En el 2004, los socialistas votaron en el pleno a favor de «La Coruña», y los populares ?se abstuvieron. La Xunta de Fraga se opuso y obligó a utilizar solo la forma gallega
07 oct 2009 . Actualizado a las 02:20 h.Más de 26 años después de que 66 de los 75 diputados del Parlamento autónomo aprobaran la Lei de Normalización Lingüística, el conflicto de la cooficialidad del topónimo coruñés sigue al rojo vivo. Fue el PP, liderado por Manuel Fraga, el que impuso el rodillo en el cumplimiento de la norma. Y el PSOE coruñés se atrincheró detrás de la bandera levantada por el entonces regidor, Francisco Vázquez, en defensa de la singularidad coruñesa.
El campo de batalla se trasladó a los tribunales. Y la ele cosechó revés tras revés. En 1994 fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que decretó la oficialidad exclusiva de la versión en gallego. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, aunque los socialistas coruñeses nunca acabaron de acatarlo.
En el año 2004, el ahora embajador en el Vaticano buscó un resquicio legal para lograr la autorización de la fórmula toponímica en castellano: la Ley de Grandes Ciudades.
En el transcurso del pleno municipal celebrado el 2 de noviembre del 2004, con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP local, que lideraba Fernando Rodríguez Corcoba -a pesar de que lucía, junto con el resto de ediles de su grupo, una camiseta con una L de grandes dimensiones- y la rotunda negativa del BNG, se aprobó una declaración en la que se reconocía que «el nombre del municipio y el de su capitalidad serán, a todos los efectos, en gallego A Coruña y en castellano La Coruña». También se autorizaba al Ayuntamiento a utilizar conjunta o indistintamente, «sin ninguna cortapisa», ambas designaciones en toda su papelería oficial y cartelería, según la iniciativa que en aquella sesión defendió el portavoz socialista -que hoy es el alcalde-, Javier Losada.
Batalla jurídica
Pero la Xunta, que seguía siendo dirigida por el PP de Manuel Fraga, optó por presentar batalla contra el acuerdo aprobado en pleno. Fue Xesús Palmou, que en aquel entonces era el conselleiro de Xustiza, Interior e Administración Local, el que interpuso un recurso contencioso contra el dictamen aprobado en el pleno coruñés para «repór a legalidade». La razón era «anular o acordo adoptado en pleno por un órgano manifestamente incompetente, con exceso das súas funcións e con afectación ás da Xunta de Galicia».
Asimismo, la Consellería de Xustiza, en su dictamen previo, estimaba que el acuerdo plenario que ahora reclama el PP se había adoptado entonces «prescindindo absolutamente do procedemento legalmente establecido para o cambio de denominación do municipio, que non é outro que o previsto nos artigos 48, 49 e 50 da Lei de Administración Local de Galicia».
Los argumentos de la Xunta fueron atendidos primero por un juzgado de lo contencioso el 15 de septiembre del 2005, que aseguró que «non hai motivos para volver a reexaminar» el nombre de la ciudad y acusó al Ayuntamiento de «non respectar» o procedemento, además de añadir que «non é de recibo» la explicación del Concello que pretendía normalizar el uso de las dos formas del topónimo, tanto en gallego como en castellano, según la argumentación jurídica esgrimida por los abogados que defendían la postura del gobierno municipal en este caso.