Yolanda Díaz carga contra Garamendi: «Gana 23 veces el salario mínimo»
ECONOMÍA
Anuncia la negociación inminente del plan para «democratizar» las empresas
17 feb 2026 . Actualizado a las 13:19 h.La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este martes al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, «prudencia, responsabilidad y empatía» con los trabajadores, pues «gana 23 veces el salario mínimo interprofesional». Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha afirmado compartir las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando a los empresarios a subir los salarios en convenio de manera generalizada y, en este sentido, ha señalado que hay margen de sobra para elevar los sueldos en España. «Hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Es que el país va bien, que está creciendo al 2,8 %, con unos márgenes empresariales brutales [...] Bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora», ha insistido Díaz. La ministra ha apuntado que hay «un montón» de salarios intermedios que tienen que subir, pues la mediana salarial en España es de 1.668 euros al mes. «Esto no es un salario digno. El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente del Gobierno, paguen más [...] Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país más pobre y más ineficiente económicamente», ha advertido. Además, ha argumentado que la participación de los salarios en la renta nacional ha bajado más de 12 puntos desde los años 80, hasta situarse en el entorno del 58 %, y que España presenta una diferencia negativa con la UE en términos salariales de 25 puntos. «Lo que tenemos que decirle a los empresarios es ¿quieren ellos ser europeos o no? El Gobierno de España, sí», ha enfatizado la ministra.
Díaz ha vuelto a decir que, pese a todas las «batallas» que ha librado el Ministerio de Trabajo dentro del Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «siempre se ha posicionado en el lado de la defensa de los trabajadores». «Es una evidencia y una obviedad que las normas que hoy están aprobadas y que hacen que España sea un país mejor, si el presidente del Gobierno se colocara en otra posición, no verían la luz», ha apuntado.
Democratizar las empresas
En otro orden de cosas, la ministra ha avanzado que en unos 15 días el diálogo social iniciará las negociaciones para emprender las reformas pertinentes con el objetivo de llevar la democracia en las empresas «por primera vez» desde la aprobación de la Constitución Española. «Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de co decisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas», ha expuesto Díaz en rueda de prensa tras llevar el informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo a Consejo de Ministros. El Ministerio de Trabajo quiere desplegar el artículo 129.2 de la Constitución Española y dar voz a la gente trabajadora en las decisiones de las empresas, así como permitir la participación en la propiedad de los trabajadores, para lo que la ministra ya ha avanzado que impulsará una ley.
El informe, presentado a principios de febrero por el grupo de expertos de Díaz, plantea que los trabajadores tengan un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 personas trabajadoras. Para que los trabajadores participen más en la propiedad, el informe propone umbrales mínimos con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores al menos de 2 % y con un mínimo del 10 % en grandes corporaciones. «No queremos con este proyecto de país cooperativizar las empresas mercantiles, lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante», ha expuesto Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La titular de Trabajo ha recalcado que el 10 % más rico concentra el 86 % de los fondos empresariales. «Es un modelo, en términos democráticos, profundamente injusto. Lo que pretendemos es la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de época». En esta línea, Díaz ha recalcado que en diez años se va a perder un tercio del tejido productivo de las pymes y los trabajadores autónomos y, con esta reforma, se busca entregar la propiedad de las empresas a los trabajadores para no perder ese tejido productivo «clave» para España.
Asimismo, ha indicado que el informe aborda los «retos de época» como son la emergencia climática, la inteligencia artificial y la generativa, para lo que se plantea que los comités de empresa formen parte del diseño de la estrategia, de la deliberación y de la negociación colectiva con un comité asesor específico para esta materia, así como otras cuestiones en relación a los derechos humanos, ambientales y democráticos. «Incorporamos también algo que es muy importante para las economías sólidas y robustas, que son los fondos ciudadanos. En definitiva, algo que se está debatiendo en Europa, que es que podamos salvar empresas a través de la gente trabajadora, de los vecinos afectados o de los lugares en los que corran riesgos de deslocalizar estas empresas. Creo que esto es absolutamente necesario en España, va de democracia», ha concluido.
Sistema de recompensas
La Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo han planteado un sistema para evaluar el grado de democracia en el trabajo a través de un índice de desarrollo democrático corporativo basado en dos escalas que miden el acceso a la voz y propiedad de los trabajadores en las compañías. De esta manera, cada empresa recibirá una calificación en cada una de las dos escalas (voz y propiedad) y dicha calificación servirá de mecanismo de incentivos «tipos bonus/malus» diseñado para recompensar niveles superiores de acceso y desalentar niveles inferiores.
Así, según se recoge en la propuesta, las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza podrían ser recompensadas con tipos impositivos reducidos y prioridad en la contratación pública. Por contra, las empresas que mantengan modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costes que actualmente externalizan a los poderes públicos. «A nivel empresarial, las empresas avanzarán a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad. En pocos años los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos vinculados con una adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En 10 años, la economía española progresará de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales», ha añadido.
Los expertos proponen también, entre otras cuestiones, fortalecer las normas de los comités de empresa, en particular en lo que se refiere a los derechos de información y consulta, un nuevo derecho de los comités de empresa a configurar y dar su consentimiento a la Inteligencia Artificial (IA), introducir a las personas trabajadoras en los consejos de administración con umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla y nuevos umbrales mínimos para el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad.