Creen que la Xunta puede posicionarse y mediar en la gestión de las visitas a Meirás
17 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El último comunicado de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), en el que sus responsables vierten comentarios como que el dictador «no fusiló a nadie, ni dictó condenas a muerte, ya que dichas condenas no las decide el jefe del Estado, sino la Justicia», ha avivado el malestar de varias instituciones, como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH), que pedirá a la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás que presente de forma inmediata una denuncia contra la FNFF por un delito de odio, y que reclama a la Xunta de Galicia que recupere para el Concello de Sada la gestión de las visitas al pazo de Meirás, aunque Patrimonio ha respondido que no tiene competencias para ello. La Voz de Galicia ha consultado a varios juristas sobre si es posible la ilegalización de la Fundación por dicho delito de odio y cuál debe ser el papel de la Xunta en la gestión del pazo.
¿Es posible ilegalizar la Fundación Franco?
La abogada penalista Beatriz Núñez cree que «existen fórmulas para ilegalizar la fundación». Recurre al Código Penal para citar el artículo 607, que condena la difusión de ideas o doctrinas que justifiquen delitos de genocidio, y el 510, que condena conductas que nieguen, trivialicen o enaltezcan los delitos de genocidio. Según la letrada, estos artículos podrían ser «un punto de partida para buscar la ilegalización». En esta línea argumenta también Fernando Vázquez Portomeñe, director del Instituto de Criminoloxía de la Universidade de Santiago, que está convencido de que existen grietas, «incluso bocas legales» por las que se puede intentar la ilegalización. La clave, según el experto, está en la interpretación de lo que es apología del fascismo. Con todo, «si la fundación fuera un partido político no se podría ilegalizar», sostiene Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidade de Santiago, que recuerda: «No es posible condenar a nadie simplemente por su ideología».
¿Qué circunstancias tendrían que darse para la ilegalización?
Solo sería posible en el supuesto de que las palabras de la FNFF se interpretasen como un caso claro de «apología de la violencia o defensa de la propia figura de Franco», asegura Blanco Valdés. Por su parte, la letrada Beatriz Núñez apuesta por un «cambio legislativo y jurisprudencial que esclarezca la norma penal como sucede en otros países», y por dejar claro que la apología del fascismo «es un delito, algo que ahora mismo no está penado en España, a diferencia de lo que sucede en Alemania o Italia». Y Vázquez Portomeñe asegura que una denuncia contra la fundación por este motivo «puede ser interpretado como un atentado contra la libertad de expresión». Portomeñe es claro: «Habría que forzar la reacción de la Fiscalía para que investigase el asunto» puesto que para que se investigue, «antes hay denunciar».
¿Dónde termina la libertad de expresión y empieza el delito?
Los expertos aseguran que depende únicamente de la interpretación que se haga de la ley.
¿Puede la Xunta cambiar la gestión de las visitas al pazo de Meirás?
«Estamos hablando de una propiedad privada. Por tanto, se descarta la gestión pública», comenta Roberto Blanco Valdés. «Otra cosa sería si se planteara una expropiación», deja caer el catedrático. Valdés carga las tintas sobre «la falta de moral» de la familia Franco y de su fundación, pero estima que la Xunta hace lo que legalmente puede hacer. El papel de la Xunta lo marca la legislación, según Beatriz Núñez, pero la penalista cree que el Gobierno gallego podría «implicarse más, sobre todo a nivel político», buscando «mediar» entre el Concello de Sada y la familia Franco, propietaria del pazo. «La Xunta está dentro de los márgenes de sus competencias», aporta Vázquez Portomeñe.