Las entidades bancarias se han agarrado como a un clavo ardiendo a la sentencia dictada en mayo por el Supremo. Lógico porque, a pesar de que se difundió como un triunfo absoluto de los consumidores, lo cierto es que estableció unos efectos jurídicos atípicos y excepcionales que fueron celebrados en petit comité por las entidades. Y es que suponía, haciendo un símil, el efecto más deseado para un defraudador pillado con las manos en la masa, el efecto borrón y cuenta nueva. Es decir, como me habéis pillado la trampa, dejaré de utilizarla, pero no penséis que os voy a devolver el dinero que os he birlado. Resultando que, de nuevo, las beneficiadas serían paradójicamente las mismas entidades bancarias destinatarias de la mayoría de ayudas públicas por la crisis. Las mismas que han realizado constatadas prácticas irregulares en la comercialización de productos. Y las mismas, cuyos dirigentes están procesados o han puesto pies en polvorosa viendo la que se avecinaba marchándose, eso sí, con los bolsillos bien llenos. La práctica ilícita fue la siguiente: en sus hipotecas se ofertaron tipos de interés variable referenciados al euríbor con diferenciales muy bajos. Sin embargo, la información de la que disponían sobre la tendencia que experimentaría el euríbor les hizo cubrirse las espaldas y así algunas entidades, no todas, impusieron de forma silenciosa y encubierta un límite a los intereses que se habían negociado. El reclamo de interesantes condiciones que ofertaban en grandes paneles publicitarios se tornó en una quimera en la mayoría de los casos. Los tribunales mercantiles de Pontevedra y de otras provincias están confirmando la tesis que muchos abogados defendíamos en procesos ya en curso con anterioridad a la sentencia del Supremo, y están reconociendo el carácter retroactivo de la nulidad de esa cláusula suelo, obligando a las entidades a devolver todo el dinero indebidamente cobrado desde el primer día.