Seguirá al timón de Transición Ecológica, desde donde ha capeado la crisis energética y forzado el despliegue de la eólica en la comunidad
20 nov 2023 . Actualizado a las 17:29 h.Si hay un trabajo arduo en estos momentos en el Gobierno español ese es el que desempeña Teresa Ribera, quien seguirá al frente de la cartera de Transición Ecológica.
Accedió a ella el 7 de junio de 2018. Pedro Sánchez le encomendó por esas fechas una doble tarea difícil de acompasar: cumplir la hoja de ruta climática y poner en marcha la reconversión energética de la economía. Dos objetivos en continua fricción.
Otro socialista, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya había confiado en ella al otorgarle las llaves de la Secretaría de Estado para el Cambio Climático (2008-2011) por la larga experiencia que atesora en la materia.
La llegada al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el 2011 supuso su destierro a la dirección del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. Hasta el 2018. El éxito de la moción censura contra el popular le valió un billete directo a la Moncloa. Por esas fechas, nadie sospechaba que tendría que hacer frente a una crisis energética feroz y al acelerón en el calendario de descarbonización de la economía.
Derogación del «impuesto al sol»
Una de las primeras medidas que adoptó al desembarcar en su despacho fue acabar con el polémico «impuesto al sol», introducido en octubre del 2015 para cobrar a los hogares por la energía generada y consumida en sus propias instalaciones. «Por fin este país se libra del gran absurdo», celebraba en la presentación del nuevo reglamento para el fomento del autoconsumo. Un terreno en el que España, potencia solar en la UE, iba rezagada. Cinco años después de su eliminación, Galicia está experimentando un bum en el despliegue de estas instalaciones que pueden triplicar el ahorro de los hogares en la factura de la luz, si bien es cierto que lo ha hecho forzada por los acontecimientos y a caballo de la mayor crisis energética que ha experimentado Europa en los tiempos modernos.
A pesar de los ambiciosos cometidos que le fueron encargados, Ribera también asumió en abril del 2020 el plan de desescalada de la pandemia, que culminó con el desconfinamiento de la población, atrincherada desde mediados de marzo en sus casas, a resguardo del covid-19.
El «tarifazo eléctrico»
La gran prueba de fuego para la ministra llegó el 1 de junio del 2021, cuando se coló en las casas el tarifazo eléctrico. Los cambios en la factura de la luz obligaron a las familias a cambiar radicalmente sus hábitos para evitar que se disparara el recibo en las horas de más demanda. Las lavadoras de los españoles comenzaron a funcionar de madrugada, las planchas a media tarde, en horario de oficina...Y ni eso evitó que los recibos se dispararan. Eso sí, consiguió algo inaudito: que los ciudadanos se interesaran por aprender a leer la factura de la luz y a distinguir entre el mercado regulado y el mercado libre.
Fue precisamente la evolución dispar de los precios en el primero (expuesto a los vaivenes diarios) lo que elevó la tensión entre Ribera y una de las figuras más reconocibles del sector: Ignacio Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola catalogó de «tontos» a los consumidores del mercado regulado y Ribera no se ahorró la réplica: «Me produjo un profundo bochorno».
Sus fricciones con las energéticas han continuado desde entonces y arreciaron cuando el Ejecutivo decidió introducir el impuesto temporal sobre sus beneficios extraordinarios, un gravamen que Ribera respaldó y que fue recurrido ante los tribunales por las compañías, que abonaron este año 817,4 millones de euros.
Sensatez ante la crisis energética
Ribera ha demostrado ser una de las escuderas infalibles para Pedro Sánchez, un activo imprescindible no solo en España, también en la UE. Hasta Bruselas fue a negociar la llamada «excepción ibérica», el mecanismo que permitió apaciguar el fuego en el mercado mayorista de la electricidad, imponiendo un tope al gas.
No fue un camino fácil para su equipo. Tuvo que superar las reservas de muchos socios comunitarios y de la propia comisaria de Energía, Kadri Simson, a la que la crisis energética cogió con el pie cambiado y se resistió a tomar acciones. Ribera hizo un diagnóstico certero desde el inicio y propuso recetas que, a la postre, fueron moldeando la respuesta europea. Hubo que esperar, eso sí, a que la crisis de precios golpease a la industria alemana para ver a Bruselas reaccionar. Por eso, capeado el temporal, Ribera ha capitaneado las últimas negociaciones para la reforma del mercado eléctrico.
Mucho más polémica ha sido su férrea defensa del apagón nuclear. Siempre se ha mostrado implacable con el actual calendario de cierre de las centrales en España, a pesar de que la crisis energética evidenció que el país necesitaba una fuente de generación de respaldo ante la intermitencia de las renovables.
En el verano del 2021, con los precios de la electricidad tocando el cielo a causa de la cotización del gas, los pantanos gallegos se vaciaron. El equipo de Ribera volvió a poner los ojos sobre las eléctricas y abrió expedientes informativos a Iberdrola y a Naturgy por el aprovechamiento hidroeléctrico de cuatro embalses de la comunidad.
Enfrentamientos con Galicia por la eólica, la ordenación de la costa y la pesca
Las relaciones entre Ribera y el Ejecutivo gallego han sido siempre tensas y la principal fuente de problemas ha tenido como protagonista al sector eólico. La negativa de la ministra a finales del 2022 a prorrogar licencias de acceso a la red a decenas de parques proyectados en la comunidad por un valor de 2.500 millones de euros, forzó al Gobierno gallego a tramitar en tiempo récord la mayoría de los expedientes que llevaban, en algunos casos, años de retraso.
Sin duda, supuso un acelerón crucial para acelerar los procedimientos por vía de urgencia ante las necesidades de renovables que han manifestado las industrias (nuevas y las ya asentadas) de cara a los próximos años. Sin embargo, la prisas para cumplir con el calendario de la ministra tropezaron con la Justicia gallega, que ha puesto en el último año freno al despliegue del eólico, amenazando inversiones industriales por 6.300 millones de euros y obligando a la Xunta a buscar fórmulas para solventar la paralización judicial.
Todavía queda en el aire la ansiada revisión de la Planificación Eléctrica 2021-2026 que Galicia ha reclamado para poder contar con cuatro nuevas subestaciones eléctricas, cruciales para la distribución de energía entre las industrias que se quieren asentar en el territorio.
El segundo frente abierto que tiene por delante Ribera es poner solución a la crisis abierta por la gestión de la costa. La ley del litoral gallega, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y su ministerio ha hecho una interpretación tan restrictiva de la Ley de Costas, que ha puesto en peligro la continuidad de muchas industrias a pie de mar que necesitan esa ubicación para seguir desempeñando su actividad. De hecho, se estima que 4.000 edificaciones (232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de mariscos y otras tantas gasolineras, 11 mercados municipales y 10 centros de salud) se verían afectados por las limitaciones en las concesiones de ocupación del espacio público marítimo-terrestre que recoge la ley de cambio climático, la que ha utilizado Ribera para acortar los tiempos de licencia y forzar el desalojo. Esa insistencia en desmantelar la costa ha provocado la rebelión de un buen número de alcaldes, también del partido socialista.
El tercer frente tiene que ver con la batalla que ha plantado a uno de los sectores más tradicionales y batalladores de la comunidad: el pesquero y marisquero. Su ahínco por elevar la protección medioambiental ha puesto en un brete a una parte de la flota con la fijación del cupo a la pesca del marraxo o con la impugnación del plan marisquero gallego. Además, no ha sentado nada bien a los profesionales su planteamiento para desplegar la eólica marina en zonas en las que se pueden ver afectadas sus actividades.