Sobre la estación de San Cibrao, en Cervo, se alza una enorme promoción urbanística proyectada para 500 viviendas. Antes de que pasara lo que pasó, se vendieron unas doscientas. A finales del 2007, la Xunta mandó parar y, hasta hoy. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se enciende cuando habla del asunto: «Esto foi todo político, unha actuación case, case ilegal», dice. En realidad, el exhorto de la Xunta que paró la obra por discutir la catalogación del suelo no llegó al contencioso, pero tuvo enredada a la empresa lo suficiente como para que le cayera encima un concurso de acreedores, del que llegó a salir. Muchos de los que ya habían comprado se ratificaron en su decisión, pero la entidad financiera ahora ya no lo ve tan claro y mantiene el proyecto en el congelador.
«O problema o ten agora o concello, con ese esqueleto aí», dice el alcalde. Al menos que se acabe lo que hay, pide. Pero no parece que el asunto se vaya a resolver a corto plazo. La semana pasada, unos operarios acabaron de cerrar la enorme finca para evitar robos u ocupaciones. La caseta de ventas muestra ya un solo número de teléfono, junto a las marcas de otro cuyas pegatinas han sido levantadas: «No, no. Este número pertenece ahora a otra empresa», contestan.
Muy probablemente, el tercero de los edificios previstos ya no se levantará y las 500 viviendas se quedarán en bastantes menos. Lo que se preguntan en el pueblo es si algún día llegará a entregarse alguna.