El plazo para avanzar en la demolición del edificio Atocha termina a mediados de junio
FERROL
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que estima «íntegramente el recurso interpuesto contra actos presuntos del Concello de Pontedeume sobre inactividad» en relación con el «Decreto de demolición aprobado por la misma Administración local» en torno al edificio Atocha, obliga al Ayuntamiento a ejecutar su derribo parcial antes de mediados de junio, dos meses después de la notificación oficial, que se produjo aproximadamente en abril.
En el supuesto de que no se llevase a cabo, la parte demandante, es decir, el vecino que se considera afectado por el supuesto exceso de volumen del inmueble, exigirá «la ejecución forzosa» de este expediente de reposición de la legalidad urbanística.
«Considero que mi cliente en estos momentos está tutelado por el Tribunal Superior de Xustiza», explica el abogado del demandante, Ulises Bértolo García, quien añade: «Por lo que, si el Concello no ejecuta la sentencia de manera voluntaria dentro del plazo de dos meses, pediremos la ejecución forzosa. Si continúa el incumplimiento la persona responsable en el Ayuntamiento se expone a multas cohercitivas y, en último caso, el asunto podría ser remitido al Fiscal por desobediencia a la autoridad».
En este sentido, el letrado recalca que para llevar a cabo la sentencia, «el Concello debe demostrar algo más que mover papeles, porque la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza del 5 de febrero (que fue remitida en abril al Ayuntamiento) reconoce que desde 1991, cuando el mismo tribunal ratificó un exceso de volumen en la construcción, además de otras deficiencias por las que no se adaptaba a la licencia municipal concedida, la Administración local no ha hecho nada para solventar este problema».
«El Concello -indica Bértolo García- comienza una inercia administrativa en la que trata de legalizar algunas partes del edificio Atocha, pero renuncia a ejecutar el grueso de la sentencia de 1991, que se refiere al volumen perimetral del mismo y que es el que está restando luminosidad a los vecinos de los inmuebles colindantes. A todas luces incumple el plan histórico del centro de Pontedeume».
Por otro lado, las arcas municipales serán las encargadas de costear los trabajos de demolición de la parte del edificio que exceda lo recogido en la licencia municipal, un hecho que el constructor niega.