PP y C's acusan a Sánchez de abuso de poder por modificar leyes por decreto

El Gobierno pospone el techo de gasto hasta suprimir la capacidad de veto del Senado

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Madrid / La Voz

Un atentado contra Montesquieu y su separación de poderes y, en consecuencia, todo un ataque a los cimientos de la democracia. Así es como califican desde el PP y Ciudadanos las últimas acciones de Pedro Sánchez. La mayoría de estas críticas se dirigen contra un supuesto apego del Ejecutivo por recurrir al decreto ley para gobernar obviando que está previsto solo para casos de urgente necesidad. Los dos casos más polémicos han llegado a lo largo de esta semana. El primero, con el anuncio de Moncloa de que abrazará este recurso para blindarse jurídicamente ante un posible chaparrón de reclamaciones por la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Pero más ruido está generando incluso el segundo, que llega tras el acuerdo alcanzado a última hora del miércoles entre el PSOE y Podemos para modificar de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de que la senda de consolidación fiscal y el techo de gasto presupuestario no tengan que pasar por el Senado, en donde el PP disfruta de una holgada mayoría que le da de hecho poder de veto.

«Quieren cargarse el reparto y separación de poderes en España; vulnerar la base democrática de contrapesos entre el ejecutivo y legislativo», denunció Pablo Casado ayer en una visita a Mahón (Menorca). El presidente de los populares se mostró especialmente duro con Sánchez en relación a su intento de que la senda del déficit sortee el control del Senado, y exigió al jefe del Ejecutivo que «deje de ser rehén de las políticas fracasadas de la izquierda radical, que destrozaron la economía, por ejemplo asesorando a Venezuela».

C's insiste con las elecciones

En términos muy similares se manifestaron desde la otra fuerza en la oposición. «Es un atentado contra la democracia», clamó el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que no desaprovechó la oportunidad para invitar a Sánchez a convocar elecciones, una constante desde el mismo momento en el que cuajó su moción de censura contra Rajoy. «Si no está cómodo con las mayorías en el Congreso y en el Senado, lo que tiene que hacer es convocar elecciones», dijo Villegas, acusando al Gobierno de modificar las leyes a golpe de «decretazos», obligados por su minoría parlamentaria.

También en la misma línea de Génova, desde Ciudadanos acusan al presidente del Gobierno de verse en la obligación de pagar «la hipoteca» que adquirió en su día con las formaciones independentistas y con Podemos a cambio de los votos que le permitieron acceder al poder.

Moncloa se defiende

Desde la Moncloa se defienden negando cualquier abuso. Fuentes autorizadas informaron que el decreto ley es un recurso del que «han hecho uso todos los Gobiernos», y que precisamente el liderado por Rajoy resultó ser «el más prolífico». Además, no entienden esta repentina demonización contra esta figura jurídica, cuando ven «habitual que en los primeros meses de un Gobierno se aprueben muchos» para «poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas».

Por otra parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, defendió la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el argumento de que la facultad de veto del Senado es una anomalía «antidemocrática» de esa ley introducida por Rajoy en el 2012. Y no solo modificará la ley. También la incumple, ya que ha decidido posponer la aprobación de la senda de déficit, que el Consejo de Ministros debería enviar hoy al Congreso. La Ley de Estabilidad Presupuestaria da un plazo de un mes al Gobierno para presentar una nueva propuesta a las Cortes si fracasa la primera, lo que ocurrió el 27 de julio. El Gobierno ha decidido aprobar primero la modificación de la Ley de Estabilidad, para lo que aún estudia la fórmula, y solo después reiniciar el proceso de aprobación de los objetivos de déficit y el techo de gasto.

Principio de acuerdo para actualizar las pensiones al IPC

Además del acuerdo para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y eliminar la capacidad de veto del Senado, en la reunión del Gobierno con Unidos Podemos se avanzó, según Pablo Echenique, en un principio de acuerdo para eliminar el copago farmacéutico y para actualizar las pensiones del 2018 y del 2019 conforme al IPC. Para el 2018, este acuerdo supondría el abono de una paga única a comienzos del próximo año que compense la desviación de la subida de las pensiones respecto a la inflación; y para el 2019 se incluiría ya en los nuevos Presupuestos.

El PSOE apuesta por exhumar a Franco a escondidas

F. B.
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Los socialistas son partidarios de hacerlo sin informar del día concreto con el objetivo de evitar protestas

El Gobierno, en boca de su ministro de Cultura, José Guirao, admitió que se blindaría con un decreto ley para proceder a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y evitar así problemas en los tribunales relacionados con eventuales reclamaciones. Pero los líos pueden proceder no solo de los juzgados. En el PSOE son conscientes de que la medida que está impulsando el Gobierno puede generar mucha polémica entre un muy minoritario pero también muy ruidoso sector de la población que añora el régimen franquista, pudiendo generarse así un colapso de la zona el día que finalmente se proceda a retirar los restos del dictador, nunca antes de finales de septiembre. Por ello, la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, se mostró ayer partidaria de llevar a cabo la exhumación sin informar del día concreto en el que tendrán lugar los trabajos con el objetivo de evitar protestas. «Con mucha prudencia y sin alharacas, sin informar del día concreto», apuntó en Telecinco la número dos de Ferraz. «Es mi opinión», añadió posteriormente, asegurando desconocer por completo cómo y cuando se procedería finalmente a la retirada de los restos del dictador. Lastra defendió la vía del decreto ley al considerar que la actuación reviste urgencia porque «lleva 43 años de retraso».

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