El independentismo habla de 3.000 represaliados del «procés» entre condenados, procesados, imputados y juzgados
24 jun 2021 . Actualizado a las 09:33 h.Tras los indultos, la siguiente pantalla para el independentismo, además de la resolución del estatus judicial de Carles Puigdemont, se llama amnistía. El Gobierno recuerda que no cabe en el ordenamiento jurídico, pero los secesionistas reclaman una ley como la de 1977 para dar una respuesta a los más de 3.000 represaliados, según las cuentas de ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium, víctimas del procés, que otras fuentes elevan a más de 3.300 personas.
En esa lista se incluye a los condenados por el Tribunal Supremo, ahora indultados, los fugados Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín, Anna Gabriel, Marta Rovira y hasta el rapero Valtonyc. También figuran, por ejemplo, la inhabilitación de Quim Torra, las decenas de personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, los más de 700 alcaldes imputados, condenados o procesados por colaborar con la organización del referendo ilegal del 1-O, así como la anterior cúpula de los Mossos, juzgada y absuelta por la Audiencia Nacional, o los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán que fueron condenados por desobediencia, los integrantes de la sindicatura electoral del 1-O y los más de 700 ciudadanos investigados en diferentes causas relacionadas con el procés, ya sean activistas de los CDR en las protestas o en las acciones de Tsunami Democràtic.
«Mapa de la represión»
En lo que Òmnium Cultural llama el «mapa de la represión» incluye también las mil personas que resultaron heridas el 1-O (la mayoría leves) y las cerca de 400 que también sufrieron daños en los enfrentamientos con la policía en las protestas que se produjeron como respuesta a la sentencia del procés, en el 2019.
El último caso judicial relacionado con el desafío secesionista es el del exconsejero de Interior durante el mandato de Torra, Miquel Buch.
La Fiscalía pide seis años de prisión para él por facilitar escolta de los Mossos a Puigdemont durante su huida a Bruselas. Está acusado de prevaricación y malversación.
La segunda línea
Aún queda pendiente además la macro causa instruida por el juzgado número 13 de Barcelona, el primero que empezó a investigar penalmente el referendo ilegal del 1-O. En este proceso serán juzgadas en la Audiencia de Barcelona 29 personas. La mayoría eran altos cargos del Gobierno catalán durante los hechos de octubre del 2017. Son la segunda línea del Ejecutivo, colaboradores estrechos de los consejeros, desde directores generales, secretarios generales o incluso responsables de los medios de comunicación públicos. Se sentarán en el banquillo por malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, acusados de participar en los preparativos del 1- O. Entre ellos está la actual consejera de Cultura, Natalia Garriga.
Están cerca de juicio también dos diputados de ERC, Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en octubre del 2017. Jové preside el grupo republicano en el Parlamento catalán y es uno de los pesos pesados de ERC. Están procesados por el Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.