La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la vista del contenido del auto del Tribunal Supremo del 2 de febrero, hecho público el pasado martes, en relación con el magistrado Baltasar Garzón y la licencia por estudios que disfrutó en la ciudad de Nueva York, ha acordado la apertura de nuevas diligencias informativas al objeto de esclarecer los hechos que se denuncian. A las diligencias se incorporará la documentación que sea remitida por el alto tribunal.
El mismo órgano de gobierno de los jueces acaba de cerrar otras diligencias sobre el mismo tema, abiertas tras la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por el abogado alicantino firmante de la querella que fue archivada por el aludido auto del Tribunal Supremo.
Fuentes del CGPJ han precisado que no se trata de un expediente disciplinario y que a la vista de la documentación, la comisión propondrá el archivo de la causa o la apertura de expediente disciplinario a Garzón.
El propio juez desmintió ayer que haya tratado de ocultar las cifras que percibió como profesor en Nueva York. Fuentes cercanas al magistrado han desmentido rotundamente que actuara con mala fe o con afán de ocultar al CGPJ información sobre sus retribuciones. Estas fuentes aseguran que si hubiera tenido intención de no informar de sus retribuciones no habría declarado a Hacienda, tanto en EE.?UU. como en España, tal y como hizo.
En relación con la cuantía de estas percepciones, el entorno del juez explicó que ascendieron a 4.500 euros netos al mes, una cantidad, según estas fuentes, «muy inferior a la media que perciben los profesores americanos».
Profesor investigador
A este respecto, puntualizaron que Garzón tenía en la Universidad de Nueva York el estatus de profesor investigador, por lo que no daba clases magistrales a lo largo de toda la semana sino conferencias magistrales en el marco de un curso de posgrado y con el objetivo de desarrollar un proyecto de investigación.
Otras fuentes conocedoras del tema explicaron que la información sobre sus ingresos que analizó el Tribunal Supremo y de la que se ha acordado deducir testimonio para remitírsela al CGPJ fue facilitada por el propio Garzón.
Estas mismas fuentes apuntaron que el problema suscitado en el auto de Luciano Varela pudiera tener su origen en que Garzón pidió en su día al Consejo General del Poder Judicial licencia por docencia, sin precisar emolumentos y que, presumiblemente por error, se la concedieron por estudios, lo que le daba derecho a seguir cobrando el sueldo base, sin complementos tales como el de destino y el de peligrosidad. Por todo ello, el problema no sería de orden disciplinario, sino administrativo. De ser así, la cuestión se zanjaría, en el peor de los casos, con una devolución de las cantidades cobradas en España.
En medios jurídicos ajenos a la polémica suscitada por el auto del Tribunal Supremo se ha acogido con sorpresa la decisión adoptada ayer por la comisión disciplinaria del Consejo y no se descarta la hipótesis de que todo este asunto tenga un trasfondo político.
Se razona al respecto que la única finalidad práctica de esa decisión sería la de armarse de argumentos ante un hipotético pacto político para darle al magistrado la presidencia de la Audiencia Nacional.