiento del Gobierno central es acogido por la Xunta de manera positiva. La Consellería de Infraestruturas avanzó ayer su predisposición a explorar con el ministerio y con el sector del transporte de la comunidad la posibilidad de desviar los camiones hacia autopistas como la AP-9, paralela casi en su totalidad a la N-550 (A Coruña-O Porriño).
Más seguridad
Infraestruturas considera que el desvío de los camiones a los viales rápidos «es una medida positiva para mejorar la competitividad del sector de mercancías y de los núcleos logísticos, además de redundar en una mayor seguridad vial al propiciar el uso de las infraestructuras con mayor seguridad».
La AP-9 ya fue incluida en el 2015 por el Ministerio de Fomento en un plan piloto de desvío de camiones hacia las autopistas, aunque solo en el tramo de Vigo a O Porriño. Durante los cinco meses en los que permaneció en vigor el plan, solo 48.987 camiones se acogieron a los descuentos del 43,45 % de los que se hizo cargo la Administración central. La gallega fue, de las seis autopistas en las que se estableció el paso voluntario y bonificado para el transporte pesado, la que menos uso hizo de dicha posibilidad. Solo se emplearon 45.719 euros de los 5,4 millones dispuestos por Fomento.
Pero en esta ocasión el ministerio está dispuesto a que la canalización por autopista no sea voluntaria para los transportistas, sino obligatoria a cambio de rebajas en los peajes que oscilan entre el 43 y el 50 %.
En negociación
La Junta de Castilla y León ha reclamado ya dicha medida para el tramo de la N-I Burgos-Miranda del Ebro, con alta siniestralidad y el reciente fallecimiento de cinco personas de una misma familia en un accidente de tráfico. Y De la Serna mostró también el martes en el Senado su disposición a negociar con la Generalitat valenciana la misma solución para la AP-7. El modelo sería similar al que en breve comenzará a desarrollarse en La Rioja, cubriendo el ministerio un 25 % del precio de los peajes y el Gobierno autonómico otro 25 %.
En el caso de Galicia las reivindicaciones del sector del transporte se centran en conseguir un abaratamiento del precio de los peajes en los entornos de A Coruña y Vigo, y el aligeramiento de la tasa completa del vial entre Ferrol y Tui, que asciende a 87,50 euros para rutas de ida y vuelta, en su caso sin posibilidad de bonificación por realizar el viaje en el día y el pago con dispositivo de telepeaje.
A mayores, los transportistas gallegos han rechazado hasta ahora que el posible desvío hacia las autopistas sea obligatorio, optando por que se dé libertad de elección, o se haga gratuita la AP-9 en caso de imposición.
Los chóferes rumanos son los segundos en carga y ganan mercado en A Coruña y Vigo
El sector del transporte se siente acosado por los precios del combustible, los peajes, la falta de conductores, la bajada de tarifas a las que lo empujan las grandes industrias y por el desembarco de multitud de camiones procedentes del países del Este que ganan cada vez más cuota de mercado también en Galicia.
Los aparcamientos de la playa de Samil, en Vigo, se convirtieron este año hasta el comienzo de la temporada de verano en base de operaciones de flotillas enteras de camiones de pequeño porte, que según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte ofrecen tarifas hasta ocho veces inferiores a las del sector en Galicia. «Los camiones rumanos han pasado de mover 8,8 millones de toneladas por kilómetro en el 2011 en España, a 198 millones en el 2015. Son ya los segundos extranjeros que más transportes hacen aquí después de los portugueses», señala Juan José Gil, secretario técnico de la organización de transportistas.
Las áreas industriales de A Coruña y Vigo son sus campos de actuación, aunque, según apunta Gil, los empresarios que contratan a dichos profesionales son en su mayoría españoles que han deslocalizado a Rumanía, Bulgaria y Chequia sus camiones, en los que asegura obligan a vivir entre tres y seis meses a los conductores, que en ese tiempo no vuelven a sus países.
El Congreso tramita esta semana las enmiendas a la normativa de trabajadores foráneos en tránsito, para equiparar sus obligaciones a las de los españoles.