Aláez reclama actas de las reuniones donde se trató la advertencia y toda la documentación asociada. El presidente de la operadora dice que la cúpula conoció el aviso hace un mes
17 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Justicia exprés. Poco más de 24 horas tardó el juez que instruye el caso Alvia en reaccionar tras recibir y estudiar la documentación entregada por el abogado del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois. En ese tiempo récord no tuvo problemas para reconocer la importancia para la causa de un informe en el que se advierte «de la insuficiencia de la señalización para prevenir un accidente [...] como el ocurrido el pasado 24 de julio y se propone la adopción de medidas para aminorar o eliminar el riesgo». Este resumen de la alerta que José Ramón Iglesias Mazaira envió a su superior inmediato el 26 de diciembre del 2011 está contenido en el escueto auto que el juez Luis Aláez dictó ayer para reclamar a Renfe toda la información y documentación relacionada con ese aviso. Y les da un plazo ciertamente escaso: solo tres días.
El magistrado hace suyas las peticiones de la defensa del maquinista, que le comunicó la existencia de una serie de reuniones en las que se trataron las anomalías que denunciaba Iglesias Mazaira. Incluso se levantaron actas de estos encuentros. Aláez reclama ahora esos documentos, así como los estudios, informes, avisos y notas que «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático» tuviera alguna relación con el recorrido administrativo del correo electrónico.
Con esta petición se pone en marcha una primera investigación para desmadejar el itinerario del correo electrónico: a qué cargos llegó, cómo se trató y, finalmente, por qué no se atendió. O más exactamente: por qué solo se atendió una parte, la referida a las frenadas de urgencia que provocaba el paso por la transición del sistema más seguro (ERTMS) al modo ASFA, algo que quizás afectaba más directamente a la explotación comercial.
El presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, ya declaró ayer preventivamente a la agencia Efe que la cúpula de su empresa no tuvo conocimiento de ese informe hasta diciembre pasado, «dos años después de la emisión del mismo», recalcó. Diversas fuentes comentaron a La Voz que el superior inmediato del maquinista jefe, José Luis Rodríguez Vilariño, sí tramitó el informe. Ayer otra persona de su entorno añadía: «No se lo guardó». Hay que tener en cuenta que Rodríguez Vilariño, tras la reorganización de Renfe en Galicia, es algo más que un coordinador de maquinistas y ha asumido la jefatura de Operaciones, un cargo que solo está un escalón por debajo de la gerencia territorial. En este sentido, personas relacionadas con las empresas ferroviarias contradecían la afirmación de que el informe había llegado a Madrid. «Probablemente se quedó en el ámbito gallego o del noroeste», dicen. También coinciden en que quizás no traspasó los muros de Renfe hacia el ADIF.
Colaboración
El presidente de Renfe se ofreció ayer a colaborar con la Justicia y a aportar «toda la documentación requerida». Fuentes del proceso judicial están convencidas de que, una vez recibida, las partes pedirán que declaren tanto al autor del informe como al primer receptor del aviso -muy probablemente en calidad de testigos-, así como las personas que aparezcan relacionadas con esta información en la documentación que aporte Renfe.